La salud bajo la mira

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ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

La reciente inauguración de un hospital escuela odontológico en Allen es una excelente noticia para Río Negro. Durante demasiado tiempo, la provincia desperdició oportunidades de incrementar la interacción entre el ejercicio profesional y la enseñanza de las disciplinas médicas, dejando de lado una tradición en la organización de residencias médicas que en otro tiempo ha sido motivo de orgullo. Hoy, el subsistema público de Salud en Río Negro presenta dificultades operativas, varias de ellas vinculadas con la gestión de recursos humanos y la dificultad de brindar a los profesionales –sobre todo a los especialistas de calidad– salarios y condiciones laborales comparables con aquellos a los que pueden aspirar en el subsector privado. Esta semana, la cuestión adquirió trascendencia al conocerse que está siendo investigada la muerte de cuatro pacientes hospitalarios por su presunta relación con la demora o la prestación ineficiente o defectuosa de atención y cuidados profesionales. La penosa circunstancia coincidió con varias situaciones en otros hospitales, también vinculadas con temas de gestión. • En Maquinchao, presión del sector político derivó en la renuncia del director del hospital, con consecuentes efectos de inquietud entre el personal y los pacientes. • En Sierra Grande, la escasez de médicos afectó el servicio de guardias. • En Bariloche se suspendieron las cirugías programadas en el hospital local porque sólo uno de los tres quirófanos cuenta con el equipamiento adecuado. • En Dina Huapi, la muerte de un paciente derivó en el pedido de mayor complejidad al establecimiento local. • En Roca, un paciente de Salud Mental internado desde hace cinco años en sala común prendió fuego el colchón de su cama y casi genera una tragedia. En el particular clima previo a las elecciones parlamentarias del próximo mes, la naturaleza sensible del tema vinculado con la salud pública resonó enseguida en el ámbito político, que pronto convirtió la cuestión en terreno fértil para los cruces y críticas. Legisladores de la Alianza Concertación vincularon en un pronunciamiento la muerte de cuatro pacientes y la fuga de varios internos de cárceles provinciales para arribar al diagnóstico de un “gobierno ausente”; la legisladora Magdalena Odarda presentó un pedido de informes sobre el estado de los hospitales; y el plenario de ATE realizado esta semana en Choele Choel cuestionó las recientes muertes hospitalarias atribuyéndolas a “la falta de recursos y personal”. Por otra parte, equipos e insumos han sido provistos y, hace apenas unos días, el gobierno informó sobre la compra de 19 ambulancias –cinco de alta complejidad– y aparatos diversos para hospitales. Resulta difícil concluir si la situación de los hospitales rionegrinos es hoy mejor o peor de lo que fue en los últimos años del gobierno anterior, aunque sin esfuerzo es posible recordar objeciones igualmente graves. A simple vista, se advierte que el bloque radical obvió mencionar cualquier relación propia con la deficiencia en la estructura y la gestión de los servicios que presta el Estado rionegrino. No obstante, mencionó ciertos aspectos que pintan de un modo cabal las dificultades que el gobierno actual tiene para revertir de manera ágil y eficaz esas falencias: la subejecución de partidas presupuestarias supone que la gestión de Alberto Weretilneck todavía no ha logrado imprimirle al Estado una dinámica de eficiencia acorde con la premura de las necesidades existentes. Y, de modo inversamente proporcional, las únicas partidas que crecen aun por encima de lo presupuestado son aquellas destinadas al pago de sueldos y asignaciones a contratados de designación política. Según el comunicado de la UCR, para Infraestructura Carcelaria, la Secretaría de Seguridad tiene autorizado un presupuesto de $ 59.256.632 y hasta agosto gastó sólo $ 1.743.416; la Jefatura de Policía sobre un presupuesto para Bienes de Uso de $ 24.885.617 ha ejecutado nada más que $ 2.939.471; el Ministerio de Salud en Bienes de Uso dispone de $ 18.317.000 y ha ejecutado sólo $ 1.082.000; para el Prozome (exceptuando Personal) se votó un presupuesto de $ 4.941.323, lo redujeron a $ 3.385.823 y sólo se gastó en ocho meses $ 427.142. En cuanto al Ministerio de Desarrollo Social, en el subprograma de Emergencia Social tiene disponibles $ 9.473.274 y a agosto ha ejecutado $ 387.379 y en el de Jóvenes en Conflicto con la Ley, la Legislatura votó un presupuesto de $ 3.477.000, se redujo a $ 1.941.700 y se usaron hasta ahora $ 253.600. De ser exactos estos datos, revelarían que no basta acceder a un cargo para ser eficaz en su desempeño. Bariloche y después La asunción de María Eugenia Martini como intendenta electa en Bariloche fue, esta semana, el broche final para un año con fuerte controversia política en la principal ciudad de la provincia, desde que los saqueos producidos en diciembre pasado sellaran la suerte del entonces jefe comunal Omar Goye. Al participar el jueves de la puesta en funciones, el gobernador buscó dar también por cerrado el período de la confrontación, en el cual se llevó la peor parte. Su partido perdió allí, quedando tercero en el cómputo de votos. Después de eso, se negó, a nivel local, a acompañar desde el gabinete la gestión de la intendenta, pese a que en la provincia el Frente Grande y el justicialismo son socios en el Frente para la Victoria. El jueves, la alianza de gobierno se mostró unida, y la foto enmarcó a los sectores en la imagen de Weretilneck, Miguel Pichetto y María Emilia Soria. Ahora, en lo que resta del año, dos nuevos desafíos electorales desvelan al gobierno y pondrán a prueba esa unidad: • El próximo 15 de octubre, el gremio docente Unter votará para renovar su comisión directiva, actualmente en manos del barilochense Jorge Molina, quien aspirará a mantener el cargo en el cual reemplazó a Marcelo Mango, actual ministro de Educación de la provincia. La oposición en el sindicato busca diferenciar al gremio docente de la cercanía con el gobierno, para lo cual impulsa para la conducción al roquense Mario Floriani, actual secretario general de la seccional Roca e integrante del sector Azul-Arancibia. “Necesitamos que el sindicato no tenga relación directa con el gobierno de turno, necesitamos un gremio con independencia”, afirma el dirigente. La primera “batalla” la ganó su sector, que logró revertir la designación de una Junta Electoral afín a la conducción de Molina, que no cumplía con la exigencia estatutaria de ser avalada por el congreso sindical. • La última elección del año será la parlamentaria del 27 de octubre. Allí, tanto el Frente para la Victoria como el radicalismo y la Coalición Cívica-ARI apuestan a crecer respecto de las cifras obtenidas en las PASO. La campaña comienza en estos días y dirá mucho respecto de la solidez interna y consenso social de esas propuestas.

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