Okupas: “No se sienten intimidados sino protegidos”

Lamentablemente hay un protocolo incumplible para evitar la toma de tierras y los cortes de ruta. Acciones inmediatas no existen. Cada paso lleva por lo menos dos semanas, tiempo suficiente para que se consolide cualquier delito. Los intendentes optan por distraerse con que es un problema de los okupas con los propietarios. El protocolo dice textualmente que ante la noticia de la comisión de alguno de estos delitos “le requerirá a la prevención policial la inmediata identificación de todos los autores del hecho, partícipes o instigadores, complementando dicha información con los medios técnicos adecuados (filmaciones, placas fotográficas, croquis ilustrativos, etcétera). “Recibida la información precedente solicitará en forma inmediata al juez de Instrucción que corresponda el requerimiento de instrucción que deberá contener, entre otros: ”a) petición de inspección judicial –no se realiza, los fiscales y los jueces no van al lugar pese a que es ley–; ”b) identificación de todos los autores, con la aprehensión policial de los mismos si fuera necesaria a fin de determinar su identidad –no se realiza, los okupas se niegan y al ser muchos es imposible meterlos presos a todos para identificarlos; van los oficiales de Justicia y no requieren del acompañamiento de la Policía–; ”c) con el objeto de hacer cesar los efectos del delito deberá solicitar la intimación a la desocupación de la ruta o camino permitiendo la libre circulación –la intimación no tiene ningún efecto; la realizan los oficiales de Justicia sin ninguna responsabilidad–; ”d) ordenar a la Policía que impida a quienes se encuentren consumando el ilícito la provisión de insumos, víveres y todo elemento que permita la continuidad del delito –la Policía no tiene la fuerza necesaria y muchas veces son familiares de los que deben reprimir y hay casos de policías okupas–; ”e) cumplido el plazo que el juez considere pertinente, se ordenará el decomiso y secuestro de todos los elementos utilizados para el corte y se procederá a la expulsión de los resistentes y al aseguramiento de la circulación, ordenando el uso de la fuerza pública y procediendo a la detención de los desobedientes” –la fuerza pública desobedece constantemente las ordenes de los jueces sin recibir apercibimiento alguno. Alberto Tribug dejó claro en declaraciones a la prensa que, una vez levantado el corte, las acciones legales iniciadas contra quienes participaron serán continuadas por el Ministerio Público Fiscal. El protocolo prevé que ante la negativa de la Policía a realizar un desalojo por “falta de capacidad operativa” (esto es siempre) se solicitará al juez “que disponga el cumplimiento inmediato de las medidas directamente a la Jefatura de Policía (depende del gobierno provincial y a éste le da terror político tener un desalojo violento y por eso la orden nunca llega) para que disponga los medios necesarios a tal fin”. Se advierte que la Policía deberá cumplir la orden “bajo apercibimiento del delito de desobediencia de una orden judicial”. Realmente no los intimida desobedecer una orden judicial porque el gobierno provincial los protege. Carlos Romero, DNI 11.531.658 Neuquén

Carlos Romero, DNI 11.531.658 Neuquén