La Legislatura rionegrina amplía el pago de Ganancias, con más plazos
Habrá hasta ocho meses para su implementación. El FpV entiende que la provincia tiene facultades para determinar cómo liquidar impuestos nacionales.
En el Plenario, el oficialismo avanzó para cumplir con la retención plena en los sueldos aún no alcanzados. Foto: Pablo Leguizamon
La Legislatura ratificará este jueves el cumplimiento pleno del pago de Ganancias en los sueldos estatales aunque otorgará hasta ocho meses para su implementación por parte del Ejecutivo, los Poderes y los órganos de control auto-eximidos de la carga impositiva.
En principio, el oficialismo incorporaba un plazo de 120 días pero anoche en el Plenario se sumó una posible prórroga, por única vez. Con esa postergación, Juntos intenta atenuar la oposición a la ratificación del Consenso Fiscal, que el jueves se tratará en el recinto y, consecuentemente, conlleva la obligación de retención plena de Ganancias para unos 3.000 sueldos entre Legislatura, Justicia, órganos de control y funcionarios del Ejecutivo.
No se actuaba bien como agente de retención. Se llegó hasta donde se llegó, pero Nación se exigió que se regularicen estas situaciones”
Alejandro Palmieri, presidente del bloque de legisladores de Juntos.
Los gremios y el bloque del FpV anticiparon sus rechazos. Los legisladores opositores entienden que la provincia tiene la facultad para establecer criterios en las liquidaciones, defendiendo la autonomía y los sueldos de los trabajadores. Esta interpretación fue expuesta -esencialmente- por el legislador Nicolás Rochas, acompañado por Mario Sabbatella y el presidente de la bancada, Alejandro Marinao.
En cambio, el oficialismo se ampara que las retenciones de Ganancias no eran las correctas y que Río Negro, como ya lo hacen otras provincias, debe ajustarse a las leyes impositivas nacionales, aludiendo incluso a actuales inspecciones de parte de la AFIP. Se aferró a que esas “reglas” fueron fijadas por el Congreso y, en todo caso, el mismo debería modificarlas.
El ministro de Economía, Agustín Domingo adelantó esa postura, reforzada por el titular de la bancada, Alejandro Palmieri, y los legisladores Tania Lastra, y Facundo López.
También hablaron representantes gremiales, solicitando la postergación del tratamiento del proyecto. Lo hicieron Patricia Cetera y Marcelo Nervi de UnTER; Alejandro Gatica de legislativos; y Pablo Barreno y Adriana Saber de Sitrajur. Estos dirigentes judiciales fueron los más críticos, con duras censuras a los legisladores oficialistas.
Labor Parlamentaria resolverá este miércoles el temario y todo indica que el Consenso estará incluido, a pesar del rechazo de las organizaciones sindicales. El oficialismo planteará un plazo de 120 días -con un prorroga por igual tiempo- y se llegará a ocho meses, es decir, al inicio del 2.020.
El nudo del debate en la Plenaria fue que el ministro Domingo y la bancada de Juntos reiteró que Río Negro debía encuadrarse finalmente en las obligaciones de Ganancias, admitiendo que -”durante mucho tiempo”- el Estado “no cumplía bien con las retenciones” y se debía iniciar con este proceso de regularización.
Los gremios entendieron que ese cumplimiento rionegrino constituía una “decisión política del gobierno” y el FpV fue más contundente al considerar que las retenciones “se cumplían bien”, pues existen normas propias fijando los criterios para las liquidaciones por parte del Estado provincial.
Los aportes para los gremios estatales
La discusión por Ganancias aparta la atención un proyecto polémico para este jueves: la suba de asignaciones del Estado provincial para UPCN y ATE, pasando de unos actuales 25 a unos 50 millones anuales.
El proyecto gubernamental duplica el presente porcentual del 0,5% y lo lleva al 1% de la masa salarial del Ejecutivo, ratificando un reparto igualitario entre las “dos organizaciones gremiales mayoritarias legalmente reconocidas”.
El incremento se fundamenta que la situación económica y financiera de los gremios estatales “torna difícil cumplir con sus objetivos”.
Hasta el año pasado, esa transferencia se concentraba en UPCN y era del 0,5%, pero esa reserva luego se dividió cuando el gobierno provincial sumó a ATE en el Consejo de la Función Pública. Amplió la motivación original de aportes para “obra social” y sumó para “prestaciones mutuales, beneficios sociales, viviendas, y capacitación, promoción educativa y cultural”.
La Legislatura duplicará las asignaciones a esos dos gremios, a pesar que el titular upeceísta, Juan Carlos Scalesi aseguró que su organización no necesita esos fondos, asegurando que la asignación sólo se cumple en respuesta a un pedido del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
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