La falta de seguimiento alarga las esperas

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VIEDMA.- La carencia de recursos suficientes y de equipos técnicos que permitan la intervención temprana, el seguimiento y agilización de las causas es la principal traba para acelerar la definición del futuro de unos 71 niños que hoy permanecen institucionalizados en distintos puntos de la provincia, según los últimos datos de la Defensoría General de la provincia. En la primera circunscripción judicial son 40 los inscriptos –mujeres solas, matrimonios y parejas– en el Registro de Adoptantes. La mayoría de ellos espera hace años una respuesta. El nuevo Código Civil agiliza el trámite y en ese marco las dos juezas de Familia de esta capital, María Laura Dumpé y Carolina Scoccia, otorgaron 90 días a Protección Familiar del Ministerio de Desarrollo Social para que informe con datos precisos cuántos niños se encuentran en situación de adoptabilidad La falta de seguimiento de las familias inscriptas alarga la espera y profundiza la incertidumbre de los niños por su futuro hogar. Hoy en Viedma sólo se cuenta con una consejera y una psicopedagoga, un equipo interdisciplinario a medio armar que es totalmente insuficiente para las respuestas que se requieren en estos casos, en los que jueces de Familia son quienes deciden el futuro de un niño y de su grupo afectivo. La jueza Dumpé aclaró que la institucionalización de los niños en riesgo “es el último recurso” para proteger a los chicos. En relación a los plazos para definir las adopciones recordó que el nuevo Código Civil pone un límite y apuntó a la necesidad de que el Ministerio trabaje seriamente en esos 180 días fijados “porque no tienen vuelta atrás. Una vez que está el dictamen de la situación de adoptabilidad el chico, ya está para ser adoptado y ahí habrá que trabajar porque también cambió la forma de adopción, que permite que el chico pueda seguir en contacto con su familia biológica, porque lo que se busca es que no vaya a un Caina sino en un seno familiar que le dé lo que no puede la de origen pero –quizás– manteniendo un contacto”. Consideró que “para cambiar la cabeza se requiere de un trabajo con los que están inscriptos, desde el Ministerio y los jueces. La decisión de sacar a un chico de su familia es una situación muy compleja. El juez no tiene en su escritorio por lo menos una alta probabilidad de que esa determinación funcionará. Si bien estamos en condiciones de cumplir con la ley, nos falta el apoyo técnico de otros ámbitos, porque ante una posibilidad se llama a los inscriptos y suele suceder que ya dejó de ser potable porque no hubo un seguimiento, más allá de que el interesado debe informar”, agregó. Dumpé está a cargo del Registro de Adoptantes de la primera circunscripción judicial, pero todos dependen de un Registro Provincial que depende del Superior Tribunal de Justicia y que incluye los chicos que se encuentran en situación de adoptabilidad en Río Negro. En realidad ese Registro tendría que depender de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, cargos que están concursados y que deben ser ocupados por personal idóneo que se encargue de las entrevistas psicológicas, informe socioambiental, seguimiento a quien quiera adoptar, necesario para tener en cuenta a la hora de darse una posibilidad y que esa persona continúe en esa condición de adoptante, porque suele suceder que en la larga espera haya tenido un bebé, se haya mudado o la pareja se haya separado. “La única forma de mantener ese registro actualizado es con un equipo de idóneos que trabajen con los adoptantes y posibles adoptados para que esa adopción sea la más adecuada, porque un juez lo que determina es a dónde va esa criatura pero en eso hay que tener muy claro el diagnóstico de esa familia, cuál es la posibilidad de ejercer el rol para no equivocarse”, sostuvo la jueza.

Estela Jorquera estelaj@rionegro.com.ar