Gennuso en la mira del Contralor de Bariloche por complicados expedientes
Se investiga si el intendente violó la ordenanza de Ética Pública al aceptar el costeo de una porción de los gastos de su viaje a Europa por parte de empresas proveedoras del cerro Catedral. También un tema vinculado al transporte.
El intendente Gustavo Gennuso podría llegar a un juicio de responsabilidad si prospera la investigación por su viaje a Europa. Archivo
El Tribunal de Contralor de Bariloche tiene bajo análisis dos expedientes de alto contenido político que involucran al gobierno de Gustavo Gennuso y al menos en uno de ellos ya cuenta con un dictamen jurídico que recomienda iniciar un juicio de responsabilidad.
Se trata de la investigación relacionada con el viaje a Europa que realizaron en noviembre pasado el intendente y el gerente del ente regulador del cerro Catedral, Marcelo Ruival, para visitar las empresas encargadas de proveer el nuevo equipamiento de ese centro de esquí.
El otro asunto que tiene en sus manos el organismo fiscalizador es el permiso otorgado hace cuatro meses a la empresa de transporte Amancay SRL para que reduzca su flota e incorpore unidades de mayor antigüedad, con el fin de aliviar su abultado endeudamiento. Lo que está en discusión es si esa modificación del contrato debe pasar por el Concejo municipal, donde el Ejecutivo no tiene mayoría.
El polémico viaje a Europa y su financiamiento
Respecto del viaje a Europa, el vocal por la oposición Estanislao Cazaux consideró que con los elementos incorporados ya no hay obstáculo para que el tema se trate en la próxima reunión plenaria del cuerpo, programada para este miércoles.
“Mi vocalía va a votar por abrir el juicio de responsabilidad”, sostuvo Cazaux. Prometió enviar a este medio el dictamen de la asesora letrada del Contralor, Elisa Martin, pero adelantó que según ese texto existen suficientes elementos para presumir una violación de la ordenanza de ética pública y poner en marcha el juicio, que podría terminar con sanciones económicas para Gennuso y Ruival.
Cazaux es abogado y dijo que el dictamen técnico de su colega le parece “correcto”. Señaló que el intendente, cuando se presentó ante el Concejo citado por brindar explicaciones sobre el tema, el intendente había señalado que lo “invitaron” las empresas proveedoras a visitar sus plantas en Francia e Italia. Pero a su entender la normativa vigente no lo habilita para aceptar “ese tipo de favores”, cuando hay un interés comercial de por medio.
También recordó que Gennuso aquella vez había asegurado que se pagó de su bolsillo una parte de los gastos, incluido el pasaje, pero nunca aportó la documentación. “Si se abre la investigación, por supuesto que ahí debería presentar la factura, los pasajes y todo lo que sirva en su descargo. Hasta ahora no nos consta”, dijo Cazaux.
El pedido formal ante el Contralor para que abra un sumario fue impulsdo por la concejal Julieta Wallace, quien recordó en su escrito que el artículo 5 inciso f de la ordenanza de ética pública (la 2554/14) señala expresamente como una “incompatibilidad” para cualquier funcionario “recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la administración en cualquiera de sus niveles”.
La actual presidente del Tribunal, Luisa Cid, también mantuvo una breve comunicación con este medio y afirmó que “esta semana” podría haber novedades con la imputación a Gennuso y Ruival.
Cómo fue el acuerdo con el cambio de los colectivos
El requerimiento para que el Tribunal de Contralor intervenga por la autorización a Amancay/Mi Bus para que cambie los colectivos originales por vehículos de mayor antigüedad tuebe otros tiempos y todavía no cuenta con dictamen de asesoría letrada.
Cid explicó que en su momento desde el Tribunal (y también desde el Concejo) avalaron en la Comisión de Transacciones el cambio de las condiciones de prestación “porque si no Bariloche se podía quedar sin transporte en plena temporada”.
Pero tanto en ese cuerpo como entre los concejales, incluso del oficialismo, consideraron que el acuerdo consistió en “un cambio de las condiciones contractuales” que necesitan una ordenanza ratificatoria. Aun sin ese elemento, Mi Bus ya inició el recambio en diciembre pasado.
La concejal Roxana Ferreyra (FdT) dijo que no tienen ninguna novedad sobre las actuaciones del contralor en el caso Mi Bus. “Parece que el Tribunal se toma su tiempo”, comentó. Dijo que “hay un desacuerdo generalizado con que este tema del transporte no pase por el Concejo”.
Según la concejal, el contrato “está flojo de papeles desde el día que lo firmaron” y no solo con la modificación para las nuevas unidades, que el Ejecutivo presentó como una “adenda”.
Cazaux dijo también que el contrato modificado debe ser examinado y aprobado por el Deliberante. Aseguró que en su momento él participó en la comisión de Transacciones como representante del Contralor y recordó que “allí se planteó con claridad que iba a demandar una ordenanza”, en contra de lo que sostenía el Ejecutivo.
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