“Manifiestas contradicciones entre el discurso y la práctica”

La falta de coherencia entre el decir y el hacer no significa una preocupación para los actuales gobernantes y se reiteran los episodios de manifiestas contradicciones entre el discurso y la práctica: se toman decisiones que muchas veces refutan el discurso seudoprogresista con el que alardea el gobierno. En este sentido, es paradójica la posición asumida por la presidenta Cristina Fernández en la reciente cuestión del espionaje; mientras por un lado participa junto a los mandatarios latinoamericanos de la legítima protesta contra Estados Unidos por espiar en los países de la región, por otro minimiza la importancia del espionaje realizado en nuestro país por la Gendarmería Nacional mediante el “Proyecto X”, mecanismo con el que esa fuerza de seguridad espiaba –sin autorización judicial alguna– a dirigentes políticos, periodistas, militantes sociales y demás ciudadanos a quienes se considerara sospechosos, ejecutando actividades expresamente prohibidas por las leyes 25520 de Inteligencia Nacional y 23554 de Defensa Nacional. Contradictoriamente, su gobierno dispone un extraordinario incremento de los presupuestos de los organismos estatales que realizan esas actividades, a tal punto que los fondos de este año para la Secretaría de Inteligencia (ex-SIDE) y los cuerpos de inteligencia de las Fuerzas Armadas ascienden a la elevada cantidad de 1.500 millones de pesos, es decir alrededor de 5.000.000 diarios, dinero que se gasta sin control alguno y del que prácticamente no se rinden cuentas, protegidos por el secreto de Estado. Esta situación tiene una fuerte ligazón con la designación como jefe del Estado Mayor del Ejército del general César Santos del Corazón de Jesús Milani, quien asume reteniendo su cargo de la Jefatura de Inteligencia, actividad a la que ha dedicado gran parte de su carrera profesional –es decir, se trata de un experto en espionaje al frente del Ejército–. Tanto el nombramiento del general Milani como el injustificado incremento de fondos con destino a esas tareas abren un interrogante preocupante si tenemos presente que en la actualidad no existen hipótesis de conflictos como las que se manejaban en otros tiempos en relación con nuestros vecinos Chile y Brasil, que podían justificar las tareas de inteligencia. Hoy, que la realidad geopolítica ha alejado esas conjeturas y no surgen muy claras las razones para tanta preponderancia de “la inteligencia”, no resulta arriesgado sostener que el posible ámbito de aplicación de esas actividades sea el territorio argentino y el objetivo a espiar, sus propios habitantes, con la consiguiente afectación de las garantías constitucionales ya puestas en riesgo por la ley antiterrorista, también obra de este gobierno. Además –y esto sí es una contradicción insalvable para quienes se jactan de haber impulsado los juicios a los militares por los crímenes de lesa humanidad–, el general Milani está fuertemente sospechado por su participación en la represión ilegal en la dictadura, fue sancionado por su negligencia a reprimir a los amotinados de Seineldín y está denunciado por enriquecimiento ilícito, elementos que no pudieron ser ignorados al considerarse su designación. Resulta evidente que estas medidas poco tienen que ver y más bien se contradicen con los postulados de un gobierno que se pretende “nacional y popular” y se asume defensor de los derechos humanos. Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti

Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti