La Justicia y el poder frente al relato oficial
LUIS VIRGILIO SÁNCHEZ (*)
En recientes declaraciones, la primera mandataria de nuestra nación se preguntó públicamente quién tiene más poder, un juez o un presidente, lo que nos lleva a realizar dos lecturas posibles de su discurso: o la señora presidenta no comprende o ha olvidado –no empece a su jactancia de ser memoriosa– que el “poder” en un Estado de derecho se concibe en una relación de equilibrio entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial o bien la concepción que ella postula no es la de un Estado de derecho sino la de un Estado totalitario. Bajo ningún aspecto es posible concebir un Estado de derecho donde los jueces estén subordinados al poder político ya que, mientras cada quien ejerce sus facultades en el marco de sus competencias, todos los poderes del Estado se encuentran circunscriptos a un marco legal que está dado por nuestra Constitución nacional y son los jueces los encargados de establecer si los actos del Poder Ejecutivo o las leyes sancionadas por el Congreso son acordes con el Derecho o fueron concebidos en un marco de constitucionalidad. Esto que parece muy trillado y elemental desde la mirada del Derecho, desde el punto de vista político puede ser más complejo y discutible. El Poder Ejecutivo, que representa y encarna al Estado con sus actos y omisiones, goza de la presunción de legitimidad de sus actos y lleva adelante su actividad ejecutiva y reglamentaria con el norte de sus ideales y sus metas hegemónicas, sobre las cuales los jueces no poseen injerencia en tanto las normas involucradas no violen la Constitución. Entonces, quien encarna el Estado como órgano político no se encuentra subordinado al Poder Judicial, cada vez que éste impone un límite a sus actos, sino al marco constitucional que sus funcionarios juramentaron cumplir al momento de asumir sus funciones. Es interesante que el gobierno pretenda hacer afirmaciones de contenido político y al mismo tiempo ingresar con dichos preceptos al mundo jurídico, que es donde su discurso se desvanece pues se debe enfrentar con la realidad ya que los jueces no juzgan el discurso o el relato, sino hechos. Y si una norma que pretende aplicar el Poder Ejecutivo posee obstáculos constitucionales que desde el punto de vista jurídico impiden su aplicación, es función de los jueces establecerlo e impedir que dicha norma se aplique. Entonces, no existe una relación de “poder” entre los poderes del Estado, sino de convivencia en un marco constitucional donde se distinguen, por un lado, funciones políticas y, por el otro, jurisdiccionales; es decir, quien ejerce el “poder” conforme a facultades de imperio y quien controla que ese ejercicio sea realizado conforme a Derecho. Se puede decir que el mundo político y el mundo jurídico conviven en un espacio que está delimitado por nuestra Constitución nacional. En un Estado de derecho la política puede estar asistida por ciertos mecanismos lógicos que están exentos de un esquema filosófico o –incluso– moral. Así, podemos ver que el discurso político puede variar constantemente y es lógico que así sea, porque los tiempos cambian y las personas cambian y eligen de acuerdo con sus experiencias pasadas otra alternativa u otra visión de la política. La política, entonces, está en la superficie, trata de cohesionar las instituciones sociales preexistentes para direccionarlas y exponerlas hacia un rumbo determinado y posible. El Derecho es orgánico, le da vida y legitimidad a este proceso. Pero, mientras que el Derecho no puede asistir a este proceso sin perseguir una idea de justicia, la política puede hacerlo ya que no es ésa su función, pues ella define –al fin de cuentas– la conducta de un sujeto de Derecho y al Derecho debería serle indiferente su particular visión. El Derecho persigue una idea de justicia universal que está dada por el universo jurídico que compone e integra. La política no persigue una idea sino un ideal, una confluencia de ideas que es la pluralidad de los objetivos que más o menos se expresan por una mayoría o no, pero sí hegemónica. El Derecho jamás podría perseguir un ideal, porque en esa pluralidad que lo define (conjunto de ideas) se extraviaría su objetividad axiológica. Admitimos que la política, al perseguir un ideal, está subsidiariamente persiguiendo –inter alios– la idea de justicia, pero una idea vaga, superficial y orientada. La idea de justicia perseguida por el Derecho es apodíctica y su incolumidad está dada por el hecho de que su elucidación conceptual es, como diría Kant, a priori y no empírica o circunstancial. El Poder Judicial, como sublime intérprete del Derecho, a la hora de juzgar un acto de gobierno instruye su criterio de preceptos jurídicos y no políticos; de lo contrario, estaría arrogándose facultades que no le son propias, circunstancia que podría darse y para lo cual el Poder Ejecutivo posee vías recursivas en instancias superiores. Es claro que, así como le está vedado al Poder Judicial arrogarse facultades del Ejecutivo, del mismo modo le está vedado al PEN inmiscuirse en facultades propias de la Justicia. El explícito intento del gobierno de subordinar el Poder Judicial a sus decisiones políticas implica una intromisión impropia de un poder en otro poder del Estado y ése es el vicio fundamental de todo el periplo reformador instado por el gobierno en torno a la reforma de la Justicia, del cual ya dan cuenta recientes fallos judiciales y que seguramente culminará con lo que todos esperan, meta sublime de la Justicia: descubrir la verdad. Sin lugar a dudas, este valor choca con los intereses del gobierno y ello es la propia expresión del fracaso de su visión política. Hegel nos enseña que “el comportamiento simple del alma ingenua consiste en atenerse, con un convencimiento confiado, a la verdad públicamente reconocida y edificar a partir de esos sólidos cimientos un modo de actuar y una posición firme en la vida”. Seguramente, quien pretenda simple e ingenuamente construir su futuro a partir de un relato o una visión política que no se condice con la realidad podrá esgrimir la esperanza en el marco de sus convicciones, pero no tardará en verse decepcionado, ya que la realidad es siempre lo que cuenta y es tarea de los jueces desentrañarla objetivamente en su búsqueda de la verdad, aun cuando la misma pretenda ser distorsionada o suprimida por quien circunstancialmente ejerza la representación del Estado. (*) Abogado. Neuquén
