Las tarifas de los servicios públicos provinciales son exorbitantes
Debemos lograr que prevalezca la defensa de los intereses y posibilidades reales de los usuarios, sin eufemismos ni más distracciones.
Precisamente para impedir y/o corregir también toda “exorbitancia tarifaria” en los servicios públicos provinciales (Vg., agua potable, energía eléctrica, transporte público interurbano, peajes, etc.), en el Capítulo 4 de la ley 8835 se institucionalizó la creación del Ente regulador de los servicios públicos, (ERSeP)
Por su parte, en el artículo 4 de la ley 8835/2000 o “Carta del Ciudadano”, se estableció como Derechos de los ciudadanos cordobeses en su relación con el Estado provincial, que TODAS las personas en la provincia tienen derecho a:
a) Obtener prestaciones y servicios públicos de calidad, efectivos para satisfacer sus necesidades y en plazos adecuados.
b) Tales prestaciones y servicios deberán prestarse mediante métodos y tecnologías modernos (?), centrados en la satisfacción del ciudadano y darán ayuda – de manera equitativa- a quienes más lo necesiten, etc.; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto sobre otros derechos de los Usuarios de los servicios públicos cordobeses (art. 15)
La exorbitancia tarifaria inauditamente autorizada (¿sobre tablas?) por el ERSeP en servicios públicos esenciales como luz o agua domiciliarias -más grave aun cuando se trata de prestaciones cooperativas-, se caracteriza, explica y predice, fundamentalmente, por: a) Una evidente desproporción entre las tarifas autorizadas con la imparable pérdida del poder adquisitivo de los salarios ordinarios por una escandalosa inflación interanual del 52,3%, sin clemencia con demasiados empobrecidos, pobreza e indigencia; b) La tremenda asimetría entre las posición dominante del prestador con respecto a la posición del usuario dominado, pobre “¡y cautivo!”; c) No solamente la inaplicabilidad objetiva y concreta del “principio pro-usuario” por parte del Ersep, precisamente para atenuar o atemperar y corregir -humana e inclusivamente- tal asimetría; sino la fría exorbitancia tarifaria muy cerca de rozar la grave figura de la “Lesión subjetiva”, prevista en el nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 332 y concordantes; concretamente cuando se trate de servicios públicos sin calidad ni eficiencia pero con tarifas tan injustas como irrazonables dado el contexto que denunciamos y dejamos puesto de relieve, dado su índole, gravitación y cuando la canasta básica familiar, en los hechos, superó largamente los cien mil pesos mensuales.
No olvidemos que la propia razón de ser, los alcances y el sentido del ERSeP, fueron lograr un ente regulatorio pro-usuario, y a partir de su noble y cabal cometido legalmente establecido, clausurar toda posibilidad de que ningún ciudadano cordobés sea rehén de servicios esenciales caros e irregulares ni víctima paralela de la cooptación política-partidaria e intereses económicos corporativos, aquellos que solapadamente pudieran haberse deslizado y cristalizado en la conformación y el funcionamiento de la agencia reguladora provincial; por cierto aspectos reprochables que nada tienen que ver con las necesidades regulatorias reales para la calidad de vida de cada usuario o pyme cordobesa ni con su derecho al acceso a servicios públicos de calidad, eficientes, con tarifas justas y razonables, acordes a sus legales y legítimos derechos y posibilidades como a la muy crítica coyuntura socioeconómica actual; a la postre y en tal caso, otra repartición presuntamente ineficaz, sin autonomía ni independencia no obstante el principio de aplicación operativa de los derechos del usuario contemplado expresamente en el artículo 14 del Estatuto del Ciudadano cordobés.
Así las cosas, ante un Ente provincial que carecería de libertad e idoneidad funcional, conforme los parámetros de su creación, estaríamos sometidos por una injusta y abusiva tasa de regulación a otro organismo de fría y “generosa” autarquía provincial ´institucionalizado por ley´, el que no reuniría las condiciones necesarias y óptimas para su funcionamiento o fin predeterminados ni contaría con las personas idóneas para ocupar los cargos y asumir las funciones respectivas pertinentes, con solvencia y responsabilidad previo concurso publico de oposición y antecedentes; sin nepotismos.
La exorbitancia tarifaria actual de servicios esenciales como la energía urbana, rural y el agua, o los peajes, nada tiene que ver con una pujante provincia mediterránea, moderna, turística y cosmopolita, la misma que promueve y merece más y mejores inversiones como la nuestra.
Córdoba ya exige entonces un ente regulador, eficientemente descentralizado, que nos garantice sacrificios compartidos en la prestación de servicios públicos esenciales, con calidad, eficiencia y tarifas verdaderamente justas, razonables, solidarias y posibles; tanto para sus trabajadores empobrecidos (formales e informales- con ingresos que no alcanzan a cubrir una indispensable canasta básica familiar que ya orbita los $100.000´, tantas veces maltratados también con cada paro de transporte, etc., etc.), cuanto para sus esforzadas y creativas Pymes de trayectoria y compromiso reconocidos.
Finalmente, debemos lograr definitiva y transparentemente, que prevalezca la defensa de los intereses y posibilidades reales de los usuarios, sin eufemismos ni más distracciones como las írritas audiencias públicas que en nada afianzan la justicia regulatoria ni los principios y garantías constitucionales del artículo 42 de nuestra Carta Magna como la educación ambiental y para consumos responsables, en todo lo concerniente a usuarios y consumidores sobrios de bienes y servicios, ello en función de asegurar el derecho que tienen, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno; ni más pero ni menos.
* Experto en Cooperativismo de la Coneau. Premio Adepa-Faca, 1990
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
Comentarios