La cooperativa Copelco deberá brindar talleres con perspectiva de género a su personal

Es una medida cautelar que fue ordenada por una jueza que interviene en una denuncia por violencia de género.

En una medida cautelar que dispuso una jueza del fuero civil, se ordenó a la cooperativa Copelco que implemente talleres con perspectiva de género a todo el plantel de empleados y empleadas. La disposición se adoptó, en el contexto de una causa que todavía continúa por una denuncia de violencia de género que radicó una empleada.

La causa se inició a raíz de la denuncia por violencia de género que en abril de 2020 radicó una empleada de la entidad cooperativa encargada de la provisión de energía, telefonía, internet, enfermería y servicio social.

En esta etapa, la jueza Nancy Vielma determinó que, mientras sigue la causa, se adopte una serie de medidas cautelares. Así lo explicó el abogado de la denunciante, Omar Pérez. Entre ellas, la magistrada pidió que ninguna de las partes, tanto el denunciado como la víctima realicen "actos de perturbación y de acercamiento". Se deberá cumplir durante sesenta días y si no se cumple se puede recaer en desobediencia a una orden judicial.

Sin embargo, la medida avanzó un poco más allá e incluye a la "empleadora", en este caso la cooperativa Copelco. Se requirió a la "empleadora de ambas partes a que brinde capacitación a sus empleados y empleadas en perspectiva de género, debiendo acreditar oportunamente dicha circunstancia", según reza la medida cautelar.

"En el contexto de esta causa, pedimos las medidas cautelares, la jueza Vielma ordenó para que no existiera conflictos en el ámbito laboral, que Copelco capacite a todo su personal. Es novedoso porque es la primera vez que una institución privada tendrá que capacitar a hombres y mujeres para evitar que se produzcan estos hechos", describió el abogado.

"Es la primera vez que es dispone una medida así en este tipo de expedientes porque, en general se producen medidas sin que la empleadora se vea involucrada y no puede ser así", subrayó.

En esta línea, especificó que en el ámbito público es obligatoria la capacitación según lo dispone la ley 2.786 y conocida como Ley Micaela, por lo que destacó la importancia de la medida judicial. Por otra parte, para septiembre están fijadas las declaraciones de los testigos convocados y una vez que eso ocurra, se conocerá la resolución en la causa.


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