Los barrios de Bariloche quieren el canon del cerro Catedral
El intendente dispuso un criterio de reparto de los fondos que no convence a las juntas vecinales y a la oposición. Hay dos proyectos en danza.
La entrega de módulos alimentarios en Bariloche se multiplicó de manera exponencial el año pasado. Archivo
La reserva de una parte del canon que paga Capsa en el Cerro Catedral para realizar inversiones en los barrios del Alto de Bariloche, al menos en la interpretación impuesta por el Ejecutivo, no conformó a nadie y ya existen dos proyectos de ordenanza para ampliar ese monto.
La norma vigente señala que el canon se calcula en función de los pases de esquí. Este año serían 51.250.000 pesos y el intendente Gustavo Gennuso aceptó que la empresa lo pague en varias cuotas. Según la ordenanza 2929/18, “el Departamento Ejecutivo destinará el 30% del canon anual que perciba de la concesión para obras y servicios de infraestructura en los barrios descriptos en las zonas 3A y RB, priorizando a los barrios de Pampa de Huenuleo”.
El enojo de los dirigentes vecinales surgió cuando Gennuso dispuso no aplicar ese 30% sobre el total del canon sino sobre la mitad que va a las Rentas Generales del municipio. El otro 50% corresponde al Ente Regulador de Catedral.
La diferencia no es menor y hay varios millones en juego. De acuerdo al criterio del intendente el fondo se conformaría este año con apenas 7,6 millones de pesos y las juntas pretenden que el cálculo se realice sobre el monto total del canon bruto, antes de cualquier reparto, de modo que les corresponderían más de 15 millones.
Con este último planteo las concejales Julieta Wallace y Roxana Ferreyra (del Frente de Todos) elaboraron y presentaron junto a 18 juntas vecinales un proyecto para aclarar ese punto y otorgar a los barrios el 30% del canon completo.
Pero al mismo tiempo ingresó al Deliberante otra iniciativa que propone completar el fondo para los barrios con el 70% de lo producido por “multas, decomisos y procedimientos sancionatorios, y de los intereses que devengaren”. Los firmantes de esa propuesta son los concejales Gerardo del Río (Partido Unión y Libertad) y Gerardo Ávila (Juntos), ambos a cargo de la representación del Concejo ante el ente regulador.
Wallace dijo que las juntas trabajan muy activamente en el tema y ya tienen incluso un proyecto de inversión para aplicar los primeros fondos. Señaló que presentaron dos proyectos para mejorar el fondo porque no hubo acuerdo, pero que están a tiempo de agruparlos en uno solo. La pretensión de su bloque es que quede para los barrios el 50% del canon total y que el producto de las multas vaya a financiar al ente regulador de la concesión, como ocurre hasta hoy.
La diferencia es que Capsa históricamente no solía pagar esas sanciones económicas y las judicializaba. Ahora, con el nuevo contrato, la conducta sería otra y el municipio podría hacerse con mayor facilidad de esos recursos. El concejal Ávila reconoció que en la etapa anterior la cobranza de las multas “fracasaba, se caían” debido al litigio que había sobre el poder concedente. Dijo que el municipio terminó por resignarlas en el acuerdo del nuevo contrato en el que renunciaron a las demandas mutuas.
Estimó que “en el año en curso las multas y sanciones rondan los 13 millones de pesos”. La desventaja es que se trata de una percepción sobre la cual es difícil hacer un estimado previo, a diferencia de lo que ocurre con el canon.
El concejal del oficialismo dijo que no están de acuerdo en ampliar a cuota a los barrios a partir del mismo canon “para no desfinanciar al Estado municipal” y la solución que encontraron es “reforzar” el fondo con un adicional sobre el 70% de las multas.
Reconoció que “hay otras ideas” y que el oficialismo tiene “apertura” para discutirlas en el seno del Concejo. Àvila subrayó que plantear ahora este debate “es posible porque se parte de la fortaleza que logró el municipio con el reconocimiento de su poder concedente” sobre el cerro.
Un camión porta contenedores
La presidente de la junta vecinal de las 645 Viviendas, Rita Morales, dijo que la aspiración que tienen es que “la mayor cantidad de dinero posible vaya a los barrios del Alto, que están muy postergados”. Cuestionó el cobro en cuotas del canon de este año, del que se enteraron “por dos diarios”, cuando Gennuso firmó la resolución.
“El municipio hace una lectura sobre el reparto de ese dinero que no compartimos -aseguró la dirigente-, El 30% se tiene que calcular sobre todo el pago de Capsa, sin restar lo que va al ente”.
El planteo ya fue defendido en numerosas reuniones por las juntas vecinales de los barrios 645, Cooperativa 258, Unión, Valle Azul, 29 de Septiembre, 2 de Abril. Quimey Hue, 400 Viviendas, Villa Lago Gutiérrez, Nahuel Hue, El Maitén, El Frutillar, Valle de los Ñires, Omega, Los Cerros y Nuestras Malvinas.
Morales aseguró que entre todos decidieron que el primer dinero de la renta de Catedral para los barrios se aplique en la compra de un camión apto para la carga y traslado de contenedores. Explicó que sería una inversión “para todos”, lo cual evitaría priorizar una obra específica, y ayudaría a retirar escombros y residuos de gran porte que no se llevan los recolectores.
“Uno de los reclamos permanentes de los vecinos es que se pueda hacer en toda la zona una limpieza como corresponde -señaló Morales-. Hoy los reclamos son continuos y desde la delegación municipal no hay respuesta, o llega después de varios meses”.
Las miradas de cada sector
El proyecto presentado por la oposición propone un texto aclaratorio que zanja la discusión actual y dice en su artículo primero que “el departamento ejecutivo municipal destinará el 30% de la totalidad del canon único anual de la concesión para obras y servicios de infraestructura en los barrios de las zonas 3A y 3B…”. Agrega que el porcentaje en cuestión “deberá liquidarse íntegramente con la primera cuota del canon”, que por contrato debe ser depositada por Capsa el 15 de agosto de cada año.
A diferencia de esa propuesta, un sector del oficialismo apunta a engrosar el dinero para los barrios con un recurso de monto variable como las multas. El proyecto dice puntualmente que los ingresos del ente regulador se conformarán con el 50% del canon anual “y el 30% de las multas, decomisos y procedimientos sancionatorios, más los intereses y punitorios que devengaren”.
Y en otro artículo establece que el 70% de los recursos generados por la aplicación de las multas y otras sanciones “será transferido por el municipio con destino específico para realizar obras de infraestructura en los barrios descriptos en las zonas 3A y 3B”
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