Libro analiza responsabilidades de actores económicos en el terrorismo de Estado
El trabajo fue coordinado por el periodista Horacio Verbitsky y el cipoleño Juan Pablo Bohoslavsky, jurista experto en deuda soberana de la Unctad.
Un nuevo trabajo revisa los años oscuros de la Argentina
“Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura” es el tratado con el cual el periodista Horacio Verbitsky y el jurista rionegrino Juan Pablo Bohoslavsky buscan ampliar el análisis sobre la dictadura militar instaurada en 1976 en el país, llevándolo hasta las complicidades de empresarios, financistas, sindicalistas y clérigos. El planteo implica conmover el concepto mismo de terrorismo de Estado con que se ha definido hasta ahora la represión ilegal y entender el proceso previo y posterior al golpe como un plan tendiente a “imponer un modelo económico basado en la limitación de conquistas laborales, la reducción relativa del salario, la desindustrialización y la vigorización del sector financiero”.
“El libro pretende contribuir a una narrativa histórica más completa de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en la Argentina, contradiciendo la idea de que se trató de un plan de un puñado de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad que llevaron a cabo por su cuenta una campaña masiva de asesinatos”, afirman los autores. El trabajo será presentado el 14 de septiembre en la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires; el 17 de ese mes en el aula magna de la UNC en Neuquén y el 25 en la casona de Derechos Humanos de Río Negro, en Viedma, con el auspicio de ese organismo y de la Fiscalía de Estado.
Como evidencias de casos de justicia transicional, el libro incluye varios de empresarios procesados por contribuir a desaparecer a sus operarios, víctimas que demandan a los bancos que financiaron a la dictadura, reclamos económicos en el fuero laboral por detenciones en el lugar de trabajo que se convirtieron en desapariciones, sentencias que instruyen investigar la complicidad editorial de diarios, pedidos de procesamiento contra empresarios de medios por manipulación de la información, procesamientos por extorsión de empresarios y usurpación de bienes, la investigación estatal sobre el caso Papel Prensa, la creación de una unidad especial de investigación de los delitos de lesa humanidad con motivación económica en la Secretaría de Derechos Humanos y de una oficina de coordinación de políticas de derechos humanos, memoria, verdad y justicia en la Comisión Nacional de Valores.
Como antecedente, cita la jurisprudencia sentada por el Tribunal Militar de Nüremberg en cuanto a la responsabilidad de empresarios que habían facilitado bienes y servicios a la maquinaria estatal nazi, tesis que no se continuó explorando, en gran medida por la Guerra Fría.
Pero ubica en el proceso de globalización y con el crecimiento de empresas transnacionales el momento en que se advierte “la capacidad inmensa de daño a los derechos humanos” de los factores económicos. Esto explica que en los últimos años se haya avanzado en acuerdos graduales sobre la aplicación de estándares de derechos humanos en empresas, cristalizados en el 2011 en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (informe Ruggie) por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También se han evaluado los problemas económicos que subyacen en conflictos armados y regímenes autoritarios, como el comportamiento de empresas en Kenia, Liberia, Sierra Leona, Sudáfrica y Timor Oriental. Estados Unidos ha sancionado empresas por violar derechos humanos en el extranjero.
En cuanto a la Argentina, los autores señalan que, tras la consolidación de los juicios a militares y policías por la represión ilegal, se focalizó el análisis en cómplices civiles, económicos y eclesiásticos, cuyas contribuciones “hicieron posible, tornaron más fácil o mejoraron la eficiencia en la comisión de tales delitos”, incluyendo en ocasiones complicidades empresariales o económicas.
El análisis jurídico parte de que aportar recursos a un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos implica ayudar a que logre su objetivo. Sobre esa tesis, el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones económicas a tales regímenes para disminuir su efectividad.
En Argentina, el vínculo entre Estado criminal y economía durante la dictadura se centró hasta ahora en la supremacía de las Fuerzas Armadas, pero esto no descarta “que sectores de la economía forjaran el escenario del golpe y su plan económico o llegaran a coparticipar del poder coercitivo estatal para reprimir y delinquir”. El libro alude a casos de desapariciones “a pedido de empresas”, citando al juez que investiga la causa relacionada con el ingenio Ledesma.
Para los autores, tales responsabilidades pueden ser de coautores, socios, instigadores, conspiradores, ejecutores, cómplices o beneficiarios de los delitos.
Citan a Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, respecto de que al juzgar crímenes de lesa humanidad se debe hacer foco en “todos los actores involucrados: líderes políticos y militares, ejecutores y también aquellos que financiaron dichos crímenes”.
“La evolución de la justicia transicional en la Argentina ha llegado a un punto en el que es posible reconocer que la falta de consideración de los factores económicos que contribuyeron a mantener una dictadura crea un peligro cierto de ceguera histórica, que puede resultar en una amnesia que comprometa la promesa del nunca más”, afirman Verbitsky y Bohoslavsky en el prólogo.
Según esta visión, “el gobierno obtenía apoyo económico y político vinculado con la economía de aquellos que precisamente se beneficiaban tanto de las prebendas económicas que les otorgaba el Estado dictatorial –subsidios, exenciones impositivas, eliminación, incluso física; de competidores, negocios corruptos, privatizaciones– como de las condiciones de mercado que generaba la represión de determinados sectores de la sociedad”.
Como ejemplo de ello señalan que la participación de los asalariados en el ingreso nacional bajó del 43 al 22% entre los años 1975 y 1982, a medida que crecía la concentración del sector industrial, cambiaban y se “militarizaban” grandes industrias argentinas y empresas se veían beneficiadas por la reducción de derechos laborales.
El libro busca responder dos preguntas: si las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales deben ser incorporadas a los procesos de justicia transicional y, en ese caso, de qué manera.
En la primera parte, Mariana Heredia y Jorge Taiana desarrollan el marco teórico, en tanto Eduardo Basualdo y Alfredo Calcagno analizan aspectos de la industria y las finanzas en esa época.
Bohoslavsky despliega luego su tesis sobre complicidad de los prestamistas y complicidad corporativa, a lo que se añade el Informe de la Comisión Internacional de Juristas, y el análisis sobre la prescripción de eventuales acciones por complicidad de este tipo.
En la segunda parte se analizan casos de desapariciones “a pedido de empresas”, citando la investigación de los casos Ford y Mercedes Benz; la militarización de la relación laboral –en los casos Acindar y Techint– y el papel de la cúpula sindical en la represión ilegal de trabajadores en la década del 70.
Otro tema avanza sobre la complicidad de cámaras patronales –bajo la mirada de Martín Schorr, Mario Rapoport y Alfredo Zaiat–, se analiza la apropiación ilegal de empresas y la avanzada de la Comisión Nacional de Valores sobre “subversión económica” y se formulan aportes para el estudio del caso Papel Prensa. En cuanto a los medios, Damián Loreti analiza su discurso y negocios “a la sombra” del terrorismo de Estado, mientras que la relación de la Iglesia y la dictadura y la situación del foro de abogados son analizadas por Verbitsky y Claudio Tognonato evalúa “tramas ocultas” con Italia.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar
Archivo Adjunto
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