Juan Reggioni quedó oficialmente inhabilitado para ejercer cargos

El juez impuso además, la pena de un año y medio de prisión en suspenso y pautas de comportamiento. Restan tres causas para el ex mandatario de Fernández Oro.

El juez el juez Álvaro Meynet declaró como autor penalmente responsable al ex intendente de Fernández Oro Juan Reggioni, por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y le impuso la pena de un año y medio de prisión en suspenso, más la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Todo salió a la luz por informe de Río Negro.

Además se impusieron pautas como por ejemplo, fijar su domicilio, no cometer ningún otro delito, comparecer ante la Justicia una vez por mes, entre otras. Es la pena mínima para este delito.

En una audiencia casi desierta, en la que solo se presentaron los cuatro imputados involucrados en la compra irregular de un lote social: el ex mandatario, su pareja, Elba Maldonado, su hijo, Diego Quintero, y Julia Susana Arellano Sánchez, la partícipe necesaria.

El fiscal Guillermo Merlo llegó minutos antes de que finalizara, junto a la adjunta Vanina Bravo. También apareció el abogado de Arellano Sánchez, Pablo Barrionuevo. Esta vez no hubo cámaras ni público, pero el acuerdo que habían alcanzado las partes se cumplió en parte.

En la audiencia previa del martes pasado se vivió mucha tensión. Justamente, el acuerdo implicaba reducir las penas al mínimo, pero las partes renunciaban a las instancias de apelación. Sin embargo, cuando el juez intentó confirmar el arreglo, Maldonado “estalló”, y sostuvo que todo fue “un circo”, y que solo aceptaba para que el proceso concluya. El juez no pudo mirar para otro lado y no se homologó el escrito que el abogado Antonio Barrera Nicholson forjó con el fiscal y el resto de los abogados.

La teoría que sostuvo la fiscalía, y que fue aceptada por el magistrado, demostró que la negociación incompatible se originó el año previo a la firma de un documento que data de octubre de 2010, que otorgaba un poder especial cedido por Miriam Canale, la adjudicataria del lote, a la partícipe necesaria, Arellano Sánchez. La operación lleva la firma de la escribana, María Paula Álvarez Machicote.

Poco tiempo después Arellano Sánchez transfirió ese poder a Diego Quintero, que en 2015 escrituró el terreno en representación de Canale, con su padre al frente del municipio. Luego edificaron una casa en el terreno y se la alquilaron a Carlos Vásquez, cuyo testimonio y las prueba que aportó fueron clave para convencer al juez y llegar a la pena que fue emitida ayer. El arrendamiento fue suscripto por Maldonado, que fue imputada también por estelionato.

Todo salió a la luz tras el informe de Río Negro en el que se evidenció el incendio que sufrió la vivienda, y que generó reclamos por parte del inquilino. Vázquez grabó el material que la fiscalía analizó, y que resultó el eje central para obtener la condena.

Para el ex intendente restan tres causas, probablemente más complejas que la que ayer finalizó: Techo Digno, el caso de las viviendas cooperativas y la obra de captación de agua propia.


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