Neuquén, tierra de violencia tolerada
El gobierno provincial tiene 12 ministerios, ninguno de Seguridad. La máxima autoridad en el tema es la secretaria Marianina Domínguez.
El gobierno de Omar Gutiérrez tiene 12 ministerios, pero ninguno de Seguridad. El más alto cargo que tiene en la materia es una secretaría a cargo de Marianina Domínguez ¿Será esa la explicación por la que no pudieron saber que la conducción de ATE provincial, que dirige Carlos Quintriqueo, viajó con armas hasta San Martín de los Andes? ¿Será por eso que no pudieron evitar un enfrentamiento sindical en pleno centro de una ciudad turística? ¿Será por eso que la Policía no pudo detener al tirador Pedro Jofré que se escapó a pie, tuvo tiempo para cambiarse el color de pelo y sorteó los operativos cerrojos por más de 400 kilómetros para llegar a la capital neuquina, donde se entregó en horas de la tarde?
La respuesta es obvia: no. Claro que no exime las responsabilidades.
Jofré, delegado por el sector de Auxiliares de Servicios de ATE y, según aseguran varias fuentes, custodio de Quintriqueo, fue imputado ayer por el brutal ataque a los reporteros gráficos Patricio Rodríguez y Federico Soto y a la empleada municipal Elena Cabezas. Sin embargo, los hechos penales no explican toda la gravedad de lo ocurrido el viernes.
El análisis que circulaba en los pasillos de la Casa de Gobierno fue la de una demostración de fuerza que se les fue de las manos a la conducción de ATE contra la lista Verde Anusate, alineada con la conducción nacional del gremio y apoyada por el exsecretario general de ATE Neuquén, Julio Fuentes.
La Verde Anusate, con apoyo de la conducción nacional, consiguió disolver la seccional única del sur y así, en las elecciones de marzo, se quedó con la secretaría de San Martín de los Andes. La lista opositora a Quintriqueo viene ganando terreno en la provincia -en junio venció en Senillosa- y quiere recuperar la conducción provincial.
Neuquén, más que una tierra de oportunidades, viene mutando en una tierra de disputa por sus riquezas y es potestad del gobierno ordenarla y garantizar la seguridad.
El poder que consolidó la Verde y Blanca de Quintriqueo encierra una millonaria caja conformada por el aporte de 25.000 afiliados a los que se le descuenta el 2,2% de sus salarios. El monto anual es difícil de precisar, aunque extraoficialmente se estima en unos 1.200 millones de pesos, porque ATE Neuquén judicializó, por sus diferencias con la conducción nacional, el destino del depósito de los fondos gremiales y consiguió que el gobierno provincial los gire a una cuenta local.
Las diferencias gremiales, que no son nuevas, comienzan a convertir al gremio estatal, creado en oposición a la vieja guardia sindical del país , en una caricatura de lo que fue. Una suerte de organización paraestatal con la venia de los gobiernos que, en el caso neuquino, resulta muy difícil de separar porque fue la actual conducción la que logró sacarlo de varios apuros, por ejemplo lo que fue el duro reclamo de los Elefantes de Salud en 2021.
Hay dos antecedentes cercanos. Ambos tuvieron un liviano paso por la justicia. En abril de este año se acordaron bajas penas en lo que se conoció como la balacera del yacimiento Sierras Blancas (Shell) en 2019 donde se dirimió una interna de la Uocra y dejó cinco heridos. El otro caso fue la manifestación de UPCN en las oficinas del ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente donde un manifestante resultó herido de un disparo por un efectivo policial, quien fue absuelto por actuar en legítima defensa.
El Poder Judicial, como ocurre en el país y también en Neuquén, es un gran lector de la situación política. Si bien en estas tierras son décadas de “estabilidad” partidaria, el final de mandato de Gutiérrez, un período que coincide con la hegemonía del ATE de Quintriqueo, puede agregar cierta incertidumbre respecto de no repetir los fallos anteriores.
Un dato: no cayó bien la movida del gobernador que juntó a todos los actores de la industria petrolera, incluido el Ministerio Público Fiscal, en una gran puesta en escena para presentar el protocolo de consulta previa a las comunidades originarias y que, finalmente se supo, no tendrá aplicación para el gasoducto Vaca Muerta porque es potestad del contratante de la obra: Enarsa, es decir, Nación.
Neuquén más que una tierra de oportunidades viene mutando en una tierra de disputa por sus riquezas y es potestad del gobierno -y sus funcionarios- ordenarla y garantizar la seguridad más allá de las malformaciones gremiales que se parecen cada vez más a su antítesis.
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