Llegan los certificados de viviendas familiares

El decreto 358/17 que sancionó el gobierno nacional, a través de Desarrollo Social, esperanza a los miles de cipoleños que viven en los asentamientos. La semana pasada llegaron alrededor de 400 certificados, un documento que determina el lugar de residencia y además posibilita la solicitud de los servicios básicos como la luz, gas y cloaca, según explicó la referente de Barrio Obrero, Lila Calderón. “Esto es un avance, algo positivo. El certificado reconoce nuestros derechos”, señaló.

La certificación de Vivienda Familiar fue el resultado de un relevamiento que realizaron el año pasado varias organizaciones sociales, entre ellas el Foro por la Tierra y la Vivienda de la provincia, el movimiento popular La Dignidad junto a la Confederación de Trabajadores de Economía Popular. El secretario de Gobierno, Diego Vázquez, explicó que la llegada de estos documentos es la primera etapa del trabajo que aún resta, ya que hasta el momento se relevaron más de 20 asentamientos aunque no todos en su totalidad.

Con respecto a los beneficios que apareja la certificación de Vivienda Familiar, en relación a los servicios básicos, el funcionario explicó que posibilita el pedido de éstos. Sin embargo, será cada organismo (o empresa) la que ponga los requisitos para poder habilitarlos, por una razón de factibilidad, remarcó.

Sobre la relación que deberán tener las familias con los propietarios de las tierras en donde esté ubicado el asentamiento, adelantó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado faculta establecer vínculos con los dueños en donde están ubicados los barrios populares. Es por esto que funcionarios locales tienen planificado reunirse el próximo mes con referentes del área.

Lila Calderón explicó que los referentes barriales se reunirán la próxima semana con integrantes del municipio ya que aún faltan censar algunos asentamientos de la ciudad dado que la finalidad es que todos los habitantes de estos sectores sean incluidos.

Por último aseguró que buscan también que se resuelva la situación que viven los habitantes de la zona norte de la ciudad. “Vamos a plantear que se reconozca el decreto y que se comiencen a hacer gestiones para que se plantee la utilidad pública (de la tierra)”, remarcó.

Según el trabajo de relevamiento de las organizaciones sociales, unas 20.000 personas viven en distintos asentamientos

de la ciudad.