Costumbres argentinas de repetir errores ¿Volver a las AFJP?

Desde la década del setenta, más de medio siglo atrás, el sistema previsional Argentino exhibe un creciente rango de debilidades debido a la baja tasa de sostenimiento, principalmente causada por el elevado número de personas receptoras de los haberes previsionales en relación al número de aportantes en actividad.  Esta situación se debe a una combinación de envejecimiento poblacional, creciente informalidad laboral, pérdida del poder adquisitivo de los activos por la inflación y la ausencia de inversiones que protejan los fondos de jubilaciones; causas éstas que condujeron a resentir financiera y  socialmente a la previsión argentina.

Durante la presidencia de Menem, tuvo lugar una drástica reforma al sistema previsional, con el agravante de abandonar la “solidaridad” inter-generacional como principio constitutivo del sistema. Mediante la Ley 24.241/94 se instituyó un sistema mixto, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que combinó el sistema de reparto público y la capitalización individual como alternativas de las futuras jubilaciones: el primero, administrado por el Estado, y el otro por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y Compañías de Seguro de Retiro (CSR), ambas del sector privado,  que debían garantizar a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización con idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público. 

La reforma básicamente, mantuvo las erogaciones existentes, (en los pagos de jubilaciones y pensiones), llamadas obligaciones a cargo del Estado pero también, una importante reducción de los ingresos al mismo, por los aportantes migrados a las AFJP.  También se vieron afectados por la reducción de contribuciones patronales y aumento de la informalidad, que lógicamente sumados, repercutieron negativamente en la ya débil Seguridad Social Nacional.   

Para hacer frente al creciente déficit público, el Estado tomó deuda, de la que las acreedoras más importantes eran las propias AFJP, dándose la paradójica situación de que un capital que administraba directamente el Estado con anterioridad, ahora era utilizado por empresas privadas para ganar intereses financiando al mismo Estado.  En el otro lado del mostrador, el trabajador que optara por las AFJP debía aportar un porcentaje de su salario entre el 11 y el 7%, éstas actuaban como administradoras financieras y cada una fijaba las comisiones que se le descontaban al trabajador sobre dicho aporte, (en concepto de costo de seguro de vida y de gastos administrativos).  Las comisiones estimadas del aporte del trabajador llegaron a ser hasta de un 70%.  A manera de referencia en la Caja Previsional para Profesionales de Neuquén, CPPPN, entidad privada con fin público, el porcentaje destinado a gastos está fijado en un 6%.  Resumiendo: el Estado mantuvo sus obligaciones de pago de jubilaciones y pensiones a la vez que cedió parte de sus ingresos a privados que los recibieron -como entidades financieras- y libremente fijaron sus desopilantes comisiones en desmedro de los trabajadores. En este juego llamado SIJP, entre el Estado, las AFJP  y los trabajadores, sólo hubo un grupo ganador: no fuimos los trabajadores, tampoco lo fue el Estado.   Durante la presidencia de Fernández, se derogó el sistema mixto, y se crea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en 2008 vigente hasta ahora. Con este resumidísimo panorama, es entendible que la mayoría de las personas que acceden a su jubilación sin contar con otro ingreso, están habilitadas para integrar el lamentablemente creciente porcentaje de indigentes.  En este grupo cada vez más abarcativo, una enfermedad frecuente como lo es un estado gripal, podría considerarse catastrófica.

Los debates alrededor de posibles reformas previsionales en Argentina han tendido a ser parciales y focalizados en objetivos de corto plazo, situación que se presenta con una fuerte inestabilidad, superposición de normas y una creciente actividad litigante como resultado de su aplicación. Desde la sanción de la Ley 24.241/93 (que aún rige el sistema nacional) se aprobaron cincuenta y dos leyes modificatorias y más de mil ciento cincuenta normas regulatorias.   

Dirán que es imposible pero es imprescindible: los argentinos nos debemos en debate previsional de fondo, para acordar, modelos flexibles y accesibles que reconozcan la amplia variedad de condiciones de salud, empleo, habilidades o situaciones personales  y promover la permanencia en la actividad laboral. Es imperativo ofrecer reglas claras y  transparencia; por supuesto, posterior a un debate en el que se traten temas como la edad jubilatoria, años de aportaciones, prorrateos que involucren la totalidad de los años aportados en lugar de sólo un/os año/s, accesibilidad a las pensiones, (viudez, hijas solteras), equidad y eliminación de la categoría de beneficiarios de primera y segunda, entre tantos otros. 

Estas son materias que   debemos discutir para fortalecer el sistema previsional argentino y así  garantizar a los beneficiarios estabilidad económica al momento de su retiro, debemos innovar en nuestras costumbres argentinas para evitar  continuar repitiendo errores. 

* Expresidente  Caja Previsional de Profesionales de la Provincia del Neuquén (CPPPN)