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Lozada propone idoneidad y diálogo con su candidatura al STJ

El fiscal jefe de Bariloche es uno de los cinco postulantes de la cordillera para integrar el máximo tribunal. Dice que no hay obstáculos para que los jueces paguen Ganancias.

“Desde el momento mismo en el que escuché que nuestra gobernadora, Arabela Carreras, sostuvo que la elección del juez o jueza del STJ iba a ser realizada bajo un criterio de idoneidad, tuve la convicción de que estaba en condiciones de aspirar legítimamente a cubrir una de las vacantes”, afirmó el fiscal jefe Martín Lozada.

Son cinco postulantes de Bariloche que se inscribieron para cubrir alguna de las dos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia tras las renuncias de la jueza Adriana Zaratiegui y de su par Enrique Mansilla. Están en carrera la jueza de Familia María Cecilia Criado, el gerente del Ente Promotor del Parque Productivo, Lorenzo Raggio, el secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, Alfredo Romanelli Espil, la abogada Griselda Ingrassia y Lozada.

El fiscal jefe afirmó a RÍO NEGRO que su motivación para postular al cargo surge de 28 años de ejercicio de la labor judicial. “El haber recorrido distintos cargos, todos ganados a través del Consejo de la Magistratura, 11 años de juez penal y 6 de fiscal jefe, por un lado y, por el otro, mi formación académica, mi carácter de doctor en Derecho, mi calidad de catedrático Unesco por la Universidad de Utrech, de los Países Bajos, dos décadas de enseñanza ininterrumpida en la Universidad. Por todo eso consideré y considero que estoy en sintonía con esa idoneidad pretendida para el cargo”, afirmó.

Dijo que le aportaría al STJ “una actitud permanentemente abierta al diálogo, al intercambio de ideas, a la interacción creativa, la gestión y la solución de problemas”. “Y esta actitud permanentemente abierta al diálogo me parece esencial, en tanto es posible considerar a un juez del STJ como una verdadera ‘cadena de transmisión’ entre los distintos sectores que integran una comunidad”, sostuvo.

Estoy en condiciones de contribuir a partir de una atinada aplicación del derecho, sobre la base de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos fundamentales, así como a partir de lo preceptuado por la Constituciones nacional y provincial”, sostuvo.

También, mencionó su vocación “por estar a la altura de los tiempos y de aquellos pasos que entiendo es necesario aprender para que los cambios sociales, por su velocidad y sus exigencias, no superen la capacidad de respuesta de las políticas públicas, y más precisamente de la política judicial”.

“El STJ tiene a su cargo entre otras funciones, el gobierno mismo del Poder Judicial de la provincia, de modo que las dotes técnico jurídicos de un candidato o de una candidata, entiendo que deben ser compatibles con sus habilidades en materia de administración, de gestión y de innovación”, enfatizó.

Dijo que le aportaría su “vocación por estar a la altura de los tiempos”. “Y esta vocación se vincula con una forma de percibir los cambios sociales bajo la óptica de un sentido de justicia y de equidad”, añadió.

“Está claro que experimentamos transformaciones sociales que nos ponen de continuo a prueba, que nos exigen reelaborar viejos conceptos, y revisar críticamente nuestro sistema de creencias”, afirmó. “Y aquí surge, la exigencia de percibir la realidad que nos importa bajo la óptica del derecho internacional y de los derechos humanos. Y dentro de este campo, entre otros aspectos, destaco la necesidad de consolidar una perspectiva de género capaz de tomar en consideración las marcas impresas por la sociedad machista y patriarcal sobre las mujeres y sus derechos”, aseguró.

“También hacernos de las herramientas jurídicas para comprender las diversas situaciones por las cuales transcurren nuestros pueblos originarios. E incluso tener presentes las asimetrías de trato que suelen experimentar en general las minorías y los grupos históricamente desaventajados”, planteó.

Aseguró que la independencia judicial y de los criterios judiciales “me parece que es fundamental y que es una de las bases de la república en tanto tiene directa consonancia con la división de poderes. Me parece fundamental preservar la independencia judicial y es un pilar sustantivo de nuestro estado de derecho”.

“Quienes integramos el Poder Judicial sufrimos habitualmente de un déficit de legitimidad democrática, porque el Poder Judicial es un poder contra mayoritario. No se articula conforme el voto de las mayorías, sino que tiene mecanismos de selección que no resultan necesariamente compatibles con el voto de la mayoría”, opinó Lozada.

“Esto hace que los funcionarios y funcionarias que integran los poderes judiciales estemos exigidos de superar ese déficit y de ganar la legitimidad en el ejercicio mismo de nuestros cargos y esto es lo que yo entiendo humildemente que vengo haciendo desde hace 28 años en el ejercicio de los diversos cargos judiciales”, sostuvo.

“De ganarme legitimidad a través de la aplicación del derecho cuando se trató de ser juez o cumplir con las obligaciones funcionales cuando se trata de ser fiscal jefe. Nunca escondiéndome debajo de los escritorios”, enfatizó.

Para Lozada, “no hay obstáculos de naturaleza constitucional para que los jueces y magistrados y funcionarios paguen impuesto a las ganancias. De hecho, todos los nuevos miembros que acceden al Poder Judicial pagan impuesto a las ganancias”. “Si me fuese impuesta la obligación de pagarlo debería pagarlo”, aclaró.

Respecto a la violencia de género, el feminismo, dijo que en su función judicial “me pronuncié muy contundentemente respecto de la violencia de género en sus muy diferentes versiones cuando la cuestión no estaba en la agenda del modo en el cual hoy está instalada”.

“De modo que desde hace muchos años soy un funcionario preocupado por las violencias que se ejercen en términos generales respecto de los grupos históricamente desaventajados en general y en particular las mujeres y las minorías”, aseveró.

Sobre la puja entre aquellos que reclaman que se designe una mujer y un hombre en el STJ y aquellos que sostienen que debe priorizarse la idoneidad, Lozada dijo que estaba convencido de que “la idoneidad debe contemplar un cierto equilibrio en materia de género y en materia de territorialidad”.

Respecto a las críticas de sectores de la ciudadanía que señalan que el Poder Judicial no ha hecho esfuerzos en esta pandemia, el postulante a vocal del STJ aseguró que los funcionarios y las funcionarias del Poder Judicial estuvieron siempre a lo largo de la emergencia sanitaria trabajando y nunca bajaron los brazos”.

“Todos los funcionarios y una gran cantidad de empleados están conectados vía remota, con lo cual, ya sea desde sus casas o sea desde sus despachos trabajaron durante toda la pandemia, sin ningún tipo de impedimento”, manifestó Lozada. “Tal vez desde el Poder Judicial no hemos sabido comunicar cuán intensamente hemos trabajado a lo largo de este año”, planteó.


La experiencia del primer juicio por jurados


El fiscal jefe Martín Lozada protagonizó en marzo del año pasado en Bariloche el primer juicio por jurados en la provincia. El caso era un homicidio y la teoría de la fiscalía era que la mujer imputada era la autora del crimen de un hombre. Pero los jurados entendieron que no era culpable y la fiscalía perdió el caso.

Cuando se le preguntó a Lozada si ese antecedente podría ser evaluado por los consejeros, respondió: “El primer juicio por jurados fue un inmenso triunfo para el Poder Judicial rionegrino en su conjunto”. “Para mí fue un profundo honor poder sostener la acusación, sin perjuicio de que algunos miembros del jurado hayan estado incursos en un margen de duda razonable y sin perjuicio que en función de esa duda razonable de algunos de los jurados no se haya obtenido la condena de la entonces acusada”, sostuvo.

“Lo cierto es que estoy convencido que ese juicio por jurados fue ganado por la sociedad rionegrina, fue ganado por la estructura judicial y es un paso hacia adelante que creo que no tiene retorno hacia un Poder Judicial confiable y estrechamente vinculado a su comunidad”, añadió.

Y consideró que el sistema acusatorio, que se implementó el 1 de agosto de 2017, “está cumpliendo con sus expectativas y, por supuesto, que hay capítulos que tienen que ser revisados, optimizados y analizados desde una perspectiva crítica, para su optimización de los resultados que hasta ahora nos ha venido dando”.


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