La batalla judicial

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca ha procurado ocultar su deseo de reemplazar a los jueces que no comparten sus ideas por otros que le son afines. En principio, se trata de una aspiración legítima: no sólo aquí sino también en Estados Unidos y otros países democráticos es normal que el mandatario de turno intente privilegiar a juristas cuyas actitudes le parecen correctas, nombrándolos para los cargos más influyentes con la esperanza de que en el futuro incidan en la evolución de la sociedad. Sin embargo, en sectores muy amplios aquí se ha difundido la convicción de que los esfuerzos del gobierno de Cristina por “democratizar” el Poder Judicial no se inspiran en la voluntad comprensible de defender una ideología con la que se siente identificada sino en la necesidad urgente de prepararse para enfrentar desde el llano una cantidad insólita de causas motivadas por las denuncias de corrupción que afectan no sólo a la presidenta misma sino también a muchos funcionarios. Puesto que algunos opositores parecen decididos a impulsar una versión local del operativo “manos limpias” que, veinte años atrás, tantos estragos provocó en las filas de la clase política italiana, puede entenderse que el nerviosismo se haya apoderado de los muchos oficialistas que han sido acusados de enriquecerse ilícitamente en los últimos años. Por cierto, no extraña que, en opinión de virtualmente todos los referentes opositores, los kirchneristas estén menos preocupados por el destino previsible del “modelo” que dicen haber armado que por los riesgos personales que a muchos les aguardarán cuando les llegue la hora de rendir cuentas por lo hecho en el transcurso de la larga “década ganada”. Como no pudo ser de otra manera, el cambio de clima que, para desconcierto de muchos, se hizo sentir el 25 de octubre ha sembrado alarma entre aquellos que tienen motivos para temer lo que podría sucederles en los próximos meses si se hallan en la intemperie. Tienen que apurarse, de ahí el nombramiento, en una sesión exprés de la Cámara de Diputados, de dos miembros de La Cámpora para integrar la Auditoría General de la Nación, el organismo que controla el estado de las cuentas del sector público. Se supone que los nominados, el hasta entonces viceministro de Justicia Julián Álvarez y el presidente del Banco Nación, Juan Forlón, estarán en condiciones de frustrar cualquier intento de investigar lo que ellos mismos hicieron en sus cargos anteriores, además de ayudar a otros militantes camporistas que podrían verse en apuros. Sea como fuere, los indignados por la maniobra que emprendió el Poder Ejecutivo con la colaboración del Legislativo ya están buscando el modo de asegurar que la presencia de los camporistas en la AGN sea lo más breve posible. Puede que no les resulte tan fácil desalojarlos ya que, a diferencia de los kirchneristas, serán reacios a brindar la impresión de estar dispuestos a ir a cualquier extremo para alcanzar sus objetivos, pero confían en poder hacerlo sin violar ninguna ley. La tumultuosa sesión de la cámara baja en la que el oficialismo se las arregló para aprovechar el poder que perderá el 10 de diciembre coincidió con el fallo de la Corte Suprema en contra de la ley de subrogancias según la cual el gobierno podría transformar en jueces a centenares de abogados militantes sin tener que respetar las engorrosas normas exigidas por la Constitución. De acuerdo común, para los kirchneristas se trata de un revés sumamente doloroso que los privará de la protección judicial que esperaban tener aun cuando Daniel Scioli se viera derrotado por Mauricio Macri en la segunda vuelta electoral. El oficialismo confiaba en que, con la ayuda imprescindible de subrogantes ubicados en lugares clave, les sería dado frenar causas tan peligrosas desde su punto de vista como la de Hotesur o las vinculadas con el difícilmente explicable pacto con la República Islámica de Irán. Aunque los kirchneristas no tendrán más alternativa que continuar intentando frustrar los esfuerzos por profundizar las investigaciones judiciales que están en marcha, la resistencia de la Corte Suprema a permitirse doblegar hace prever que, desprovistos del poder político al que se habían acostumbrado, muchos soldados de Cristina no tardarán en encontrarse en graves problemas.