La lógica del asaltante

ENRIQUE LIBERATI (*)

Cuando una persona es asaltada, el delincuente no se molesta en dar explicaciones, va de suyo que él tiene el arma y exige el dinero y todo objeto de valor que lleve la víctima. No se trata de discutir si el hecho es justo o no o preguntarnos por los derechos de quien sufre el asalto; lo destacable es que debe someterse a los requerimientos del bandido o corre el riesgo de sufrir una lesión o la muerte. El eje de todo gobierno democrático es su carácter republicano (del latín res publica, “la cosa pública, lo público”), la igualdad ante la ley, el reconocimiento y la defensa de las libertades civiles y la soberanía en sentido amplio. Todo ello con el objeto de proteger los derechos fundamentales del conjunto de ciudadanos que integran un Estado independiente. Con esos propósitos se establecen tres jurisdicciones (en tanto territorio en el que se ejerce una autoridad para gobernar y hacer ejecutar las leyes) de gobierno: nación, provincias y municipios, organización que se completa con las autoridades que tienen competencia para dictar leyes, aplicar o declarar el derecho en una jurisdicción determinada. Estas ficciones jurídicas son útiles para comprender los mecanismos de una república democrática, a las que debemos agregar el ejercicio de tres funciones del poder político: la función legislativa –dictar leyes–, la función ejecutiva –aplicar las leyes, entre otras amplias atribuciones– y la función judicial –controlar, en el marco constitucional, el ejercicio de las otras dos actividades y restablecer la justicia en el caso de sus transgresiones–. El esquema teórico apunta a crear un sistema político donde ningún poder ejerza supremacía sobre el otro; son los frenos y contrapesos para mantener el equilibrio de las fuerzas que gestionan la cosa pública. Para completar este cuadro básico deben establecerse las condiciones y los límites para las personas elegidas para conducir el Estado. Como se trata de una actividad de autoridad, lo equitativo sería que todos pudieran participar, configurando la democracia directa. Dada la complejidad y la cantidad de ciudadanos, ello es imposible. Entonces, se adopta una democracia representativa; es decir, unos pocos elegidos por corto tiempo para que lleven adelante el gobierno del Estado. La finalidad del sistema es que los gobernantes estén al servicio de toda la comunidad y sus acciones reúnan las mayores condiciones de transparencia, por tratarse de administradores de cosa ajena. El gobierno nacional Hasta aquí, un repaso de manual del que nos hemos valido para señalar la distancia gigantesca entre la teoría democrática y el ejercicio del poder en la esfera nacional. Tamaño desvío motiva nuestras reflexiones, que apuntan al gobierno nacional que incumple las obligaciones básicas instituidas en la carta magna. Si bien por razones de espacio no es posible un trato exhaustivo de la afirmación que enunciamos, en adelante intentaremos poner en evidencia algunas acciones groseras, propias de la lógica del asaltante. Cerrados los espacios de discusión de las decisiones que se toman y que nos afectan a todos, el gobierno nacional adopta el abuso de las mayorías en lugar del principio de las mayorías con un autoritarismo propio de las dictaduras y, con ello, mete miedo. Lejos de contestar los requerimientos de las minorías, oculta sus acciones de gobierno y no conocemos de una conferencia de prensa donde se pueda preguntar en forma amplia sobre las decisiones de gestión. Arma un sistema electoral para el fraude de cualquier manera, detenta el poder con total desenfado. Como el delincuente común, no le debe explicaciones a nadie y sus víctimas (todos nosotros) debemos someternos pacíficamente a sus intereses. ¿Qué es lo justo? Se resuelve con la democratización de la Justicia, una burda maniobra para someter al Poder Judicial y preparar su continuidad en el gobierno o, si son desplazados, asegurar su impunidad. Cuando el dinero de las víctimas impositivas no alcanza, asalta las AFJP, la Anses y sin escrúpulos todo espacio donde pueda reunir algunos dólares, sin ninguna justificación (usurpa el poder). Por ello mismo destina, sin fundamentos argumentales o bien con pueriles motivos, agraviando la inteligencia ciudadana, sumas millonarias con el objetivo primordial de sostener una prensa militante con el bolsillo de todos los contribuyentes, monopolizando el dinero de la coparticipación, adoptando una vez más la lógica del asaltante. De la corrupción desenfrenada no necesita rendir cuentas, pues conserva la fuerza del bandido que no tiene por qué aclarar nada… armado como está no precisa argumentos que justifiquen su accionar. Es lamentable la similitud, pero es la realidad del ciudadano común que debe luchar cotidianamente contra la inseguridad, el desempleo, la inflación y las mentiras de un relato cada día más descabellado. ¿Puede llamarse democracia a este estilo de gobierno? Cada habitante apático está enrolado silenciosamente en el poder político actual. Sobre el cierre, recuperamos un pensamiento de Francisco Rubiales en “Políticos, los nuevos amos”: “El mayor enemigo de la democracia no es el terrorista o el partidario del totalitarismo, sino el falso demócrata que traiciona sus principios y, desde dentro, probablemente desde la misma cúspide de la política profesional, la degrada y la transforma en oligocracia”. (*) Doctor en Derecho