Concejales de Bariloche denuncian que Mi Bus infló los costos en $100 millones para pedir aumento
Dos ediles señalan que el informe de la empresa que presta el transporte urbano de pasajeros tiene una ecuación errónea. Objetan diferencias en patentes, vida útil de unidades y malos cálculos en neumáticos.
LFoto: Archivo
Los dos concejales opositores de Bariloche que integran la comisión de seguimiento del Transporte Urbano aseguraron que la empresa prestadora Mi Bus incumplió el contrato y la ordenanza regulatoria en la presentación de su informe de costos, con cifras «infladas», y dijeron que el Ejecutivo municipal se apresta a convalidar un fuerte aumento de la tarifa a pesar de esas irregularidades.
Luego de “no ser escuchados” en sus planteos ante la comisión, que encabeza la jefa de Gabinete Marcela González Abdala, los concejales Marcelo Casas (Frente de Todos) y Gerardo del Río (partido PUL) decidieron recurrir al Tribunal de Contralor, para que analice los antecedentes sobre el desglose de los costos de Mi Bus y le dé el trámite “que considere corresponder”.
Casas dijo que el Contralor tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las ordenanzas y debería asegurarse de que el contrato de concesión del transporte se ajuste a lo estrictamente pactado.
Según el concejal, el cálculo de costos que presentó Amancay/Mi Bus para justificar un pedido de aumento que llevaría el boleto a 132 pesos “está inflado en unos 100 millones de pesos”.
Explicó junto a Del Río en una presentación que efectuaron en la comisión el mes pasado, y que este lunes remitieron al Contralor (ante la falta de respuestas), que la firma aplicó una ecuación errónea para estimar la amortización de las unidades, ya que tomó “la vida útil en años” de cada colectivo, cuando según la ordenanza debería ser por los kilómetros recorridos. La diferencia supera los 68 millones de pesos.
Los concejales también identificaron errores y omisiones en el costeo de las cubiertas, el líquido anticongelante y el lubricante para diferenciales (a pesar de que este último rubro no está contemplado). En esos casos indicaron además que la empresa adjuntó facturas de 2022, cuando correspondían de 2021, y observaron que esos comprobantes “no están certificados y autenticados” como lo obliga el contrato.
Del Río y Casas encontraron importantes diferencias adicionales en los costos de patente de los colectivos declarados por Mi Bus, ya que incluyen una suma total de 16,4 millones, lo cual daría un promedio por unidad mucho mayor a los que se desprenden de la página de la Agencia de Recaudaciones provincial para ese tipo de vehículos.
Además señalaron que los comprobantes de seguro que presentaron corresponden a una Fiat Fiorino, un Mercedes Benz Sprinter y un Renault Kangoo y “no se encuentran pólizas de seguros de los vehiculos utilizados en la prestación del servicio”.
El concejal Casas se presentó como un orador más en la audiencia pública realizada el último lunes para evaluar un eventual aumento de tarifa y allí subrayó las anomalías y desfases en el informe de costos presentado por la empresa y atacó la inacción del Ejecutivo municipal frente a ese tema
La inusual decisión de intervenir en la audiencia pública en su condición de concejal, dijo Casas, se debió a que está “cansado de decir las cosas entre cuatro paredes y no ser escuchado”.
En su interpretación, el gobierno del intendente Gennuso “les falta el respeto a los usuarios del transporte y a la sociedad en su conjunto”. Dijo que las versiones que le llegaron dan cuenta de un aumento del boleto que ya estaría convalidado para llevarlo de los 62 pesos actuales a 90 pesos y que se dará a conocer en los próximos días.
“Podemos disentir en muchas cosas pero hay algo concreto: el cálculo que trajeron tiene un montón de errores y no es como dice la empresa. Alcanza con revisarlo en función de la ordenanza 2798”, afirmó Casas.
Dijo que ha intentado que la comisión de seguimiento evalúe el tema con mayor detenimiento el año pasado y también este, sin lograrlo. “Solo queremos que hagan las cosas bien, pero estamos en minoría y no nos tienen en cuenta -se lamentó-. Así no se puede seguir”.
Según el concejal, la evaluación de los costos y la determinación de la tarifa, “es una discusión política más que económica”, como lo reconoció el propio Gennuso. Pero aun así el gobierno no abre un debate “en serio”.
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