La ofensiva judicial



Parecería que la Justicia se puso en pie de guerra antes de terminar la campaña electoral. Para indignación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que lo atribuyó a la supuesta voluntad de quien sería su sucesor, Mauricio Macri, de “hacer la devaluación por la vía judicial”, el juez federal Claudio Bonadio ordenó el allanamiento del Banco Central por efectivos de la Policía Metropolitana. Al día siguiente, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dio lugar a una cautelar de Papel Prensa para privar a la Comisión Nacional de Valores de la facultad de intervenir empresas al designar veedores con poder de veto, mientras que poco después la Sala II de la misma cámara declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura, ya que a su entender hay en él un superávit de políticos. Puede que tales decisiones y otras parecidas sean más que razonables, pero el que las hayan tomado en vísperas del balotaje no ayudará a restaurar la reputación del Poder Judicial. Aunque siempre ha sido notoria la propensión del oficialismo a perseguir por todos los medios a aquellos miembros de lo que Cristina Fernández califica de “el Partido Judicial” que se resistían a plegarse a su “proyecto” y no cabe duda de que la pasividad resultante ha contribuido al desprestigio de la Justicia, también la desacreditará lo que muchos tomarán por un exceso de oportunismo motivado, es de suponer, por la sensación de que el ciclo kirchnerista ya había concluido. Cuando de la Justicia se trata, las impresiones importan. Desde el punto de vista de la mayoría, hay una diferencia muy grande entre la dejada por el juez Bonadio y otros magistrados que pusieron en peligro sus propias carreras procurando investigar la corrupción cuando el gobierno de Cristina aún conservaba la capacidad para hacerles la vida imposible y la ocasionada por quienes acaban de fallar en contra de los intereses oficiales. Por lo demás, si bien es de suponer que el presidente electo Macri y sus aliados de Cambiemos coinciden en que el gobierno kirchnerista pisoteaba los derechos ajenos al intentar incorporar a su “proyecto” muchas empresas privadas y que se oponen a la politización grosera del Consejo de la Magistratura, preferirían que la Justicia se encargara de remediar esas distorsiones semanas después de la asunción del próximo gobierno aunque sólo fuera con el propósito de motivar menos malentendidos. En nuestro país es tradicional que al acercarse un cambio político comience a ponerse en marcha una campaña vigorosa contra la corrupción. Por ser tan graves y tan convincentes las denuncias acerca del enriquecimiento ilícito de muchas personas, entre ellas Cristina Fernández, que nos han gobernado desde mayo del 2003, es de prever que pronto proliferen las causas en tal sentido. Para defenderse de quienes nunca han ocultado su deseo de verlos obligados a rendir cuentas ante la Justicia, la para entonces expresidenta y sus allegados querrán movilizar a sus simpatizantes afirmándose víctimas de prejuicios políticos inaceptables, lo que les sería más fácil si el grueso de los magistrados cambiara de actitud de golpe. La convicción generalizada es que la Justicia dista de ser independiente porque demasiados magistrados se han acostumbrado a acompañar al gobierno de turno por entender que no les convendría merecer su desaprobación. Macri y otros dirigentes de Cambiemos juran que se esforzarán por asegurar que en adelante la Justicia desempeñe el papel previsto por la Constitución, ubicándose por encima de las luchas políticas. Para lograrlo, empero, tendrían que persuadir a todos los miembros de la “familia judicial” de que les corresponde obrar sin prestar atención a las preferencias del gobierno nacional. En las últimas décadas, demasiados se habituaron a privilegiar su propia relación con el poder político en desmedro de su presunto compromiso con el Estado de derecho. Aunque sería poco realista exigirles a todos los jueces pasar por alto sus lealtades políticas o ideológicas, ya que muchos, como los demás ciudadanos, se sienten identificados con corrientes determinadas, sería positivo que en la nueva etapa que ya se ha iniciado por lo menos trataran de anteponer el respeto por la ley a sus preferencias personales.


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