La Reginense: el presente conflictivo de una insignia local

Nació como un símbolo de prosperidad de los pioneros de la antigua colonia Regina y pronto supo convertirse en un verdadero icono que supo brillar con el propio fulgor de la Perla del Valle. Pero tras 92 años anunció su cierre a comienzos de diciembre, luego de más de un año de irregularidades, sueldos adeudados y un conflicto en franca escalada.

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La semana pasada el jefe comunal se reunió con el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre Roig. El diálogo se orientó a encontrar una manera de concretar el pago de los salarios atrasados y volver a poner en funcionamiento a la producción.

“Mi tarea es gestionar y me intereso en que no se pierda a La Reginense”, comentó Marcelo Orazi, mandatario local. A través de la reunión se espera que Nación aporte una suma onerosa de dinero para poner a punto a la fábrica. En lo inmediato se necesitan cinco millones de pesos para regularizar la situación de los empleados.

Orazi destacó su preocupación por el mantenimiento de uno de los hitos de la localidad dada su importancia histórica y pese a tratarse de una entidad privada. También resaltó que la relación con los trabajadores no se perdió, pese al malentendido surgido a raíz de la suspensión de la Fiesta de la Sidra prevista para el 18 y 19 pasados.

“El vínculo quedó bien, pero hay mucha gente que tomó esto como una cuestión política para beneficio propio y no fueron los empleados. A ellos se les ofreció un stand para su reclamo y formar parte del desfile de carrozas. Intervino gente de afuera y se generó un clima muy raro en que no podíamos exponer a familias y feriantes”, subrayó el intendente.

Durante la semana previa a la suspensión, los actuales socios de la marca iniciaron acciones legales contra los empleados, luego de que estos impidieron la venta de cerca de 63 mil litros del caldo de producción. Según la actual administración con esos fondos se esperaba recolectar entre 2 o 3 millones de pesos que se destinarían al pago de mensualidades.

“Fuimos y nos opusimos. Dijeron que quisieron vender para pagarnos pero ellos quieren todo para sí mismos”, denunció Ricardo Marín, guardia de seguridad. El hombre, que lleva 30 años prestando servicio, es uno de los más activos dentro del grupo de auto convocados.

En la actualidad son siete las personas que llevan adelante las protestas, todos ellos pertenecientes a planta permanente. La mayoría del personal temporario fue abonado, aunque no en su totalidad.

“Yo me crié ahí adentro, mis papas son jubilados de la empresa. Venimos reclamando durante 12 meses por nuestros salarios y nos colocan en un papel de malos”, mencionó Marín.

Durante los últimos meses se realizaron diferentes acciones y charlas con los diferentes gobiernos. Pero desde la agrupación rescatan que las respuestas no son del todo satisfactorias.

Desde hace dos años se vienen denunciando malos manejos por parte de la gestión actual. En 2019 la empresa fue intervenida por resolución de la justicia y partir de un pedido formulado por la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia. La medida, que instauró a José Esteban Pérez como supervisor, fue vista como un bálsamo ante el caótico contexto.

“Estábamos contentos porque pensamos que íbamos a cobrar todos los meses. Nos duró poco la alegría, no se hizo nada”, añadió Marín.

Quizá el mayor problema es la tensa relación que poseen con Pérez, quién luego de terminada la intervención quedó como socio del directorio.