Nepotismo institucionalizado

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Al caudillo santiagueño Gerardo Zamora le ha resultado agradablemente fácil burlarse de la Corte Suprema de la Nación y del espíritu, si bien no la letra, de la Constitución. Puesto que según los jueces leguleyos de la Corte no le sería dado aspirar a un tercer período consecutivo, solucionó el problema reemplazándose por su esposa, Claudia de Zamora, que, desde luego, triunfó por un margen muy amplio en las elecciones que se celebraron el domingo pasado en la provincia que es una de las más pobres y atrasadas del país. No es que la señora tenga fama de ser una buena administradora, ya que en jurisdicciones como Santiago del Estero tales detalles carecen de importancia. En cambio, ser esposa, hijo o incluso sobrino de un político “carismático” suele ser más que suficiente como para garantizar a un candidato un caudal impresionante de votos. Así, pues, el resultado –Claudia arrasó– no motivó sorpresa alguna. Durante décadas, Santiago del Estero fue feudo del peronista Carlos Juárez, de suerte que sus habitantes están acostumbrados a identificarse emotivamente con el caudillo paternalista de turno sin preocuparse demasiado por las eventuales deficiencias de su gestión. Tampoco ocasionó sorpresa el entusiasmo desbordante que manifestó el gobierno nacional al enterarse de la dimensiones del triunfo de la esposa del radical reciclado en kirchnerista furibundo. Sin perder un minuto, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, que había viajado a la capital provincial para sacar provecho del acontecimiento, exaltó lo que tomó por evidencia de que “el proyecto nacional y popular” sigue anotándose triunfos contundentes. Para devolver el favor, la flamante gobernadora se afirmó una “incondicional” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, manifestando así el desprecio que, lo entienda o no, siente por las normas democráticas que, huelga decirlo, son incompatibles con el servilismo verticalista. Hace apenas dos años los kirchneristas, fortalecidos por la reelección de Cristina, podían esperar que el país en su conjunto no tardaría en asemejarse a provincias como Santiago del Estero en que una mayoría abrumadora de “humildes” apoyaría automáticamente al líder máximo, asegurándole una cantidad sustancial de votos que, suplementados por los procedentes de sectores considerados independientes, le permitirían consolidarse en el poder pero, desgraciadamente para ellos, en los centros urbanos más desarrollados la ciudadanía propende a ser un tanto más exigente, de ahí los reveses dolorosos sufridos por los candidatos oficiales en las elecciones legislativas de octubre. Parecería que el país está despertándose del letargo político prolongado que siguió a la crisis catastrófica de 2001 y 2002. La mayoría está pidiendo algo más a sus dirigentes que subsidios insostenibles combinados con un relato a un tiempo triunfalista y cada vez más fantasioso. Hasta en las provincias de cultura política más arcaica hay señales de que la gente quiere cambios, aunque a juzgar por el resultado de las elecciones del domingo Santiago del Estero sigue aferrándose al conservadurismo caudillista y clientelar, para satisfacción de los kirchneristas que, no obstante su supuesto “progresismo”, difícilmente podrían ser más reaccionarios. De todos modos, las barreras erigidas por constitucionalistas para impedir que políticos como Zamora –y Cristina– se eternicen en el poder se basan en mucho más que los prejuicios de burgueses resueltos a frenar “proyectos” supuestamente populares. Tanto en América Latina como en otras partes del mundo, sobre todo en aquellas de cultura política autoritaria, escasean los gobernantes que no procuren aprovechar el poder para beneficiar a su propio clan familiar, creando “dinastías” por lo común corruptas como las que se han establecido no sólo en tantas provincias. Asimismo, cuando las reelecciones repetidas que se permiten en diversas provincias o, da lo mismo, la variante nepotista que fue elegida por los matrimonios Kirchner y Zamora sirven para hacer creer a los beneficiados que podrían permanecer décadas en el poder, la sensación de impunidad resultante virtualmente garantiza que institucionalicen la corrupción sistemática, con resultados a menudo trágicos para quienes se suponen dependientes de la magnanimidad del caudillo local.