Los presos en Bariloche duermen en el piso por falta de espacio
La cantidad de internos del Penal 3 supera el tope definido en el 2015 por un juez. La peor situación se da en la celda de condenados y detenidos por delitos sexuales.
Sebastián Candia se escapó del Penal 3 de Bariloche en marzo y sigue prófugo. Archivo
El penal de Bariloche está colapsado por la cantidad de internos. Entre condenados y procesados había hasta la semana pasada 123 personas, lo que supera el tope de 94 internos que ordena un fallo que el exjuez de ejecución penal Juan Martín Arroyo dictó a finales de mayo de 2015.
El problema no es fácil de resolver porque con el Código Procesal Penal vigente desde agosto de 2017 la población carcelaria se incrementó en la provincia.
Semanas atrás, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Adriana Zaratiegui, inspeccionó el penal, junto a un equipo de agentes judiciales y funcionarios y se espera el informe.
Hugo Cecchini, director general del Servicio Penitenciario, indicó que se constató el hacinamiento en la celda de condenados o detenidos por delitos contra la integridad sexual, donde algunos duermen en el piso y señaló que por la falta de espacio no pueden colocar más camas.
Acotó que se analizan alternativas para paliar la situación de Bariloche. Pero no es sencillo.
«Hasta principios de 2017, la población en las cárceles de la provincia oscilaba entre 600 y 700 internos”, recordó Cecchini. “Pero desde agosto de 2017 hasta 2019 superamos los 1.000 internos”, manifestó.
Dijo que cuando se hizo cargo en 2014 del Servicio Penitenciario Provincial había hecho un diagnóstico en el que estimó que entraban unos 25 o 27 internos por año. “Calculábamos que para cuando finalizáramos la gestión tendríamos unos 200 internos más en la provincia”, comentó.
Pero cuando elaboró ese informe no sabía que se implementaría el sistema acusatorio en la provincia con un nuevo Código Procesal Penal, que aceleró los procesos judiciales. Eso repercutió en un aumento de la población carcelaria.
“La suba de internos fue impresionante desde 2017 hasta ahora”, afirmó Cecchini. Explicó que ahora hay personas que son condenadas “a penas cortas” que van presos cuando antes eso no ocurría. Además, admitió que estos años hubo un clamor social alentado desde el gobierno nacional que reclamaba más personas presas.
Dijo que en función del diagnóstico que había elaborado hace 5 años hicieron ampliaciones en los penales de Viedma, Cipolletti y Bariloche. En los dos primeros sumaron 100 plazas respectivamente, y en Bariloche otras 50. Pero fueron insuficientes.
Cecchini sostuvo que cuando las autoridades del Poder Judicial de la provincia planificaron la implementación del nuevo Código Procesal Penal “nunca nos pidieron la proyección” de la población carcelaria.
El funcionario provincial dijo que el penal de Cipolletti y el de Bariloche son los más complicados, pero la unidad penitenciaria de esta ciudad está en peor situación porque no se puede ampliar ya que no hay tierra disponible.
El Penal 3 he está a pocas cuadras del centro de la ciudad y limita con viviendas familiares. Y el proyecto de construir una cárcel nueva sigue siendo una ilusión por el momento, porque demanda una inversión millonaria.
Harán un informe tras una recorrida oficial
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, estuvo a finales de noviembre en el penal de Bariloche, junto a un equipo de agentes judiciales y funcionarios provinciales.
Desde el Poder Judicial informaron que el titular de la Secretaría Penal del STJ, Wenceslao Arizcuren, la relatora del organismo, Romina Bruno, la Coordinadora de la Oficina de Género, Beatriz Mosqueira, recorrieron el penal, junto a la secretaria de Seguridad y Justicia, Betiana Minor y al director del Servicio Penitenciario Provincial, Hugo Cecchini. También estuvo presente en la primera parte de la recorrida la jueza de ejecución de Bariloche, Sandra Ragusa.
Adelantaron que los resultados y conclusiones de la supervisión se plasmarán en un informe por parte del Poder Judicial.
La Justicia indicó que el equipo había entrevistado a personas privadas de su libertad, de ambos sexos. También había entrado a los pabellones y en algunas celdas. Había visitado la cocina, los patios, la huerta, la carpintería, las aulas, la sala de enfermería, entre otras dependencias.
Zaratiegui y sus colaboradores pidieron a las responsables del servicio penitenciario información sobre la cantidad de personas albergadas, con prisión domiciliaria, cuántos varones y mujeres se encuentran en el establecimiento, si se alojan personas trans, con alguna discapacidad, entre otras cuestiones. Además, cuántas personas se hallan con sentencia firme y cuantas en prisión preventiva.
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