La profesionalización de la administración pública

Aleardo F. Laría

En numerosos estudios y documentos de organismos internacionales se pone énfasis en la necesidad de que, para ganar competitividad, los países deben impulsar procesos de modernización y profesionalización de sus administraciones públicas. Como toda recomendación abstracta, no siempre es posible conocer el modo de bajar esta propuesta a la realidad. Sin embargo, una noticia perdida entre otras, provenientes de la prensa española, puede ser útil para revelarnos el significado práctico que encierra esta recomendación. Según la noticia que nos sirve como punto de referencia, un total de 40.266 titulados universitarios fueron convocados el pasado sábado en España para cubrir una de las 7.845 plazas de Formación Sanitaria Especializada. El objetivo es, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “aumentar la calidad en la selección de los profesionales” que van a formar parte de la administración sanitaria del Estado. Del total de plazas, 6.389 son para médicos, 963 para enfermeros, 229 para farmacéuticos, 128 para psicólogos, 39 para biólogos, 31 para radio-físicos y 22 para químicos. El personal que resulte seleccionado estará sujeto a un régimen de residencia en los hospitales públicos, bajo tutoría, por un período que puede oscilar entre dos y cinco años. De este modo obtienen la calificación de especialista en la rama elegida. Para determinar la puntuación, cuenta el expediente académico en un 10% y el 90% restante es el resultado de la nota obtenida en el examen. Además, para calificar, deben superar la nota de corte, es decir deberán obtener una puntuación mínima del 30% de la media obtenida por los diez mejores exámenes. Otra de las novedades de esta convocatoria es la reserva de un 7% de las plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%. Las preguntas para el examen, unas 225, deben ser contestadas en el mismo tiempo de resolución –cinco horas– para todos. Las pruebas selectivas se realizan de forma simultánea a la misma hora en 560 mesas de examen distribuidas en 21 localidades españolas de las 17 comunidades autónomas, bajo estricta vigilancia de los organizadores. Según el Ministerio, la oferta aprobada garantiza la reposición de las vacantes por jubilación que se producirán en los próximos 15 años en todas las titulaciones. Varias son las consideraciones que cabe formular sobre el sistema empleado para la selección del personal que pasará a integrar este sector de las administraciones públicas. La primera, como resulta obvio en un sistema de selección tan riguroso, no existe posibilidad alguna de que alguien resulte seleccionado por ser familiar, amigo o socio de un dirigente político. Aquí no cuentan las pautas de clientelismo, nepotismo y afinidades políticas que son tan habituales en nuestro medio. La nota obtenida, reflejada en las listas que luego se hacen públicas para garantizar la transparencia del procedimiento, es el único criterio objetivo de selección. La segunda observación resulta bastante obvia. Las personas seleccionadas son, en principio, las más preparadas y capacitadas, sin perjuicio de que luego tengan que completar esta formación a través de un sistema de prácticas hospitalarias. De este modo la administración se prepara para ofrecer unos servicios de mayor calidad, dado que la prestación de los servicios públicos queda en manos de los profesionales más aptos. Por otra parte, las elevadas exigencias del sistema de oposición, que obliga a los concursantes a preparar sus exámenes invirtiendo mucho tiempo de estudio –algunos hasta dos años adicionales, una vez terminada su carrera– constituye una vacuna contra cualquier forma de corrupción. Téngase presente que este sistema de selección se utiliza también para designar policías, inspectores fiscales, inspectores de trabajo, de aduana, etc., o cualquier otro funcionario público que eventualmente pueda llegar a cumplir funciones de vigilancia. Nadie que ha tenido que invertir tanto tiempo y esfuerzo en obtener una plaza de estas características se muestra luego dispuesto a arriesgarla en una operatoria ilegal. En América Latina los esfuerzos dirigidos a la modernización de las administraciones públicas han sido recogidos en diversos encuentros internacionales. Después de la declaración doctrinaria titulada “Una Nueva Gestión Pública para América Latina”, del año 1998, se produjeron los siguientes acuerdos: Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003), Código Iberoamericano de Buen Gobierno (2006), Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007), Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (2008) y Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009). A pesar de que Argentina acompañó y en muchos casos lideró algunas de estas declaraciones firmadas por los países de la región, luego nunca aplicó estas recomendaciones. La administración pública en Argentina conserva rasgos anacrónicos que no se compadecen con las necesidades de un país moderno. Sabido es que los bienes públicos más sensibles para todos los ciudadanos, y en especial para los sectores más humildes –como la salud, la educación y el transporte–, no se brindan en condiciones de calidad y universalidad. Por otra parte, se verifica un alto grado de formalismo burocrático que arroja como resultado un conjunto de normas y procedimientos innecesariamente complejos que dificultan el acceso de los ciudadanos para obtener un servicio o acceder a un derecho garantizado. Estas deficiencias suponen un grave obstáculo para el esfuerzo de inserción de nuestro país en un mundo complejo y altamente competitivo como el actual. El aparato público no es en Argentina, como debiera ser, un dinamizador de oportunidades sino que, por el contrario, deviene en un pesado lastre que no permite aprovechar las oportunidades que se presentan. Finalmente, la ineficiencia de la administración retroalimenta un sistema perverso: cuando las administraciones públicas no hacen una utilización racional y eficiente de los recursos que los ciudadanos, a través de los impuestos, ponen a su disposición, incentivan el exit, es decir la elusión fiscal. Esta suerte de efecto demostración es una de las causas que explican la persistencia de tantos comportamientos anómicos que predominan en nuestra sociedad.