“Nos estamos empezando a acostumbrar”

Ante los recientes anuncios de la Sra. presidenta de la Nación acerca de seis iniciativas legislativas que tendrían como objetivo declarado “democratizar” el Poder Judicial, me siento en la obligación de expresar mi opinión. Bajo tan ampulosa denominación se presentan los proyectos referidos a la regulación restrictiva de las medidas cautelares contra el Estado, a la ampliación del número y a la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura (anteriormente reducido en la década bajo gobierno “K”), la creación de tres nuevas cámaras de casación, la regulación del ingreso del personal al Poder Judicial y el carácter público y libre acceso de las declaraciones juradas de funcionarios. Que la administración de justicia –tanto a nivel del fuero federal como a niveles provinciales– necesita cambios, no caben dudas. Por ejemplo, es saludable que se regule el ingreso al Poder Judicial (y también a los restantes poderes), aunque de más está decir que “por mérito” y no “por sorteo” como lo establece el proyecto respectivo. No obstante, algunas de estas medidas podrían tener que ver con el disgusto de la Dra. Cristina Fernández con lo resuelto en algunas causas judiciales: la de la “ley de Medios”, la que trata la situación del predio de “La Rural” y las de reajustes de las jubilaciones y pensiones por la movilidad que garantiza el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Recordemos que ella junto con “él” fueron convencionales constituyentes en la Reforma de 1994 que creó el órgano que propone y evalúa las acciones de los jueces, y ya en el gobierno nacional nombraron no sólo a la mayoría de los actuales jueces inferiores de la Nación sino también que renovaron y legitimaron al Alto Tribunal Federal y, como se mencionó, modificaron la ley del Consejo de la Magistratura, entre otras cosas. Me preocupan sobremanera dos de los proyectos mencionados: el referido a la regulación de las medidas cautelares contra el Estado y el de la creación de las cámaras de casación. Bajo el argumento de “detener el abuso de las medidas cautelares” y continuando con una lógica de restricciones (cambiarias y publicitarias, por mencionar algunos ejemplos) lo que pretenderían es poner un “cepo a las cautelares” contra el obrar arbitrario del Estado, que vulnera los derechos individuales y colectivos. Así, por ejemplo, el gobierno nacional en las causas previsionales que solicitan la aplicación de la movilidad jubilatoria debería reajustar el haber previsional luego del transcurso de un extenso proceso judicial. Ahora bien “…de nada sirve el ajuste de un haber previsional cuando ya no existe quien habrá de recibirlo”. La creación de nuevas cámaras de casación desembocaría en un proceso más bien de “burocratización”, generando en la práctica una cuarta instancia que prolongará los ya extensos plazos de los procesos. Un viejo adagio dice que la “Justicia que llega tarde no es justicia”. Pensemos que, de convertirse en ley estos proyectos, a esta altura ya estarían limitadas las medidas cautelares para evitar daños irreversibles producto de dicha demora. En conclusión, esto politizaría y burocratizaría el funcionamiento del Poder Judicial y no como su nombre indica, en el sentido de democratizarlo. Para finalizar, advertir que como en el experimento de la ranita en una olla con agua calentándose, nos estamos empezando a acostumbrar a este tipo de restricciones y que un día puede ser demasiado tarde. Luis A. Pusterla, DNI 30.272.926. Neuquén

Luis A. Pusterla, DNI 30.272.926. Neuquén