La Corte rechazó informe oficial por saneamiento del Riachuelo

Afectados por contaminación iniciaron la causa.

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La Corte Suprema de Justicia rechazó el informe presentado por los Gobiernos nacional, bonaerense y porteño sobre el estado de cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo, e intimó a los estados a presentar uno nuevo en un plazo de tres días. El Tribunal consideró que el informe presentado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) no cumplía con las precisiones exigidas por la propia Corte en un fallo que dictó el 6 de abril de 2010. En esa resolución de abril pasado, la Corte había determinado que la Acumar debía presentar un informe “circunstanciado sobre el íntegro y fiel cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008”, en el cual lo jueces habían intimado al organismo a sanear el Riachuelo. La Corte había determinado que en el informe “deberán señalar separadamente para cada uno de los objetivos y resultados establecidos, en forma sinóptica, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que han sido alcanzados –al 31 de marzo de 2010– cada uno de los objetivos y resultados que integraron el programa de ejecución obligatoria impuesta en el fallo”. El informe de la Acumar –dijo la Corte– no precisa, “mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos”, las “pautas cuantitativas” oportunamente exigidas. Fallo por sueldos. Por otra parte, el máximo tribunal consideró “remunerativos” los aumentos de sueldo de emergencia dispuestos durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde para “recuperar el ingreso alimentario” y destinados “a corregir el deterioro” de “las remuneraciones en general y los salarios de menor cuantía en especial”. Se trata de incrementos de entre 100 y 200 pesos otorgados por el gobierno tras la crisis de fines de 2001, y que fueron aplicados a los trabajadores privados entre el 1 de julio de 2002 y el 1º de mayo de 2003. La Corte se pronunció así ante el reclamo del trabajador Martín Nicolás González contra la empresa Polimat, ya que por el carácter “no remunerativo” de aquellos aumentos había visto reducida su indemnización por despido. La Cámara Laboral había reducido la indemnización al considerar que los decretos de necesidad y urgencia 1273/02, 2641/02 y 905/03 estipulaban “asignaciones no remunerativas de carácter alimentario”. Los decretos fijaban aumentos de 100 pesos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2002; 130 entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2003; 150 entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2003, y 200 a partir del 1 de mayo de 2003. El máximo tribunal recordó que los decretos fueron emitidos a raíz de la comprobación de que se había “deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores”.