La masa salarial en la Justicia creció 66% en 2019

En el 2019 la masa salarial del Poder Judicial registró un aumento del 66%. Nadie creció tanto dentro de la anárquica estructura de sueldos del Estado rionegrino.

Ese impacto partió de una suba remunerativa anual del 53%, que constituyó la mayor pauta dentro de los incrementos estatales, y también del crecimiento de su planta de personal.

El despegue judicial -como también de los órganos de control externo- frente a los otros poderes es persistente y se sostiene en la disparidad de los criterios remunerativos.

Un repaso de los esquemas salariales del Estado evidencia una heterogeneidad sorprendente.

Por caso, el concepto de antigüedad se abona distinto en cada poder. El Ejecutivo calcula un 2% por año de servicio, la Legislatura aplica hasta un 3% y la Justicia reconoce el primer porcentual, pero lo aplica a partir de la fecha del título.

En el 2011, el gobernador Carlos Soria intento una equiparación al establecer que los titulares de los tres poderes debían tener un mismo haber. Esa norma todavía está vigente, pero se convirtió en letra muerta.

Tampoco UPCN logró instalar el debate para que exista un equilibrio en los haberes, centrándose en el objetivo constitucional de la carrera administrativa -artículo 49- que “por igual función corresponder igual remuneración”. El gremio insistió en varias épocas, incluso en el apogeo de su vínculo con el gobierno, pero nunca superó la instancia de los medios de comunicación.

En los últimos 30 años, desde la década del ‘90, la Justicia consolidó su primacía remunerativa.

A esa selecta esfera sólo pudieron acercarse los órganos de control externos que se constituyeron funcionalmente en los años posteriores, como la Fiscalía de Investigaciones, Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Un debate institucional puntual se abrió con el STJ durante la crisis de 1995, que derivó en rebajas salariales por parte del gobernador Pablo Verani en el 1996 y 1997.

La Justicia no aceptó el esquema de reducción y se amparó en la intangibilidad de los haberes fijada por la Constitución provincial.

En cambio, ese Poder consolidó criterios remunerativos diferenciadores, comenzando con el pago de la antigüedad -denominada Experiencia Profesional- a partir de la fecha de la obtención del título o del ingreso a la Justicia. Es decir, el tiempo mayor y que sea más conveniente para el trabajador o el magistrado. Esta ponderación significa que esa bonificación llega al 70% si un abogado computa 35 años de recibido.

Existe otro concepto propio -denominado Permanencia- que establece un 10% de la “asignación”, con sus cálculos por antigüedad y zona desfavorable.

En el reconocimiento de antigüedad, los legislativos tienen también su trato especial, pues -en su escala- se puede llegar al 3% por año en servicio. En cambio, el Ejecutivo mantiene el viejo cálculo: 2% por año con tareas en el Estado.

En los últimos años, la Justicia retomó su liderazgo salarial, que supo perder con los haberes de los órganos de control externo, que fueron eficaces en sus armados y se distanciaron de los rangos de la Legislatura, aunque pertenecen al mismo régimen.

En el 2012, el gobernador Alberto Weretilneck buscó un límite y planteó un proyecto donde los titulares de los órganos de control tuvieran una remuneración del 70% del vocal del STJ.

Esos organismos habían fijado criterios propios y sus haberes eran líderes. Un enfrentamiento del mandatario con el Tribunal de Cuentas sumaba un componente central a esa ofensiva, que no prosperó en la Legislatura.

Pero, en el 2014, se sancionó la Ley 4.939 que alineó finalmente a los titulares de esas estructuras de control a las “conceptos y porcentajes” de los legisladores.

Esos encuadres se enmarcaron en la movida inicial de Alberto Weretilneck de reducir su planta de funcionarios y bajar salarios, alejándose de aquel propósito de equiparación de los poderes.

Ahora, antes de irse del gobierno, el exgobernador concedió a su sucesora, Arabela Carreras, un pedido de actualización de remuneraciones para las autoridades superiores, sumando otro elemento a la ya dispersa política salarial en el Estado: su enganche con el escalafón docente.

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Dispares mecanismos de acceso

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Cada Poder tiene además sus diseños laborales, como sus dispares formas de ingresos. La Justicia cumple con incorporaciones por concursos mientras los otros Poderes recurren a los contratos, que concluyen con sus direccionados pases a planta.

Economía inició el año pasado un procedimiento de mayor control de asistencias y licencias mientras la Justicia tiene el suyo más consolidado, también con sus curiosidades.

A fines del año pasado, el Procurador General, Jorge Crespo, negó la continuidad del pago de subrogancia en enero para los agentes de vacaciones. Aplicó un argumento lógico y de sentido común: quienes están ausentes no pueden cubrir tareas de otros y, consecuentemente, no deben cobrar ese complemento. El STJ todavía mantendría esos reconocimientos.

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Una ley de hace 30 años, una historia de desequilibrios

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Para encontrar un punto de origen a la anarquía salarial del Estado hay que remontarse a 1990.

El 6 de noviembre de ese año, la Legislatura aprobó la Ley 2.397, que facultó a los titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial “a dictar las normas que regulen en su ámbito de aplicación el sistema de bonificaciones y adicionales personales y/o funcionales”.

Desde entonces, cada gobernador, vicegobernador y presidente del STJ trazó un camino independiente, que derivó en fuertes asimetrías.

Así se llegó al 2011, cuando el recibo de sueldo de un juez del STJ rondaba los 40.000 pesos y el del gobernador apenas 11.000 pesos.

Fue la época en la que se denunciaron los sobresueldos en el Ejecutivo y por eso ni bien asumió, Carlos Soria envió a la Legislatura el proyecto de equiparación salarial entre los titulares de los tres poderes.

El 15 de diciembre del 2011 esa iniciativa se convirtió en la Ley 4.717.

En su artículo 1, esa norma argumenta que esas tres personas “deberán percibir retribuciones en un grado de equiparación, en razón de la tarea que desarrollan y el grado de responsabilidad que el ejercicio de sus funciones conlleva”.

Soria nunca pudo ver cumplida esa igualdad y tampoco una de las frases de su discurso de asunción: “Mis funcionarios ganarán mucho, porque trabajarán mucho”.

Su idea estaba plasmada en un proyecto de decreto que asignaba a los ministros un 80% de la remuneración del gobernador (unos $ 32.000 en ese momento); los secretarios un 65%, los subsecretarios un 50% y los directores un 40%.

Actualmente, el Digesto provincial indica que la Ley 2.397 tiene un texto consolidado, que unifica los conceptos de las normas aprobadas en el 2011 y en 1990. En el artículo 1 se define la equiparación y en el artículo 2 se otorga la facultad de regular las bonificaciones y adicionales de manera independiente por cada poder.

Lo contradictorio es que esa ley está vigente, pero no se aplica.

Ya en el 2014 quedó fuera de foco, cuando el exgobernador Weretilneck anunció un ajuste, que incluía la reducción de un 15% en los salarios políticos y la promesa de un gabinete con la mitad de funcionarios, dejando esa cifra en 170.

Los siguientes seis años fueron con idéntica discrecionalidad e independencia entre los tres poderes, llegando a este 2020 con una brecha superior al 100% entre el sueldo de un juez del STJ y el de la gobernadora.
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Cómo se conforma el sueldo de un juez del STJ

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De acuerdo a un informe remitido meses atrás por el Poder Judicial a Río Negro, los distintos rubros que componen la remuneración de un juez del STJ y del Procurador General, son: Asignación de Cargo; Ajuste Artículo 199-4 C.P.; Artículo 110 C.N. para juez del Superior Tribunal/Responsabilidad Funcional para Procurador; Responsabilidad Jurisdiccional; Responsabilidad Jerárquica; Resolución 131/06 y Resolución 768/12.

Sobre la suma de esos importes se liquida la bonificación por antigüedad, la que se denomina Experiencia Profesional, y se calcula a razón del 2 % por año contando a partir de la fecha de título o de la antigüedad en la administración pública, la que resulte más conveniente para el trabajador.

Sobre el total obtenido se liquida el 40 % en concepto de Zona Desfavorable, conforme la Ley 2.217.

Transcurridos dos años en el cargo se liquida la bonificación Permanencia en el Cargo, que equivale al 10 % de la Asignación de Cargo más el Ajuste Artículo 199-4 C.P, sobre la que luego se calcula Antigüedad/Experiencia Profesional y Zona Desfavorable.

Para obtener el neto, a la suma de los conceptos se deduce un 16 %, por Aportes Previsionales del 12 % (Ley 4.449 que aprobó la adhesión a la Ley 24.018) y Aportes al Ipross del 4 %, además de $ 173 para el IAPS.

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Cuánto les corresponde a jueces y funcionarios

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Los sueldos de los jueces del STJ son determinantes para el resto de los agentes que componen la planta de magistrados y funcionarios, ya que cada uno de ellos percibe un porcentaje de la remuneración de las autoridades superiores.

La distribución es la siguiente:

• Defensor General, Fiscal General, Juez del Tribunal de Impugnación: 87 %

• Juez de Cámara, Fiscal de Cámara, Juez de Juicio, Secretarios STJ y de la Procuración General: 82,66%.

• Juez de Primera Instancia, Juez de Garantía, Juez de Ejecución Penal, Agente Fiscal, Defensores Pobres y Ausentes, Defensores de Menores e Incapaces, Defensores del Fuero Penal: 65,97 %.

• Secretario de Cámara: 50,24 %.

• Secretario de Primera Instancia, Adjunto de Fiscalía y de Defensoría: 48,70 %.

• Juez de Paz, Jefe de Departamento: 42,81 %.

• Jefe de División: 39,39 %.

• Oficial Superior de Segunda: 35,96 %.

• Jefe de Despacho: 34,59 %.

• Oficial Mayor: 27,45 %.

• Oficial Principal: 24,95 %.

• Oficial: 23,25 %.

• Oficial Auxiliar: 21,41 %.

• Escribiente Mayor: 20,94 %.

• Escribiente: 18,42 %.

En el escalafón de servicios generales y mantenimiento, los porcentajes son:

• Auxiliar Superior: 26,63 %.

• Auxiliar Mayor: 23,11 %.

• Auxiliar de Primera: 20,80 %.

• Auxiliar de Segunda: 18,27 %.

• Auxiliar Ayudante: 16,87 %.

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La autoliberación de Ganancias

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El Impuesto a las Ganancias no alcanza -mayormente- a los mayores haberes del Estado rionegrino.

La Justicia se autoexcluye, basada en la intangibilidad salarial de sus magistrados y funcionarios, pero además lo hace extensivo a la totalidad del personal.

Los únicos alcanzados son quienes asumieron a partir del 2017, excluyendo -otra excepción más- a los que ya tenían un cargo en ese poder.

La Legislatura y los órganos de control también se liberaron del tributo, a partir de un diseño en la reformulación de su estructura salarial y de calcular el monto imponible sobre un valor tan bajo que lo deja afuera del impuesto.

En el 2000, el Tribunal de Cuentas marcó el camino con la resolución N° 6, que entendió que el 60% de la asignación al cargo equivale a “reintegro de gastos” por compensación jerárquica. Fue el inicio del proceso y de normas posteriores de autoexclusión, seguida por sus pares y por la Legislatura.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo, a cargo de Miguel Saiz, emitió el decreto N° 692/00 que, con igual criterio, reducía la base imponible para abonar Ganancias y repartía al sueldo en adicionales por “por representación, responsabilidad jerárquica, viáticos, movilidad, gastos funcionales, dedicación exclusiva o desarraigo”, y de “otros conceptos de similar naturaleza”.

La Legislatura, con las resoluciones N° 148/04 y N° 307/09 perfeccionó el apartamiento con sus propios conceptos no alcanzados.

El año pasado, el Consenso Fiscal y su tratamiento legislativo desnudó a esos sectores exentos de la obligación tributaria. Ocurrió que el gobierno provincial firmó aquel compromiso donde Nación establecía para este año que se debía aplicar Ganancias a la totalidad de los estatales. Aparecieron reclamos de los judiciales y legislativos. Los primeros quedaron directamente excluidos y la Legislatura aprobó ese convenio, fijando un plazo de hasta 240 días para que el Ejecutivo implemente los “compromisos derivados” del acuerdo con Nación.

Finalmente, nada ocurrirá porque el Consenso Fiscal se cayó, algo que fue ratificado en la última sesión parlamentaria.

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