La guerra y la paz en la cordillera

Martín Belvis

Prosecretario de Redacción. Nació en 1967 en Buenos Aires y comenzó en el periodismo a los 21 años. Durante 10 años cubrió noticias políticas de la provincia de Neuquén y más tarde fue el primer editor del suplemento de Energía del diario Río Negro, de cuya agencia Cipolletti fue jefe entre 2009 y 2013. Vivió una década en Bariloche, donde se desempeñó como jefe de su agencia. En Diario RÍO NEGRO desde 1991.

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Facundo Jones Huala pasó a su estado natural: la clandestinidad. En la ocupación de su prima Romina, en Cuesta del Ternero, se selló la paz y se abre una esperanza.


Dos noticias signaron la agenda del conflicto mapuche en la provincia de Río Negro esta semana: la decisión de Facundo Jones Huala de esquivar su regreso a una cárcel de Chile y el acuerdo que se alcanzó en Cuesta del Ternero entre el privado que explota el predio y la comunidad que reclama para sí parte del lote. Una es inquietante, especialmente por la beligerancia de las declaraciones que el referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) hizo al salir en libertad condicional, pero la otra es esperanzadora porque se arribó a una solución pacífica con la participación de todos los involucrados.

La acción de Jones Huala siempre es clandestina. De modo que su fuga no es una excepción. No le interesa la interpretación de sus actos y de las acciones de su organización que se haga por fuera de las comunidades mapuches. Reivindica los ataques a los bienes de las grandes empresas o el Estado. Ya no se esfuerza por salir en los programas de televisión de Buenos Aires y hasta lo analiza como un error que, se convence, nunca volverá a cometer.

Su prima Romina, que reniega del vínculo, casi echa a perder el jueves el acuerdo con el concesionario forestal de tierras fiscales que tiene adjudicadas las tierras de Cuesta del Ternero donde se fundó una nueva comunidad mapuche llamada Quemquemtreu. Ya estaba por firmarse cuando la emprendió contra Rolando Rocco, el que explota el campo, y la Justicia. De todos modos, el esfuerzo de los fiscales permitió que no se echara todo a perder a último momento.


La condena a Víctor Cufré y otros exjefes policiales por los crímenes de Carrasco y Cárdenas, en 2010, durante una represión en Bariloche, llegó después de 12 años.


Hay experiencia de sobra para no ser tan optimistas, aunque hay un antecedente bastante cercano: en Villa Tacul el mismo funcionario judicial, Martín Lozada, que no era fiscal sino juez, logró en la década pasada que un reconocimiento territorial a una comunidad pusiera fin a un conflicto con una paz duradera.

El convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es de 1989, fue suscripto por nuestro país y por otros de América latina, como Chile, o de Europa, como Alemania. Sostiene: “Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.

Una extrapolación del pacto al que se llegó en Cuesta del Ternero a otros territorios en conflicto no podría ser lineal. El de Villa Mascardi es el caso que lo confirma. Las cosas allí están en un grado tan avanzado de desgaste (jóvenes encapuchados que no tienen ni miedo ni castigo por usar la violencia y propietarios organizados, por ahora en una simple asociación) que parece más una zona de proceso de balcanización que un rincón apacible del parque nacional.

Tarde, muy tarde


Los familiares de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco tuvieron que esperar 12 años para que la condena por sus crímenes, ocurridos en el Alto de Bariloche en 2010, quedara firme. Así el exsecretario de Seguridad y Justicia del gobierno provincial Víctor Cufré, el exjefe de la Policía rionegrina Jorge Villanova y el entonces titular de la Regional Tercera de Bariloche, Argentino Hermosa, deberán ir a prisión para cumplir la pena de cuatro años de cárcel que se les impuso hace cuatro años.

Cárdenas tenía 29 años y Carrasco, sólo 16. Habían salido a la calle durante la protesta por el asesinato de Diego Bonefoi, por cuyo crimen fue condenado el cabo Sergio Colombil, cuando sucumbieron a los balazos que los policías lanzaban indiscriminadamente. Cufré y compañía estaban en Bariloche y, en vez de encabezar el operativo, se fueron a El Bolsón. De milagro no hubo más muertos.

El hijo de Cárdenas termina este año el secundario y la hija tiene 13. Crecieron sin su padre. La sonrisa que Cufré exhibió hace cuatro años en el juicio por el que ahora irá a la cárcel es una mueca de impunidad insoportable.


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