La indefinición política detrás de los precios congelados

La inflación vuelve a encaminarse a un récord a fines de 2021. El gobierno reconoce que los controles no son solución definitiva, pero apuesta a frenar el ímpetu de los precios en el corto plazo. Los empresarios en tanto, aducen un posible desabastecimiento pese a haber incrementado sus ganancias en términos reales durante la pandemia.





Máximos. El gobierno estableció una lista de 1.432 precios que deberán permanecer fijos hasta la primer semana de enero.

“Las autoridades argentinas y el equipo del FMI avanzaron en la definición de algunos principios claves que podrían sustentar un programa económico para ayudar a abordar los desafíos de Argentina a corto y mediano plazo”, reza un comunicado de prensa en el portal oficial del Fondo Monetario Internacional. El mismo tiene fecha en marzo de este año, tras una de las visitas del Ministro Martín Guzmán a las oficinas del organismo en Washington.


Lo más llamativo de la comunicación oficial del Fondo no fue sin embargo el anticipo de los avances en un posible acuerdo con Argentina, el cual sigue sin rubricarse a tres meses del final del año. Lo más sustancial tiene lugar un par de líneas después, cuando el mismo comunicado afirma que en el diálogo con los funcionarios argentinos “hubo acuerdo en que la inflación es un fenómeno multicausal y que reducirla requiere políticas macroeconómicas consistentes y esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas de inflación”.


Nunca antes el organismo se había expresado oficialmente a favor de una mirada multicausal respecto de la formación de precios. Se trata de toda una definición. El Fondo parece haber resignado sus históricos estandartes de monetarismo ortodoxo, y haber reconocido la incidencia de otros factores estructurales que en economías emergentes, influyen y determinan junto a la emisión monetaria, la dinámica inflacionaria.


Pese a los siete meses que han transcurrido desde aquella comunicación oficial, el punto no es menor en una semana donde una nueva visita del Guzmán a Washington y la discusión en torno al congelamiento de precios, volvieron a poner en agenda el potencial acuerdo con el Fondo y las causas de la inflación.


Menuda sorpresa se llevaron quienes festejaban el reemplazo de Paula Español en la Secretaría de Comercio Interior. La funcionaria kirchnerista había impulsado las restricciones a la exportación de carne a fin de contener el impacto de los precios dolarizados en el mercado interno. Vale señalar que si la meta era contener el avance de los precios de la carne en góndola, el objetivo de Español se cumplió: los cortes vacunos más representativos de la dieta argentina habían aumentado entre un 30% y un 35% entre enero y junio, cuando se anunció la restricción para exportar. Entre junio y septiembre, los precios avanzaron apenas entre un 2% y un 5%.

Nuevo hombre fuerte. Secretario de Comercio, Roberto Feletti.


No obstante, la primera lectura del desplazamiento de Español, fue interpretada como una victoria de los empresarios y como un acercamiento del gobierno con el campo. Por el contrario, la designación de Feletti al frente de Comercio, implicó la llegada de un heterodoxo de origen peronista al manejo de la política de precios. Su primer diagnóstico es que las empresas alimenticias han logrado recomponer rentabilidad pese a la pandemia, e incluso han amasado grandes ganancias, mientras que el salario medio no logra levantar cabeza y de no ocurrir nada extraordinario, perderá contra la inflación por cuarto año consecutivo.


En este sentido, la estadística oficial publicada por Indec la semana pasada, disparó todas las alertas. En el gobierno esperaban una aceleración de precios en septiembre, pero no imaginaban que el 2,5% de agosto se convertiría en el 3,5% de septiembre. El dato del noveno mes del año implicó la interrupción de una secuencia de cinco meses consecutivos con precios a la baja y el retorno de un acumulado anual superior al 50%. El fantasma de una inflación similar al 53,8% que dejara la gestión Macri en 2019, está más latente que nunca.


En efecto, si se proyecta la inflación de cara a los últimos tres meses del año, es posible anticipar que la misma se ubicará entre el 48% y el 54% a fines de 2021. Para que suceda lo primero, es necesario que en el último trimestre del año la inflación mensual se mantenga en el rango del 2,5% al 3%. Así y todo, significaría un acumulado anual 20% más alto que el 29% proyectado en el presupuesto. Si en cambio el ratio mensual es de entre 3% y 3,5% en los últimos tres meses, el acumulado anual será superior al techo simbólico del 50%. Por último, si el registro mensual es de entre el 3,5% y el 4% mensual en el último trimestre, el registro anual volverá a ser de los más altos en los últimos 30 años. La única salvedad es que esta vez, ese número tendrá lugar pese a que las tarifas están congeladas y el precio del dólar anclado. Ninguno de los tres escenarios es imposible a la luz de los datos actuales.


Tal es el marco en el que Feletti anuncia el regreso a una herramienta utilizada asiduamente en otros momentos de la historia, y que vez tras vez demostró ser impotente si la intención es resolver el problema inflacionario de raíz.
Las definiciones vertidas esta semana por el propio Feletti indican que los objetivos no son en este caso tan pretenciosos. En una extensa entrevista televisiva el flamante Secretario de Comercio Interior de la Nación fue categórico respecto a los resultados esperados: “sabemos que se trata de una medida de corto plazo, que no resuelve el problema inflacionario”, indicó.


El funcionario agregó otras tres definiciones que describen el diagnóstico oficial y las intenciones detrás del congelamiento.
La primera es que “la canasta básica le viene ‘comiendo’ una porción cada vez mayor al salario”, lo cual es un reconocimiento tácito de la impotencia del gobierno para recomponer el poder adquisitivo, pandemia de por medio.
La segunda es que “los empresarios han logrado recomponer márgenes de ganancia en el último año” y que “en los próximos meses deberían ganar por cantidad y no por precio”.

Cuesta imaginar que Guzmán adhiera a la idea del control de precios, no solo como una medida efectiva, sino como una decisión oportuna.

Según los datos que maneja la Secretaría de Comercio que conduce Feletti, el 74% de la facturación de los productos de la canasta básica argentina se concentra en manos de un puñado de 20 empresas, de las cuales 5 son de capital extranjero. Los balances que dichas empresas presentaron este año ante la Comisión Nacional de Valores reportan ganancias reales que superan ampliamente la inflación anual. La sentencia de Feletti es que existe capacidad ociosa en el sector (lo cual se confirma con los datos del último relevamiento de Indec), y que en los próximos meses tendrá lugar una aceleración del consumo dada la cantidad de dinero que se volcó a la calle previo a las elecciones y por motivos estacionales ante la inminencia de las fiestas.


La tercer definición es en realidad una advertencia: “la resolución de congelamiento de precios se hará cumplir”. La herramienta que blande Feletti es la Ley de Abastecimiento (20.680) sancionada en 1974, que habilita al Estado a fijar precios máximos y a multar e incluso clausurar a quienes no cumplan con la regulación.
Nadie hubiese esperado que el gobierno decidiese tensar la cuerda a tal extremo con los empresarios luego del convite que el mismo Presidente ofreció la semana anterior al ‘círculo rojo’.


No obstante, la negativa radical a sumarse al ‘acuerdo de precios’ de parte de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) que preside Daniel Funes de Rioja y aglutina al mencionado puñado de empresas que concentra el grueso del mercado alimenticio, tiene como telón de fondo una componente especulativa y una política.
Las alimenticias fueron quizá de los únicos sectores que no sufrieron las restricciones por el Covid. Por el contrario vieron incrementado su volumen de negocio en pandemia. Mal podrían aducir tensión de costos a raíz de un congelamiento de precios por solo 90 días, y mucho menos incapacidad de abastecimiento. Mera especulación.

Dato

50%
El techo simbólico que podría perforar nuevamente la inflación a finales de 2021.


Por otra parte, los empresarios advierten la debilidad política de la gestión, las diferencias internas de criterio respecto a la conducción de la economía, y se preguntan cuál sería el motivo para aceptar una imposición unilateral de parte de un gobierno que está a las puertas de una nueva derrota electoral.


Precisamente en este último punto radica uno de los principales interrogantes que surgen tras el anuncio del congelamiento. ¿Acuerda el Ministro Martín Guzmán con esta estrategia de control de precios? El repentino protagonismo de Feletti contrasta con el silencio del conductor de la economía nacional respecto a uno de los problemas más urgentes.


Al ser consultado respecto a si hubo contacto directo con Guzmán previo al anuncio, Feletti respondió a secas con un “todavía no”. Aclaró además que su cargo depende del Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, y agregó que Kulfas “lo recibió muy amablemente tras su designación”, revelando implícitamente que tal designación no provino del Ministro al cual responde su secretaría.


Teniendo en cuenta el denodado esfuerzo de Guzmán para ordenar el frente fiscal y preparar el terreno para un acuerdo con el FMI, cuesta imaginar que adhiera a la idea del control de precios, no solo como una medida efectiva, sino como una decisión oportuna.


Este es el verdadero nudo del problema. En términos generales el gobierno en su conjunto coincide en la multicausalidad de la inflación. Sin embargo, no existe acuerdo interno en el oficialismo respecto a las mejores herramientas para solucionar el problema, ni en los tiempos políticos y económicos de las medidas a adoptar.


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