La Justicia reacciona
Aunque el ex presidente Néstor Kirchner procuró minimizar el significado de la decisión de la Corte Suprema de mantener una medida cautelar para que Clarín disponga de más tiempo en que vender algunos canales de televisión y radios a fin de ajustarse a la nueva ley de medios audiovisuales, no cabe duda de que acaba de sufrir un revés doloroso, ya que quería ver desguazado el grupo bien antes de la fecha fijada para las elecciones presidenciales próximas. Por lo demás, debido a los intentos oficialistas de presionar a la Corte organizando ruidosas manifestaciones callejeras lideradas por personajes como Hebe de Bonafini, el fallo tendrá repercusiones mucho más amplias de lo que hubiera sido el caso de haberse limitado el gobierno a emplear métodos menos escandalosos. Lo comprendan o no el ex presidente y su esposa, no dejaron a los jueces de la Corte Suprema más alternativa que la de optar entre brindar la impresión de ceder ante los ataques virulentos de las huestes oficialistas por un lado y, por el otro, mantenerse en sus trece. En principio, tales factores no deberían incidir en los fallos del máximo tribunal, pero según se informa hasta el juez más dispuesto a simpatizar con el matrimonio presidencial, Eugenio Zaffaroni, entendió que le correspondía solidarizarse con sus colegas para que el fallo fuera unánime por razones que tienen más que ver con la defensa de la institucionalidad que con los detalles jurídicos. La actitud de Zaffaroni es importante, ya que servirá para convencer a muchos otros magistrados de la necesidad de anteponer su compromiso con la Justicia a su eventual voluntad de seguir acompañando al gobierno kirchnerista. Al enfrentarse de manera tan flagrante con lo que Néstor Kirchner llama “el partido judicial”, como si fuera cuestión de una corporación disciplinada manejada por una especie de junta directiva, el Poder Ejecutivo se las ha arreglado para enojar sobremanera a la mayoría de los juristas del país, dando a los conformistas un pretexto inmejorable para asumir posturas destinadas a llamar la atención a su propia independencia. Es por lo tanto de prever que en los meses próximos proliferen fallos contrarios a los intereses de los Kirchner y sus colaboradores, de los cuales muchos han sido acusados de enriquecerse ilícitamente burlándose de la ley. Si bien en nuestro país es normal que en la fase final de una gestión presidencial se multipliquen las denuncias por corrupción, hasta hace muy poco el gobierno kirchnerista se creía en condiciones de atenuar el impacto con la ayuda de jueces acostumbrados a darle el beneficio de la duda, pero tal y como están las cosas los Kirchner y sus allegados corren el riesgo de ser blancos de un contraataque judicial aún más fuerte que el enfrentado por el entonces presidente Carlos Menem y sus laderos al difundirse la conciencia de que su período en el poder se acercaba a su fin. El gran error de los oficialistas ha consistido en tomar en serio la idea de que la Justicia sea incompatible con la democracia auténtica, ya que, en su opinión, siempre hay que privilegiar las “leyes de la democracia” aun cuando aplicarlas supusiera pisotear derechos legales. Se trata de una doctrina muy peligrosa, puesto que en una sociedad subordinada a la ley una función básica del Poder Judicial consiste en frenar los excesos arbitrarios del Ejecutivo y el Legislativo recordándoles que les es necesario respetar los límites legales que, en principio por lo menos, aseguran que todo ocurra en un marco de seguridad jurídica. Asimismo, a esta altura nadie ignora que la razón por la que los Kirchner están impulsando con tanta vehemencia la ley de medios audiovisuales tiene menos que ver con su eventual deseo de “democratizar” el sistema que con su voluntad de destruir el grupo Clarín porque se ha negado a brindarles el apoyo que creen merecer y de intimidar a los demás medios periodísticos. Para alcanzar su objetivo, el matrimonio se ha mostrado dispuesto a ir a virtualmente cualquier extremo, motivo por el que no ha vacilado en apoyar a quienes quisieran tomar por asalto el Palacio de Tribunales para forzar a los jueces de la Corte Suprema a convalidar sus pretensiones. Como no pudo ser de otra manera, todos los integrantes de la Corte reaccionaron para asestarle al gobierno una nueva derrota que con toda seguridad se verá seguida por otras.