La crisis oculta
MIGUEL ÁNGEL ROUCO (*)
Mientras las cuentas públicas aumentan su saldo en rojo, el gobierno nacional continúa acumulando pasivos que por ahora permanecen ocultos en la contabilidad oficial aunque más tarde deberán ser afrontados, lo que agravará la situación financiera del Estado. Por ejemplo, los jubilados, con aval de la Corte Suprema, quieren cobrar los juicios ganados; los contratistas de obra pública, sus avances de obra y muchos proveedores, sus ventas al Estado, mientras que los exportadores le reclaman a la administración Kirchner unos 400 millones de dólares por la falta de liquidación de reintegros y reembolsos. De este total, más de 100 millones de dólares corresponden justamente al sector que debería ser el motor de las ventas argentinas al mundo, el agroindustrial, que tiene la canilla cerrada desde hace nueve meses. Con el solo pretexto de no desembolsar lo debido, el gobierno resolvió que aquellos que registren deudas líquidas y exigibles por cualquier concepto correspondientes a sus obligaciones impositivas, previsionales o aduaneras no podrán acceder a los beneficios de reintegros y reembolsos hasta que regularicen su situación ante el fisco. Todo esto implica que la demostración de la situación fiscal de cada uno puede llevar meses, ya que habrá que recurrirlas en sede judicial. En la práctica se trata de la pérdida del beneficio, al tiempo que los exportadores deben afrontar un costo financiero en dólares. En el caso de la agroindustria, cuando quien vende al exterior solicita la prefinanciación o un anticipo de exportaciones a un banco internacional tomando en cuenta el valor FOB, que incluye retenciones y también el 10,5% del IVA que se debe abonar al momento de la compra del grano, tributo que luego es reintegrado. Entre el momento en que se abona el IVA (compra del grano) y su recuperación transcurren como mínimo entre 90 (exportación de granos) y 150 días (exportación de aceites y harinas oleaginosas), con lo que se produce un costo financiero para el exportador y una pérdida económica por cuanto el Estado devuelve el IVA en pesos pero ese monto debe ser reintegrado a la entidad financiera que lo prestó en la divisa en que el préstamo fue concedido. Al ser el IVA parte del monto que debe solicitarse como prefinanciación, todo aquello que perjudique la normal recuperación y reembolso a quien prestó el dinero afecta seriamente la posibilidad de continuar recibiendo la financiación, lo que incidirá directamente en los costos de comercialización. Estos vericuetos producen un desaliento en el sector exportador, que no se animará a seguir prefinanciando exportaciones y hará más difícil la colocación de productos argentinos en el mundo. De esta manera, mediante acciones dilatorias el fisco se termina quedando con parte de la rentabilidad empresaria y consolida una menor exposición deficitaria para las cuentas públicas, por ahora. En el tiempo, todos estos pasivos ocultos pasarán a engrosar la larga lista de “la nueva deuda generada durante la década ganada”. Una vez más el fracaso de la gestión Kirchner termina impactando en la actividad privada. El mismo hecho quedó demostrado con la nueva tragedia ferroviaria, lugar clave donde la gestión estatal ha resultado menos que satisfactoria. La multimillonaria inversión realizada no asegura la vida de las personas a bordo de los trenes. El maquillaje realizado al material rodante y tractivo, que lleva un uso intensivo de más de 50 años, se cayó y dejó al descubierto una vez más la impericia oficial. Nadie en el gobierno podrá alegar desconocimiento, ya que la fatiga del material quedó en evidencia cuando se produjo la tragedia de Once. No es casual que los países más desarrollados manden a rezago el material rodante que cumplió una vida útil de 25 años. Aquí el gobierno insiste en reparar mecanismos que llevan más de 50 años de uso, para los cuales ya no existen repuestos originales y hay que hacer adaptaciones que son las que provocan los fallos. De estos temas, que son de exclusiva responsabilidad del gobierno, no se habla en el léxico oficial porque ahora toda la atención está puesta en el cuestionado blanqueo de capitales. Con la reglamentación del Cedin y de los Baade y los pagarés, la administración Kirchner busca descomprimir su exangüe situación de caja y ponerle paños fríos al mercado cambiario. Un analgésico que se repite de modo pertinaz cuando a las claras el paciente necesita cirugía. (*) Analista económico. DyN
El Estado pisa pagos
