Los dilemas del Estado

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Con el recrudecimiento de la inflación a lo largo y ancho del país, desde distintos sectores surgen peticiones de que se recorten los gastos del Estado, como una alternativa para morigerar la demanda y enfriar la economía. De hecho, esta postura ha sido incluida ya en las agendas de los más altos niveles de decisión privada. Y, obviamente, se le está prestando mayor atención desde que estalló el conflicto con el campo. Es que, entre otros efectos, el rechazo a las retenciones móviles desató un aluvión de cuestionamientos sobre los criterios con que el gobierno central maneja los recursos federales.

Al respecto, la Casa Rosada viene tomando esas recomendaciones como una oscura maniobra orquestada desde distintos holdings y fogoneada a través de sus respectivos operadores políticos, financieros y periodísticos. En ese sentido, a modo de contraataque, optó por varias conductas de dudosa efectividad. Tuvo que intervenir al INDEC para amordazarlo e insiste en afirmar que no hay subas importantes de precios ni peligro de desabastecimiento. Además, anunció con euforia que «la recaudación tributaria alcanzó en mayo un nivel record, sin parangón alguno en gestiones anteriores…», pero nada dice sobre el continuo crecimiento de sus erogaciones. Lamentablemente todo ello redondea una estrategia que terminará debilitándose por el propio peso de los hechos.

En verdad, hoy resulta imprescindible que nos replanteemos cómo se están usando los fondos públicos. Pero esta revisión de ningún modo implica que el Estado tiene que desaparecer de la economía. Y mucho menos significa que deba caer en tarifazos intempestivos (que ahogarían por completo los presupuestos familiares) o en congelamientos masivos de salarios (receta ésta que ya vivimos en los noventa y que aún nos hace padecer sus secuelas).

No es sobre éso de lo que hablamos, ni de un mero reordenamiento del manejo financiero. Se trata de tomar medidas serias respecto a los sobreprecios que se generan en las distintas cadenas de valor, así como en los circuitos de intermediación. Por ejemplo -y esto fue señalado puntualmente por Lousteau-, los beneficios económicos de las cadenas de supermercados exceden dos y tres veces el nivel alcanzado en otros países (inclusive Chile y Brasil); y ello sólo es posible presionando a miles de pequeños y medianos productores para que acepten venderles a precios deprimidos.

También debe operar con firmeza sobre el excesivo grado de concentración que caracteriza a algunos sectores que producen insumos industriales (acero, aluminio, vidrio, cemento, hidrocarburos, productos químicos, plásticos, cables, envoltorios metálicos). En efecto, la actuación de esos grupos es simplemente oligopólica, lo cual conduce a que tengan una gravitación irreversible en la formación de precios para los demás renglones económicos.

Es indudable que no se puede postergar la adecuación en las tarifas de energía eléctrica y gas, así como en el costo de los combustibles y el transporte público; pero está claro que ello puede realizarse siguiendo una «ruta de ajuste», con lo cual no se generarían convulsiones ni en la producción ni en el consumo. En ese sentido, los subsidios y subvenciones que se orientan a esos rubros (fijados en 25.440 millones para el 2008) tendrían que recortarse escalonadamente durante los próximos 3 años. De hecho, existen experiencias similares en Francia, Italia, Portugal y España, de las que podemos extraer aprendizajes esenciales.

En suma, éste es el contexto -ni más ni menos- al que el gobierno se enfrenta y en el que deberá mostrar su aptitud para gestionar. Al respecto, hoy las partidas del presupuesto nacional se encuentran en el nivel más elevado de los últimos 50 años. Ya en el 2007 el gasto primario consolidado se ubicó en 29,7% del PBI: 239.160 millones de pesos, computadas las erogaciones de la administración central y empresas públicas, los fondos fiduciarios y egresos federales diversos. Si a ello le agregamos los gastos provinciales y municipales, dicha suma asciende a 321.120 millones, sin considerar los intereses generados por la deuda pública en su conjunto. Tales valores resultan preocupantes en una primera lectura; pero es factible reducirlos en forma gradual, de modo que no resulte traumático para la economía.

En ese sentido, una muestra de sensatez consistiría en que durante el 2008 el gasto público no se expanda más de lo que se incrementarán los precios minoristas (estimativamente 25% al final del año). Incluso, si aumenta menos que la inflación -por ejemplo, 15% o 18%-, su proporción respecto al PBI bajará a 28,6% (lo cual constituiría un primer indicio de que las variables realmente se van ordenando).

Además, es altamente probable que la recaudación impositiva crezca este año cerca de 36% o más aún (a lo cual, paradójicamente, en gran parte habrá contribuido la inflación). Si esto efectivamente sucede, se generará un significativo excedente fiscal, que -sin dudas- debe destinarse a escuelas, hospitales y viviendas.

Es cierto que entre el 2008 y 2011 vencerán cuotas de capital por la deuda pública, las cuales representan -en promedio- 10.140 millones de dólares por año. Pero se puede negociar una refinanciación o, en su defecto, cancelarlas colocando bonos a mayor plazo en el exterior (esto -que hoy parece muy difícil- es factible de lograr a cambio de compromisos de abastecimiento alimentario, cuyo cumplimiento deberemos respetar rigurosamente). Ambos caminos pueden contribuir a que en diciembre del 2008 el superávit pase del actual 4% a 4,80% o 4,85% del PBI; con lo que se habrá logrado un ahorro adicional de 12.510 millones de pesos, que podrían afectarse a la construcción de caminos y puertos, más la generación de energía.

En definitiva, el gobierno tiene la palabra. Si deja que el gasto público se escape a niveles de 32% o 35% del PBI, sin dudas nos veremos en problemas. Si, en cambio, logra mantener el timón en el rumbo opuesto, podremos comenzar a pensar en una genuina democratización de la economía y en repartos más equitativos de la riqueza.

HUGO JOSÉ MONASTERIO Director del Centro de Estudios Regionales de Universidad FASTA