Muerte digna, el debate que viene

En las últimas décadas, Argentina ha sido faro del avance de los derechos sobre el propio cuerpo y sobre la diversidad sexual. Desde el matrimonio igualitario en 2010 hasta la interrupción voluntaria del embarazo en 2020, se han sancionado leyes importantes para garantizar la autonomía de la voluntad de cada habitante, todo esto gracias a un inconmensurable esfuerzo y a un debate en el que se entremezclaron cuestiones científicas y basadas en la lógica con creencias religiosas, dogmas y cuestiones personales. Con el diálogo como principal herramienta, Argentina avanzó y sigue avanzando. Y todo indica que está lejos de detenerse.

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Semanas atrás, el bloque de diputados mendocinos de la Unión Cívica Radical presentó el proyecto de “Buena Muerte”, que busca garantizar el acceso y la regulación de la eutanasia para pacientes en situación terminal de salud. Jimena Latorre, una de las diputadas que forman parte de la iniciativa, habló al aire de “En Eso Estamos” por RN RADIO (FM 89.3), y aseguró que hay altas expectativas respecto al tratamiento del proyecto.

“Es el debate que se viene, que se está dando en todo el mundo, y es también una demanda social. Varios países han legalizado y regulado la eutanasia, entre ellos Nueva Zelanda, Canadá, España recientemente, varios estados de Estados Unidos, los Países Bajos… Y en nuestro país hubo un debate que quedó incompleto con la Ley de Muerte Digna, que hoy está vigente pero contempla lo que anteriormente se llamaba eutanasia pasiva”, explicó Latorre. Allí se permitió un espacio para la aclaración: “Digo anteriormente porque ya se superó esa discusión, la eutanasia implica la asistencia para morir. ¿Por qué se le dice pasiva? Porque lo que hoy se permite en el país es que el paciente rechace los tratamientos o la asistencia que lo mantenga con vida en determinados casos, que terminan siendo enfermedades graves incurables o padecimientos irreversibles que causan un gran sufrimiento. Tenemos que aceptar que hay casos en los que la medicina no da soluciones, y seguir contra la voluntad de ese paciente en vez de ayudarlo cuando tiene el derecho de morir, es un ensañamiento”.

En este contexto del avance de los derechos de las personas, el debate se presentó como un eje fundamental para cada conquista. Llevó tiempo, horas, días de discusión. Y así como ocurrió con la ley de IVE, se espera que muchos de los legisladores antepongan sus creencias y sus posturas personales ante un derecho que podría garantizarle a los habitantes del país la posibilidad de transitar sus últimos años en condiciones dignas.

“Creo que se va a repetir un escenario de discusión transversal a los partidos. Y creo que leyes como el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo han dado lugar a que hoy podamos discutir desde otro lugar. En ese sentido hay condiciones que están dadas, como por ejemplo la consagración de la autonomía de la voluntad. Quien no comparta por sus convicciones religiosas o sus dogmas pueden tranquilamente no estar presentes, pero el Estado tiene que legislar. Tiene la obligación de legislar para todos los argentinos, más allá de los credos. Esas discusiones ya deberían haber quedado saldadas, creo que estamos en condiciones de discutir este derecho con el respeto que corresponde”, aseguró la diputada mendocina.

Con el proyecto ya planteado, es menester comprender a qué apunta la ley. Según afirmó Latorre, “lo primero es el reconocimiento del derecho, y por ende también la regulación: fijar cómo van a ser los derechos y obligaciones tanto del padeciente como de los profesionales de la salud. En ese sentido se ve un procedimiento en el cuál se garantizará la información para el padeciente, para que pueda tomar una decisión informada, libre e independiente de cualquier opinión externa, basada en información veraz”.

Pero no solo eso: también trae toda una estructura preparada para el personal de salud: “habrá un médico de cabecera que tratará la enfermedad del paciente, y es quien va a certificar frente a su pedido los requisitos establecidos por la ley; luego una comisión interdisciplinaria en cada una de las 23 jurisdicciones, compuesta por médicos, juristas y psicólogos, que analizará en cada caso si procede y se autoriza la práctica de la eutanasia. Está prevista también en el proyecto la objeción de conciencia para los profesionales que no quieran por convicciones hacer esta práctica, siempre habiéndolo manifestado previa y expresamente, y con la obligación en forma oportuna y de buena fe de derivar al paciente a otro profesional que lleve adelante la práctica”.

Con este apartado de la objeción de conciencia, queda claro que el debate interno entre la comunidad médica ya lleva un tiempo y que seguramente se extenderá en las próximas semanas, de cara al tratamiento del proyecto de ley.

La diputada aseguró, de hecho, que en la propia comunidad médica existen estas divisiones, con profesionales que están a favor y con los que no. “Tenemos que entender que el foco aquí es regular el derecho del paciente, sin perjuicio de lo cuál necesariamente deben intervenir los profesionales médicos. En ese sentido se resguarda el derecho de aquellos médicos que no quieren realizar estas prácticas a través de la figura de la objeción de conciencia. De esta forma estamos garantizando un derecho tan personal como el derecho a la vida, que es el derecho a la muerte digna; y a su vez estamos garantizando el derecho de los profesionales que no compartan esto, pero sin dejar garantizado el derecho del padeciente, que debe tener la posibilidad de ser atendido por un amplio número de profesionales de la salud que están a favor del proyecto y que se han manifestado de esta manera. Es un planteo de los pacientes a diario, y estando sancionada la ley no pueden hacerlo porque sería delito”.

Aún no hay una fecha concreta para el tratamiento del proyecto de ley, que ya ingresó y está esperando en la Comisión de Salud. La presentación coincidió con el recambio de legisladores, por lo que habrá que esperar un tiempo a que todo se reacomode; pero según expresaron los legisladores, no debería retrasarse mucho más.

“Creo que el debate abierto a la sociedad va a ser lo más saludable, escuchando todas las posturas. Esperamos que tanto el oficialismo como los otros partidos que han estado trabajando en esto presenten sus proyectos, para que el debate sea lo más completo posible”, finalizó Latorre.

Así, Argentina se prepara para dar un nuevo debate, con la intención de avanzar un paso más en la conquista de derechos sobre el cuerpo. Habrá discusiones y habrá distintos planteos, pero una cosa es segura: todo terreno ganado es irrenunciable. Y en este caso, cada paso suma para garantizar dignidad para todos.

El caso de Marcelo Diez

Neuquén fue territorio de uno de los casos más significativos de nuestro país. En 2015, y después de más de dos décadas de sufrimiento para la familia, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de “reconocer el derecho a todo paciente a decidir su muerte digna”, basada en el caso del neuquino Marcelo Diez.

El caso de Marcelo se remonta a fines de 1994. Tras un accidente de tránsito, en el que su moto impactó de frente contra un automóvil en la Ruta Nacional 22, Diez sufrió traumatismo de cráneo, fracturas en la cadera, en el brazo izquierdo y en la mano. Fue hospitalizado y, tras dos semanas en coma inducido, despertó y pudo permanecer consciente por algunos días. Incluso, se llegó a considerar la posibilidad de trasladarlo a una habitación común.

La situación dio un giro aquel 8 de diciembre, cuando Marcelo contrajo una infección intrahospitalaria y sufrió un ataque cerebral. Quedó en estado vegetativo, y a partir de allí comenzó el calvario de una familia que fue escuchada recién dos décadas más tarde.

El contexto nunca fue favorable para la familia de Diez. El 9 de mayo de 2012 se aprobó la ley nacional de Derechos del Paciente en Argentina, que entre otras cuestiones “permite a los enfermos terminales, con una patología incurable o irreversible, y a sus familiares rechazar los procedimientos que extiendan el sufrimiento o sean desproporcionados en relación con la perspectiva de mejoría”. Sin embargo, la situación solía quedar supeditada a la legislación de cada lugar en el que se presentaran los casos, y ni siquiera era algo uniforme en otras regiones donde ya se había aprobado.

Hubo intentos de rehabilitación del paciente durante al menos 14 años, pero siempre con respuestas negativas. Y a partir de allí, las hermanas de Marcelo se plantearon la chance de avanzar con la “muerte digna”. Adriana, una de ellas, se presentó en nombre de la familia para solicitar que no se suministraran antibióticos en caso de alguna infección, y que se negaban a la colocación de respirador y a maniobras de resucitación en caso de ingresar en terapia intensiva. Sin embargo, en el Luncec se negaron sistemáticamente a respetar los pedidos.

A esto se sumó la intervención de un sector de la sociedad denominado “a favor de la vida”, que increpó constantemente a las hermanas. Y como suele suceder en estos casos, la Iglesia también hizo su aparición: en aquel momento, el obispo de Neuquén, Virginio Bressanelli, aseguró que Marcelo “no está en una situación terminal, menos aún en una situación agónica. Este año tuvo una salud envidiable, porque no sufrió ni un resfrío y además toda la asistencia que se le da no es desproporcionada”.

Para tratar de cubrir todos los frentes, las hermanas de Diez solicitaron peritajes y los resultados fueron terminantes: el informa del Cuerpo Médico Forense confirmó un daño cerebral irreversible. Sin embargo, los sectores antiderechos continuaron ponderando sus deseos por sobre la necesidad del paciente y su familia. “Deben ser escuchadas las personas que lo atienden, la nueva familia que encontró en el Luncec, no su familia de sangre”, aseguró Bressanelli en 2013.

Hubo que esperar hasta julio de 2015 para que la Corte Suprema de Justicia garantizara “que se respete la voluntad de una persona para que se suspendan las medidas que desde hace más de 20 años prolongan artificialmente su vida”. En el medio, la familia debió atravesar un calvario, justamente lo que este nuevo proyecto de ley intentará evitar.

¿Cómo está la situación en el mundo?

Como repasamos anteriormente, Argentina tiene un primer antecedente, aunque no es un proyecto tan completo como el que se pretende presentar. En 2012 se aprobó la ley 26.742 de Muerte Digna, en la que se permite a pacientes terminales o irreversibles rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida. Sin embargo, hay países donde el tratamiento de esta ley ha sido más avanzado, o al menos está más regulado.

Uno de los casos recientes más resonantes tuvo lugar en Colombia, con Martha Sepúlveda. La paciente, que sufre Esclerosis Lateral Amiotrófica, tuvo su eutanasia programada pero se canceló horas antes y ahora está a la espera de concretar su derecho. En aquel país la eutanasia está despenalizada desde 1997, pero recién se convirtió en ley en 2015. Desde aquel momento, ya se han realizado 157 procesos. A mediados de este año, se amplió el alcance de la ley a quienes “padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico” por una lesión o enfermedad incurable.

España es otro caso ejemplo. En marzo, y después de una votación en el Parlamento (202 votos a favor, 141 en contra, 2 abstenciones), se sancionó la legalidad de la eutanasia. En este caso, también se aprobó para pacientes de enfermedades graves e incurables, o de padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes que generen un “sufrimiento intolerable”.

Sin embargo, la referencia más grande es Países Bajos: fue el primer país en aprobar la eutanasia activa, allá por abril del 2002. Un mes más tarde, se repitió el escenario en Bélgica, donde además se aprobó la eutanasia para menores de 12 años con enfermedades terminales.

Luxemburgo se sumó en 2009, con la condición de que dos médicos y un panel de expertos aprueben la solicitud del paciente (o la familia); y Canadá hizo lo propio en 2016, bajo el rótulo de “asistencia médica para morir”. En este caso, la burocracia del procedimiento está más clarificada que en otros lugares.

Nueva Zelanda fue un caso novedoso, porque sometió la aprobación a referéndum durante las elecciones de finales del 2020. Se aprobó finalmente hace semanas, también con la firma de dos médicos para llevarla a cabo.

A esto hay que sumarle la figura de “suicidio asistido”, donde el personal de salud colabora suministrándole al paciente los medicamentos para que este termine con su vida. Esto es legal en Alemania, Suiza, Victoria (Australia) y en 9 estados norteamericanos.