Agricultura Familiar, deuda del gobierno rionegrino

*Por Silvia Horne

Vivir Bien, como contraparte al infinito “vivir mejor”, aspirando a consumir indefinidamente, insaciablemente lo que el capitalismo desecha y rápidamente descarta. Esta filosofía, este modo de vivir y de ser, es un valor que la acción de proteger a la Agricultura Familiar en pequeña escala, que nos aporta culturalmente como sociedad.

Para quienes desconocen, no esta de mas recordar que es la Agricultura Familiar quien provee el 70% de los alimentos frescos que consume nuestro país, y paradójicamente, estos agricultores, estas familias tradicionalmente agrarias, huyen arrinconadas día a día sobre los cordones urbanos, asediados por una vida citadina que los despoja de su oficio y medio de vida.

Río Negro luchó mucho por esa ley. Es decir, en Río Negro somos muchos los que luchamos para que esta cultura , esta economía se pudiera regular y proteger.

Se construyo participativamente con asambleas, reuniones en parajes y ciudades, que confluyeron en Villa Regina, el 2 de marzo de 2013, en el Cumelén, donde sesionaron 5 comisiones que trataron los ejes del régimen necesario. Muchas de aquellas organizaciones de productores y productoras, aun persisten. Otras fueron destrozadas por la concentración y la falta de acceso a la tierra, al agua, a la carestía de los forrajes, a la falta de crédito, entre otras

La decisión del gobierno nacional de Alberto Fernández, reglamentando, y dotando de fondos la Ley, abrió un camino de certezas, que incluye la creación de un banco de tierras, crédito accesible, registración de actividades, fomento a la comercialización de las producciones existentes, políticas de conservación y producción de semillas, proyectos de acceso a la captación, y/o reservorios de agua, e infinidad de posibilidades, de contar con herramientas y maquinarias que aporten mas rentabilidad y un horizonte mas saludable al laboreo.

Pero fundamentalmente lo que logra esta reglamentación, es volver a reconocer a nuestros chacareros, crianceros, puesteros, pescadores artesanales, apicultores, horticultores, recolectores, viveristas, plantineros, floricultores, avicultores, entre otros en su derecho a producir, a comerciar, y sobre todo a la posibilidad de seguir siendo un productor, y no tener que emigrar nuevamente, a hacinarse en casuchas precarias, a reinventarse, a rebuscarse en una tarea que les provea el alimento diario.

Quienes venimos acompañando hace muchos años, a estos pequeños productores, buscamos impulsar políticas y normas que pongan condiciones de dignidad en la vida rural. La vivienda, los servicios, el acceso a la educación a la salud, la conectividad, el transporte, las ferias, los mecanismos de comercialización, como el piso necesario para fomentar el arraigo y la producción.

Nos preocupa seriamente el proceso de destrucción de las redes de riego de los valles irrigados mediante una sucesión indefinida de excepciones concedidas por algunas municipalidades para la urbanización VIP en las zonas productivas.

Muchos de estos municipios se auto definen “productivos”, pero admiten jugosos negocios con los “desarrolladores” inmobiliarios.

Mientras tanto, el Banco de Tierras que se crea por ley, acude a las ya diezmadas tierras fiscales que atesora la AABE, para intentar ponerlas en producción, sin desafectar siquiera el patrimonio de los estados, pero permitiendo canalizar, con miles de productores la generación de alimentos saludables.

Alimentos indispensables, por otra parte, en una época en la que por factores externos los granos y el forraje se cotizan como oro, y desaparece el pan y la manteca de millones de mesas de las familias argentinas.

Finalmente no es menor la importancia de la financiación de la ley y de la Agricultura Familiar anunciada por el presidente Alberto Fernández, cómo mecanismo para generar un sistema que contrapese con los mono/oligopolios de las empresas de alimentos, y la consecuente escalada de los precios.

* Exdiputada nacional. Autora del proyecto de Ley de la Agricutura Familiar de Río Negro