La inconveniencia de las legislaciones paternalistas

PABLO BENÍTEZ JACCOD (*)

Tanto la reciente ordenanza que buscó, a mi entender, correctamente derogar la prohibición que data de la década del ochenta de instalar salas de videojuegos en la ciudad de Neuquén, existe otro proyecto a nivel municipal aprobado recientemente y otros provinciales que van en sentido contrario a las libertades del individuo. Uno de ellos es el que busca prohibir la venta de pirotecnia (a nivel municipal) y bebidas energizantes, y controlar el consumo de sal en los restaurantes de la provincia. Si bien para la mayoría de la sociedad es irrelevante este tipo de normas creo que ameritan una reflexión sobre el rol de los legisladores y su fuerte convicción a favor de un Estado paternalista. Es habitual que un control estatal lleva a otro control, porque al fallar los mismos no se intentan eliminarlos sino profundizarlos. La política de Guillermo Moreno y sus fracasos en el control de la inflación y el cierre de importaciones por falta de dólares, entre otras, son consecuencia de una continua intervención que busca solucionar las distorsiones provocadas con más intervención. En el caso de las normas descriptas, las restricciones impuestas a la libertad de elegir de los individuos en nombre de la salud es la puerta de entrada para extender la intervención pública a todos los rubros inimaginables. ¿Acaso las mayorías legislativas pueden violar abiertamente las libertades de trabajo, de propiedad, de comercio, cuando el art. 14 de la Constitución concede a todos los habitantes de la nación la libertad de trabajar y de ejercer toda industria? Alberdi, cuando pensó este artículo, sostenía que las restricciones y prohibiciones serían un medio de atacar ese principio de la Constitución por las leyes proteccionistas que las contuviesen; y esto es precisamente lo que ha querido evitar la carta magna cuando ha dicho en su artículo 28 que: “Los principios, derechos y garantías reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. Esta disposición cierra la puerta a la sanción de toda ley proteccionista, en el sentido de que ordinariamente se da a esta palabra de prohibitiva o restrictiva. Lo que no se puede entender del todo es que el mercado proporciona los incentivos para satisfacer la preferencia de los consumidores. En un intento torpe, tal vez por cierto escepticismo ante las nuevas tecnologías, el Estado creyó que prohibiendo la instalación en la ciudad de locales de entretenimientos de videojuegos se eliminaría el interés de la juventud por éstos, pero lo que no han tenido en cuenta es que el avance tecnológico abarató los costos de fabricar este entrenamiento y los hizo más accesibles para cualquier persona, llevándolos a un uso masivo dentro del ámbito de sus hogares. Además, no hay que olvidar que la proliferación de los juegos en red en los ciber fue un escape que encontró este entrenamiento ante la arcaica norma prohibitiva. “Hecha la ley hecha la trampa”, reza el viejo refrán y con esto quedó claro que el mercado encontró cómo sortear el objetivo de esta norma y halló cómo satisfacer a los demandantes de este tipo de entretenimientos. Con respecto a la prohibición de usar pirotecnia, esta norma a mi entender traerá dos problemas importantes a los habitantes de la capital neuquina. Por un lado deberán recurrir al mercado negro de la pirotecnia, la que se conseguirá será más cara, de mala calidad, en muchos casos de fabricación doméstica y alejada de los controles de seguridad que en condiciones de libre mercado tendrían. ¿Alguien imagina a los inspectores municipales o a la policía en Navidad, Año Nuevo o cualquier otra celebración, en los barrios de la ciudad desplegándose para averiguar y detener a las personas que utilizaron el elemento prohibido? Sería un despilfarro ineficiente de dinero público que rozaría el ridículo. Cuando se permite a los funcionarios decidir qué productos es posible consumir y en qué condiciones, la pérdida de libertad personal es inevitable. A esta altura nadie puede argüir que los consumidores ignoran los riesgos para la salud del mal uso de la pirotecnia. Ante lo dicho, me pregunto: ¿está dentro de las facultades de los poderes públicos cuestionar las decisiones de las personas?, ¿pueden determinar esos mismos poderes si las personas son o no capaces de tomar decisiones libres y responsables? Al igual que la situación anterior, el art. 14 de la Constitución Nacional se encuentra quebrantado abiertamente. No me quiero olvidar del proyecto que está en la Legislatura neuquina que pretende, como mencioné al principio, prohibir las bebidas energizantes y limitar el uso de la sal en todos los restaurantes, bares y establecimientos gastronómicos públicos o privados. ¿Acaso no se aprendió nada con la famosa “ley seca” de alcohol en los Estados Unidos a comienzos de la década del 20? ¿Alguien cree que las bebidas energizantes se dejarán de servir en forma encubierta o que no serán vendidas en forma clandestina? Los problemas alimenticios en parte de la población son reales, pero la elección de consumir productos sanos o no tan sanos en la dieta diaria son decisiones personales, no del Estado. Por lo tanto, comenzar a regular este tipo de cuestiones, como la sal, implica que en no mucho tiempo se impida la instalación de locales de comidas rápidas, se prohíba comer empanadas, se comience a regular la cantidad de carne de vaca en la salsa bolognesa o eliminar las papas fritas como acompañamiento de la milanesa, etc. Si se les permite a los representantes de las mayorías decidir qué es posible consumir y hacer y en qué condiciones, la libertad se hallará seriamente amenazada, atacando la raíz filosófica de nuestro derecho a elegir, reconocida ampliamente en la Constitución Nacional. Es necesario que en una sociedad abierta se tenga a los derechos de los individuos como eje central, cada vida es un proyecto sagrado, una elección permanente, un aprendizaje a través de un proceso de prueba y error en un contexto de toma de riesgo, prioridades y preferencias. Prohibir o intentar direccionar los gustos y preferencias de las personas es una expresión más de la “fatal arrogancia” de algunos funcionarios estatales cuando creen saber mejor que los ciudadanos lo que les conviene a éstos. No cabe duda de que hacer deporte, comer sano, leer libros o mantenerse alejado de elementos que contengan pólvora son objetivos loables –en lo personal no me gusta la pirotecnia–, pero imponer una escala de valores propia o un estilo de vida determinado a toda la comunidad va más allá del poder de cada individuo, así como del Estado. (*) Licenciado en Relaciones Internacionales. Fundación Progreso y Libertad