Malestar de inspectores generales por la intervención
El gremio tranquilizó al personal que se siente perjudicado por las sospechas públicas vertidas sobre el área. El Soyem reconoció la precariedad de la repartición.
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La suspensión preventiva del jefe de Inspección General, Jorge Layana, y el titular del Habilitaciones, sospechados de haber cometido irregularidades en su desempeño, causó malestar entre el personal del área que se siente cuestionado en su labor y pidió el respaldo del gremio ante el desamparo en que desempeñan su labor.
El secretario Adjunto del Soyem, Juan Fuentes, reconoció a “DeBariloche” que “a ese área que es tan importante en la comunidad le faltan muchas cosas” y confió que el gremio se quejó ante el gobierno municipal por las denuncias públicas formuladas contra los dos funcionarios separados de sus funciones antes de realizar la presentación en la Junta de Calificación y Disciplina.
“Hicimos un planteo pero ya se había dado un paso en falso al sacar a la luz las denuncias de irregularidades, no se puede decir el nombre ni acusar a nadie públicamente antes de saber si es culpable porque se ensucia a todo el personal municipal” sostuvo.
Los dos dirigentes del gremio que integran el tribunal de Disciplina (Fuentes y el tesorero Fernando Franzé) todavía no conocen los términos de la denuncia que sustenta la suspensión preventiva de los dos empleados jerárquicos de planta acusados de cometer irregularidades en 29 habilitaciones comerciales sobre un total de cien expedientes auditados.
Fuentes aclaró que la intendenta, María Eugenia Martini, “está en todas sus facultades de intervenir el área y de llamar a concurso para designar al jefe de Inspección General porque el cargo está vacante” pero mantuvo reservas sobre el mecanismo adoptado. “Tenemos dudas de que esta sea la forma más adecuada para resolver las cuestiones de fondo”, dijo.
También recordó que Inspección General ya sufrió cuatro intervenciones y que cuando renunció Gabriela Costa, la última jefa designada por concurso el gobierno ignoró el pedido del gremio de recurrir a ese mecanismo previsto por el Estatuto para designar al reemplazante.
Extraoficialmente trascendió que los expedientes auditados no superan los 60 y que solo diez corresponden a habilitaciones comerciales y que el gobierno desplazó a los jefes del área para enmascarar las deficiencias de fiscalización derivadas de la falta de recursos.
En los últimos días el municipio soportó duras críticas de empresarios y comerciantes por la proliferación de vendedores ambulantes y el funcionamiento sin habilitación de un paseo de compras en Onelli 1040.
Personal del área indicó a este portal que en los últimos cinco años el cuerpo de Inspectores se redujo de 26 a 11 agentes capacitados, que cuenta con una sola computadora obsoleta para cargar todas las actas de infracción y que pasaron de tener tres móviles a un solo vehículo, con un importante grado de deterioro, para todo servicio.
Fuentes admitió que la situación es delicada y que “acá tiene que haber responsabilidad del personal pero también responsabilidad del Ejecutivo”. El interventor designado es el Subsecretario de Hacienda, Hernán Santoli, quien deberá sanear el vínculo con el personal y responder alguno de los reclamos de mejoras mientras se sustancia al investigación sobre los empleados jerarquicos separados por sospechas de irregularidades.
DeBariloche
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