La carrera por el STJ: «No me siento el candidato de la gobernadora», dice Raggio
El abogado de 43 años y funcionario provincial es uno de los postulantes por Bariloche al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Definiciones sobre el servicio de justicia y su relación con Arabela Carreras.
Lorenzo Raggio, es referente de la gobernadora Arabela Carreras y aspira a ocupar una vacante en el STJ. Archivo
Lorenzo Raggio tiene 43 años y se inscribió para postularse a juez del STJ de Río Negro. Dice que su motivación para presentarse se sustenta en más de veinte años de ejercicio de la profesión de abogado. Entre sus credenciales muestra su participación activa desde hace 7 años en el Colegio de Abogados de Bariloche. Está convencido de que hay que “involucrarse desde adentro en las instituciones”.
Afirma que hay un proceso de transformación en el Poder Judicial rionegrino “muy positivo”. “Y quiero participar porque estoy convencido de que puedo aportar a mejorar el acceso a la justicia, a la búsqueda de la solución de conflictos con otra mirada”, sostiene. “Creo que estoy para aportar trabajo, gestión, que la gente que recurra a la justicia tenga respuestas en tiempo oportuno y de calidad”, destaca.
Raggio es un abogado de confianza de la gobernadora Arabela Carreras. De hecho, lo designó gerente del Ente Promotor del Parque Productivo, Tecnológico Industrial de Bariloche. Por eso, en los tribunales locales creen que corre con ventaja.
“No me siento el candidato de la gobernadora” aclara Raggio. “Es cierto que trabajo en un proyecto con la gobernadora, pero mi postulación obedece a mi vocación y mi actuación profesional, a la experiencia y capacidad que he mostrado a lo largo de mi carrera”, aclara.
“No creo sentirme el candidato oficialista”, reitera. “Creo que en esta cuestión que hace a la independencia del Poder Judicial no puede haber candidatos oficialistas o no oficialistas, sino candidatos”.
Independencia judicial
“La independencia judicial es uno de los pilares del Estado democrático de derecho, lo que debe primar sobre todas las decisiones judiciales que se adoptan”, asegura. “Sí pienso que no actúa en desmedro de la independencia judicial, la visión tranversal que se puede tener con el resto de los poderes del Estado para la ejecución de medidas y acciones que tiendan al mejoramiento del servicio de justicia”, asevera.
Dice que su vinculo con la gobernadora no afecta la independencia judicial. “Tengo veinte años de trabajo, una línea de pensamiento, postulo la idea de independencia de poderes, esa visión es uno de los aspectos fundamentales del lugar que pretendo ocupar”, expresa.
Cuando se le pregunta que haría si tuviera que resolver causas que tienen relación con la gobernadora, responde: “No tendría motivos para excusarme”. “En las decisiones judiciales, la independencia del Poder Judicial no puede nunca ponerse en duda”, destaca.
“Creo que hay que priorizar la territorialidad; es importante porque el juez del STJ es delegado de la Tercera Circunscripción Judicial y, por supuesto, la idoneidad, es un presupuesto absoluto”, plantea.
“Me siento idóneo para el cargo, Tengo veinte años de trabajo en la profesión, la versatilidad de mi formación que pasa por la capacidad de generar proyectos”, enfatiza Raggio. Y lo fundamenta en “la versatilidad que me dio el ejercicio de la profesión, mi actuación dentro del Colegio de Abogados, en el derecho público y la formación y experiencia en el desarrollo de un proyecto que incluye el diseño y ejecución de infraestructura, el constante diálogo con los distintos sectores de la sociedad, como el empresariado, el sector tecnológico, y el de los trabajadores”. “Por eso, me siento perfectamente idóneo para el cargo”, afirma.
Dice que el cargo de gerente que desempeña le demanda mucho tiempo, “pero eso no implica que haya suspendido mi actividad como abogado, sigo ejerciendo la profesión”.
Impuesto a las ganancias
Asevera que impuesto a las ganancias “deberían pagarlo todos” los jueces. “No creo que deba hacerse una distinción entre los magistrados y el ciudadano común que paga ganancias por su salario”, expresa.
Opina que está instalado en el inconsciente colectivo que hay un alejamiento entre la justicia y el ciudadano. Plantea que es necesario achicar esa brecha. “Creo que la manera de achicarla es generando inmediatez en el servicio de justicia, celeridad en los procesos judiciales y transparencia en el acceso a la información y a las decisiones judiciales. Esa es mi motivación”, señala.
Dijo que sus 20 años de experiencia como abogado pueden aportar una mirada diferente al STJ. También, “en lo que es la gestión de desarrollo de proyectos, en un rol gerencial dentro del Poder Judicial”.
Además, se pronunció a favor de la contrucción de consensos. Dice que puede aportar “capacidad en el armado de proyectos de infraestructura” que tengan por objetivo acortar la brecha digital que existe. “Todo lo que tiene que ver con el proceso de innovación tecnológica”, sostiene.
Asegura que su idea es trabajar en la pacificación de conflictos. Sostiene que tiene capacidad de gestión en el manejo de recursos humanos y en la conformación de equipos. “Mi principal aporte va a pasar por el diálogo”, manifesta Raggio.
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No comparte la idea de que para ser juez del STJ hay que tener carrera judicial. “Creo que la diversidad de visiones es un pilar fundamental en la integración de un STJ. Tal es así que una de las fortalezas que ha identificado el proceso de conformación del Poder Judicial es la integración de un STJ con personas que vienen de la carrera judicial y quienes vienen del ejercicio privado de la profesión”, apunta.
Entiende que para que haya un mayor y mejor acceso a la justicia “tiene que haber un control ciudadano sobre las decisiones judiciales”.
RÍO NEGRO le preguntó por la causa penal en la que estuvo imputado por un homicidio culposo en Bariloche. Se le atribuyó haber causado la muerte de Juan Carlos Cornejo la tarde del 21 de mayo de 2016, cuando lo embistió con su vehículo en la avenida 12 de Octubre.
Raggio recordó que había sido sobreseído en un primer momento por el juez Ricardo Calcagno, pero la fiscalía apeló porque entendió que era prematura esa decisión.
En febrero de 2018, el juez Bernardo Campana lo sobreseyó de manera definitiva porque hubo un acuerdo pleno entre la fiscal Betiana Cendón, los abogados de la querella y la defensa, en el que surgió un acuerdo entre la compañía de seguros que pagó una suma a modo de reparación a los familiares de la víctima.
“Me sometí como cualquier ciudadano común debe someterse a las decisiones judiciales”, explica. “Se evaluó mi caso como cualquier otro”, afirma.
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