Bariloche: La concesionaria del transporte pidió un aumento del boleto del 26,5%

El boleto podría subir a 1.612 pesos si el municipio convalida la solicitud de Amancay/Mi Bus, pero la aplicación no sería inmediata.

Luego del freno al último aumento del boleto en el transporte urbano en Bariloche que lograron los usuarios a partir de un recurso de amparo, la empresa Amancay-Mi Bus presentó un nuevo pedido de recomposición tarifaria del 26,5%.

Si resulta aprobado por el municipio, el boleto en Bariloche pasaría a costar 1.612,73 pesos, con un descuento del 25% para los residentes, que deberían pagar 1.290 pesos. La concesionaria tiene apuro por asegurarse la actualización, luego de la frustrada suba que había decidido el intendente Walter Cortés para llevar la tarifa a 1.487 pesos a partir del 1 de septiembre.

Pero por imposición del acuerdo de partes firmado ante la Justicia el 23 de agosto, ese aumento quedó sin efecto por no seguir el procedimiento previsto en el contrato. Ahora el municipio deberá ajustarse al mecanismo ordinario, que establece revisiones de frecuencia semestral, con el correspondiente estudio de costos y el llamado a audiencia pública.

“El circuito administrativo tiene sus tiempos y la aplicación efectiva del incremento que se apruebe va a llevar no menos de un mes”, aseguró hoy el director de Tránsito y Transporte municipal Carlos Catini.

La empresa de transporte habla de un déficit de $269 millones

El abogado de Amancay, Ignacio Gigena, aseguró que la situación de la empresa es apremiante. Refirió que hoy operan con un déficit mensual que cifró en los 269 millones de pesos u Señaló a la virtual desaparición de los subsidios como la principal causa del quebranto.

Según Gigena, hasta el año pasado los aportes sumados del Estado nacional, provincial y municipal representaban el 70% de los ingresos del sistema. El resto lo cubría la recaudación por venta de boletos. Hoy la relación se invirtió y los subsidios no cubran más del 20% de los costos, el resto debe ser trasladado a los pasajeros, con el agravante de que en Bariloche casi la mitad pagan menos o viajan gratis porque son estudiantes, discapacitados, acompañantes o beneficiarios de algún descuento especial.

El intendente Cortés ya había dispuesto en marzo un aumento del 300% en la tarifa en y luego aplicó otras dos subas consecutivas. Sólo la primera estuvo precedida de una audiencia pública.

Un año atrás, en septiembre de 2023, el boleto en Bariloche costaba 158 pesos, de modo que si se aplica el incremento pretendido por Amancay el aumento interanual superará el 1.000%. En el medio hubo un rotundo cambio de escenario, debido a la retirada casi total por parte del Estado.

El tamaño de la crisis del transporte urbano

Gigena recordó que el fondo compensador del transporte público que transfería Nación desapareció hace varios meses, la provincia mantiene congelado desde hace dos años su propio aporte (para Bariloche son 70 millones de pesos mensuales) y el municipio en la nueva gestión se limita a compensar el descuento a los residentes. A lo largo de agosto emitió dos pagos de ese tipo por un total de 30 millones de pesos.

Hasta el año pasado, la gestión del exintendente Gustavo Gennuso sostuvo la economía de Amancay con cuantiosas sumas calculadas en función del costo de combustible, a razón de 226.000 litros mensuales, lo cual hoy representaría unos 313 millones de pesos.

Gigena confirmó que ese aporte ya no existe más. “La empresa necesita una tarifa constantemente actualizada –dijo el letrado- y lo que se viene es el subsidio a la demanda. Pero para eso hay que aclarar unas cuantas cosas que hoy no lo están.

Dijo que “lo que debe definir el municipio es qué sistema de transporte quiere para la ciudad” y apuntó también que la discusión pendiente debe determinar “cuánto está dispuesto a contribuir el Estado” en el sostenimiento del sistema.

Confirmó que el 1 de septiembre se cumplió el plazo semestral y por eso la empresa presentó en la última reunión de la comisión de transporte su nuevo pedido de revisión de tarifa. Determinó allí que el boleto técnico debería costar 1.612 pesos, en función de una fórmula ya prevista en el contrato.

El municipio debe llamar a audiencia pública

Ahora corresponde al municipio “acreditar los parámetros” y emitir dictamen. También debe llamar a la audiencia pública, que es un requisito obligatorio para cualquier modificación tarifaria y requiere un plazo mínimo de 15 días corridos. Hasta hoy no hubo resolución de convocatoria.

El panorama para la empresa es complejo, reconoció Gigena, porque las revisiones semestrales son difíciles de sobrellevar para la firma en el actual contexto inflacionario. Por eso Amancay tendría la expectativa de que el gobierno municipal modifique esa regla mediante un cambio en el contrato, que debe ser aprobado por ordenanza.


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