La prórroga del cerro Catedral sigue frenada en la justicia
Los dirigentes del Frente de Todos, Ana Marks y Daniel Natapof, aseguraron que continuarán adelante con la demanda judicial que mantuvo frenada hasta ahora la firma del contrato entre el municipio y la empresa Capsa pese a la desistimiento del legislador Alejandro Ramos Mejía.
Los codemandantes Ana Marks y Daniel Natapof seguirán adelante con la causa. Foto: archivo
Los exconcejales Ana Marks y Daniel Natapof aseguraron que continuarán adelante con la demanda judicial que mantuvo frenada hasta ahora la firma del contrato entre el municipio y la empresa Capsa que garantizaría a la empresa la explotación del cerro Catedral hasta 2056.
La ratificación se dio luego de que se conociera que el legislador Alejandro Ramos Mejía decidió dar marcha atrás.
«Nos sorprendió pero habrá que preguntarle a él por qué tomó esa decisión. Ya lo venía conversando pero lo que no hizo fue notificarnos. Hoy estamos en medio de un proceso judicial y no hay ninguna instancia que amerite tomar otra definición de la que tomamos en ese momento», afirmó Marks.
Insistió en que más allá de la marcha atrás de Ramos Mejía, fueron cuatro personas las que presentaron la medida judicial. «La interpretación más correcta es que siga la cautelar porque estamos en el marco del expediente. Esa definición la tomarán los jueces«, manifestó.
Natapof reconoció que en la campaña electoral municipal se enteró que «Ramos Mejía estaba tratando de llevar a los Vecinos Autoconvocados por Catedral a una reunión con Gennuso«. Pero indicó que ese encuentro «no prosperó».
«En ese momento, ya operaba para desarticular el juicio. Me llamé a silencio porque estábamos en campaña. Después me enteré que Ramos Mejía, en acuerdo con Capsa y el municipio, había pedido una audiencia a la Cámara para buscar un posible acuerdo. Este pedido fue ocultado a los tres codemandantes», relató el dirigente del Frente de Todos.
Explicó que la audiencia se llevó a cabo el 10 de octubre. «Acudí con mi apoderado legal porque entendí que el abogado designado por Ramos Mejía no me ofrecía garantías. En esa audiencia, hasta el presidente Cuellar manifestó su asombro por el pedido de audiencia«.
Al igual que Marks, Natapof consideró que «el desestimiento de Ramos Mejía es una decisión individual que no afecta el curso de la causa. Ese acuerdo no tiene ningún valor legal. Es un acuerdo entre un legislador y la empresa«.
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