Las promesas de Bachelet
En todas partes es normal que, mientras estén en campaña, los candidatos presidenciales prometan demasiado. Si ganan, no les queda más alternativa que la de tratar de atenuar las expectativas que ellos mismos se las han arreglado para estimular, lo que por lo común no les resulta difícil si, como es el caso en Chile donde la centroizquierdista Michelle Bachelet reemplaza al centroderechista Sebastián Piñera, el gobierno saliente es de otro signo político. Con todo, el que durante los cuatro años de la gestión de Piñera la economía chilena haya crecido el 5,4% anual, un ritmo muy respetable, y se hayan creado un millón de empleos, ya le ha planteado algunos problemas. Estarán en lo cierto los economistas del equipo de Bachelet que señalan que le ha tocado iniciar su segundo período en La Moneda justo cuando parece que está llegando a su fin una etapa en que el precio del cobre alcanzó un nivel insólitamente alto, de suerte que el año pasado las exportaciones proporcionaron al país más de 44.000 millones de dólares, pero de ralentizarse la expansión económica como muchos prevén, al nuevo gobierno le correspondería pagar los eventuales costos políticos. Los chilenos se han acostumbrado al éxito y sorprendería que atribuyeran la desaceleración prevista a factores internacionales que ningún gobierno estaría en condiciones de modificar. Además de tratar de asegurar que Chile logre esquivar la “trampa de los países de ingreso medio” que, para desconcierto de sus gobernantes, no consiguen superar la brecha a primera vista pequeña que los separa de los ricos porque lograrlo exigiría cambios estructurales políticamente costosos, Bachelet aspira a llevar a cabo una reforma educativa ambiciosa que le permitiría combinar la calidad con la “gratuidad total” de la educación universitaria. Aunque los compromisos en tal sentido la han ayudado a congraciarse con los estudiantes, cuyas grandes movilizaciones callejeras contribuyeron tanto a desprestigiar al gobierno de Piñera, honrarlos podría resultarle imposible. Mal que bien, la educación universitaria cuesta mucho dinero y calificarlo de “un derecho social”, no un “bien de consumo”, como ha hecho Bachelet, no sirve para abaratarla. Por lo demás, no sólo en Chile sino también en otros países han aumentado mucho en los años últimos los costos de la educación terciaria, sobre todo la científica. Para pagarlos, en América del Norte y buena parte de Europa se ha establecido un sistema mixto en que hay becas para los estudiantes más talentosos que carecen de recursos y préstamos para los demás, con el resultado de que en Chile, lo mismo que en Estados Unidos y en algunos países europeos, al graduarse, muchísimos estudiantes se ven sobrecargados de deudas onerosas de las que nunca lograrán liberarse a menos que cambie radicalmente el panorama laboral. Es positivo que los chilenos hayan hecho de la educación un tema fundamental y que hayan subrayado la importancia de la calidad, pero por desgracia no existen soluciones tan sencillas para los problemas más evidentes como parecen creer Bachelet y sus partidarios. En comparación con otros países de la región, Chile se encuentra en una situación envidiable. Ha progresado mucho en las décadas últimas al adherirse sus gobiernos, mayormente de la centroizquierda, a un “modelo” nada populista que le ha permitido superar a la Argentina en virtualmente todos los ámbitos. Pero, claro está, merced a los éxitos que se han anotado, la sociedad se ha hecho mucho más exigente; a diferencia de sus equivalentes en otras partes de América Latina, los rezagados ya no están dispuestos a resignarse a la pobreza y los integrantes de una clase media creciente tienen aspiraciones similares a los de sus contemporáneos en los países considerados ricos. Satisfacer de golpe las aspiraciones más urgentes, fijándose una cincuentena de metas programáticas para los primeros cien días de gestión como ha hecho Bachelet, no sería del todo fácil aun cuando la coyuntura internacional –o sea el precio del cobre– resultara ser mucho más favorable de lo que vaticinan los optimistas. Es probable, pues, que el nuevo gobierno pronto se vea constreñido a abandonar algunas de las reformas que tiene en mente y demorar otras, achacando las eventuales decisiones de tal tipo a las deficiencias que atribuiría a la gestión de Piñera.
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