Ley, derechos y democracia, un vínculo inseparable

OPINIÓN

Para aquellos que por una cuestión de edad no padecieron la dictadura ni vivieron el avenimiento democrático y su asentamiento, es necesario resaltar la conexión que tienen el respeto de la ley, los derechos consagrados y la subsistencia del sistema democrático. Desde el inicio democrático existió la preocupación de conjurar cualquier atisbo de reposición de algún sistema que subvierta el orden constitucional. Así se dictó la ley de Defensa de la Democracia Nº 23077, que en su articulado modificó el Código Penal, consagrando penas para aquellos que atenten contra el sistema democrático o que colaboren en los diferentes cargos si se produce una alteración del sistema democrático. Se estableció incluso la suspensión de la prescripción de las causas durante el tiempo que dure ese atentado. Asegurada esta línea, el avance más grande hacia la reafirmación democrática es la reforma constitucional de 1994. Allí se incorporaron, como parte de nuestra Constitución, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que nuestro país había suscripto, aceptando incluso que nuestra Justicia no sería la última en revisar la violación o no de estos derechos sino que sería un organismo internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sólo nuestro país vivió dictaduras sino que muchas naciones latinoamericanas vivieron la misma amarga historia. Por eso también buscaron mecanismos para reafirmar la democracia en la región y para aventar los sistemas que no respetan la democracia. Es así que los países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos el nuestro, suscribieron en el 2001 la Carta Democrática Interamericana, que establece que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y, a su vez, el importante nexo que tienen para la democracia, entre otras cuestiones: a) la responsabilidad de los gobernantes, el respeto por el Estado de derecho por parte de las autoridades constituidas; b) el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales que son consagrados en las Constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales; c) el desarrollo económico y social. Estableció un mecanismo para el caso en que se altere el orden democrático en alguno de los Estados miembros. Así como debe respetarse la división de poderes, deben respetarse las leyes vigentes y más aún cuando las mismas reglamenten garantías constitucionales o plasmen, en el derecho local, derechos y garantías consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos que nuestro país se comprometió a cumplir. Por ello no puede admitirse que las autoridades, que deben tutelar esos principios y ser las primeras que los respeten, “interpreten” la ley de cualquier manera. Aun apartándose directamente de su claro contenido. Menos aún debe admitirse la invocación y representación de valores tuitivos de la sociedad. Esto porque importa una grave contradicción, pues si no acata la letra de la ley, no habrá garantías de respeto de las demás leyes, incluso las que protegen a la sociedad. Lo que en realidad prevalecería es la voluntad del “intérprete”. Si se respeta la división de poderes, los gobernantes gobiernan, los legisladores legislan y los jueces juzgan. Todos estamos sometidos al respeto del Estado de derecho y quienes deben aplicar la ley no pueden interpretarla negando su contenido o anulándolo de hecho. Hay que aventar todo intento de quienes se salen de los carriles estatuidos, sea que se atribuyan poderes de los otros poderes del Estado, sea que crean que son ellos los intérpretes de la voz del pueblo y quieran manifestar que la ley dice lo que no dice. Esta prevención está ligada al Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, y por eso unida íntimamente con la democracia. Ésta no es una idea trasnochada o forzada de quien escribe, sino una preocupación interamericana, plasmada en el documento referido. Es por eso que las comparaciones entre quienes quieren negar el contenido de las leyes y los períodos dictatoriales no son sólo una metáfora. Por el contrario, recuerdan lo que significó en el pasado la negación de la ley y enaltecen el respeto de la ley como esencia del Estado democrático. También es necesario remarcar esto para las nuevas generaciones que nacieron en democracia; cuando se olvida la historia, y se considera que, dado un supuesto estado de descontento, es propicio atribuirse potestades de custodio e intérprete de las voluntades de la sociedad para desconocer la ley, se daña a la democracia y se cae en el terreno de la ilegalidad. Esto no debe tomarse como una suerte de paranoia por lo sucedido en el pasado sino que, por el contrario, sirve para mantener la memoria como reaseguro contra toda medida estatal autoritaria que en otra época significó la pérdida de la libertad, de la dignidad, incluso de la vida. Esta visión de reaseguro debe primar con los derechos y garantías, que a todos nos protegen. De allí que, ante el no respeto de las leyes que los consagran, importa su negación. Los operadores del sistema judicial deben ser los primeros respetuosos de la ley porque, si se apartan de su texto o la niegan alegando “interpretación”, desconocen el Estado de derecho y producen la paradoja de colocarse en la misma situación de aquellos a quienes enjuician por quebrantar las leyes. Quienes quebrantaron el Estado de derecho no vinieron de Marte, fueron vecinos de alguno, amigos de alguien, parientes de otros. Fueron hombres de carne y hueso y muchos aún hoy viven. Han tenido hijos y nietos y otros son parte de la historia y, en el fondo, han dominado en un momento a la sociedad, sea por miedo, indiferencia o por consenso. Las personas pueden fenecer pero las ideas quedan y algunos, sin abrevar en el pasado, caen seducidos por la idea de ser quienes interpreten la voz del pueblo y quieran hacer decir a la ley lo que ella no dice. Por ello se debe educar, para no volver al pasado y comprender cuán malsana para la democracia puede ser la negación de la ley. En definitiva, podemos concluir que la ley, los derechos y la democracia constituyen un vínculo inseparable. (*) Defensor de Circunscripción de Neuquén, Ministerio Público de la Defensa.-

DANIEL GARCÍA CANEVA (*)