No pasó nada
Luego de un juicio que ha durado 16 años y que, en teoría por lo menos, podría continuar por cierto tiempo más, ya que el fiscal Mariano Borinsky dice que apelará ante la Cámara de Casación, el martes pasado el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 llegó a la conclusión de que el ex presidente Carlos Menem, su infaltable ex cuñado Emir Yoma y el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, además de otros 15 acusados, no cometieron el delito de contrabando calificado en el caso de las armas que terminaron en Ecuador y Croacia y que por lo tanto todos quedarían absueltos. Los más caritativos suponen que, por tratarse de lo que fue, al fin y al cabo, una cuestión política, el fallo se habrá basado en detalles jurídicos legítimos –tendremos que esperar hasta el 7 de noviembre para saber las razones por las que los jueces decidieron que no hubo contrabando–, pero otros lo consideran escandaloso a la luz de la evidencia acumulada que a su juicio es irrefutable. Por cierto, puede entenderse el desconcierto que sienten los familiarizados con el asunto ante la actitud asumida por dos de los tres jueces. Como muchos han subrayado, es innegable que a pesar de figurar la Argentina como garante de paz, armas producidas por Fabricaciones Militares llegaron a Ecuador que a comienzos de los años noventa luchaba contra nuestro aliado tradicional, Perú, y a Croacia, en aquel entonces en guerra contra Serbia, en violación de un embargo armamentista internacional. Aunque podría atribuirse una eventual decisión de apoyar a Ecuador y a la católica Croacia a “razones de Estado”, el gobierno menemista prefirió no intentar defenderse de tal manera; en cambio, afirmó que enviaban las armas a Panamá, que en dicha oportunidad no tenía fuerzas armadas, y a Venezuela, que no las querían y que, a través del presidente Rafael Caldera, protestó contra lo que tomó por un esfuerzo burdo por hacerlo cómplice de una maniobra inaceptable. Asimismo, además del negocio turbio supuesto por la venta clandestina de armas a dos países en guerra y de la sospecha nada arbitraria de que algunos involucrados cobraron sobornos jugosos, los jueces habrán tenido que tomar en cuenta lo que sucedió en Río Tercero en 1995, cuando lo que el gobierno menemista calificó de una explosión accidental destruyó una fábrica militar, matando a siete personas, hiriendo a centenares y eliminando pruebas que le pudieron haber dado otro cariz a la causa. Sin embargo, parecería que no incidieron en el fallo del tribunal las sospechas graves que fueron planteadas por aquel desastre trágico, que según algunos investigadores no fue ningún accidente sino una manifestación de la ausencia de escrúpulos tanto del gobierno como de las autoridades castrenses. Por ser cuestión de un ex presidente y otros integrantes de la clase política nacional, es sin duda natural que muchos hayan dado por descontado que la absolución de todos los involucrados se debió más a las necesidades del gobierno actual, que a los hechos comprobados y que también influyó la solidaridad corporativa. Como es notorio, hace un par de años Menem dejó de ser el enemigo principal de los Kirchner, el gran responsable de todos los males del país, para transformarse de golpe en un aliado valioso en el Senado, donde comenzó a votar a favor de las leyes propuestas por el gobierno o, cuando menos, a asegurarle el quórum. El cambio sorprendente así supuesto ha sido imputado al deseo del riojano de merecer cierto grado de protección oficial para ahorrarse más problemas legales que podrían suponerle más meses de detención domiciliaria. Es ésta la opinión de casi todos los dirigentes opositores. Algunos fueron más lejos: según ellos, el gobierno está pensando no sólo en lo poco conveniente que le sería perder el voto de Menem en el Senado sino también en lo arriesgado que resultaría que el país se acostumbrara a ver castigados a ex mandatarios por presuntos delitos cometidos en el transcurso de su gestión. Aunque todos juran estar en contra de la impunidad, por ser tan frecuentes los casos de corrupción en la Argentina, sería lógico que los políticos quisieran ver reducidos al mínimo los peligros que, una vez devueltos al llano, enfrentarían los que aprovechen ilícitamente las oportunidades para enriquecerse que suele brindar el poder.
