Planes de inclusión previsional




María Taboada *


El 83,5% de las mujeres jubiladas en Neuquén por el régimen nacional lo hicieron usando moratorias, mientras que el porcentaje de varones que debieron hacerlo fue del 46,75 %.


Los próximos días nos encontrarán inmersos en debates sobre la seguridad social, específicamente sobre el sistema previsional. Concluye próximamente el plazo de acceso a una de las moratorias previsionales y se encuentran en discusión en el Congreso Nacional proyectos que refieren a la continuidad de dichos programas. Uno de ellos el jueves 30 de junio obtuvo media sanción en el Senado.

Mas allá de lo necesario de este tipo de medidas en nuestro contexto –hoy solo una de cada diez mujeres y tres de cada 10 varones en edad jubilatoria reúnen los requisitos para acceder a la jubilación- irrumpen en agenda, como con cada política pública, los derechos de las mujeres. El derecho de las mujeres de acceder a dicha prestación. Se ponen al descubierto las brechas existentes en el mundo del trabajo. Pero también en el uso del tiempo, en la distribución de las tareas domésticas y de cuidado. En el fondo de la discusión por las moratorias surge preguntarnos ¿Queremos construir una sociedad más equitativa? ¿Queremos continuar recorriendo un camino -si bien con interrupciones- de disminución de desigualdades, un camino de inclusión? Necesitamos entonces políticas sociales en las que prime la dimensión de derechos con el objetivo deseable de alcanzar al mayor número posible de ciudadanos.

La seguridad social, derecho humano reconocido constitucionalmente, tiene como uno de sus capítulos a la previsión social. Es decir, la protección o cobertura de las personas ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Alrededor de ella se estructura el sistema previsional.

El nuestro, uno de los más antiguos de la región, atravesaba hacia el año 2001 una profunda crisis, absolutamente erosionado y con una población adulta mayor cada vez menos protegida – sólo el 55% de las personas en edad de jubilarse podían hacerlo, consecuencia de la informalidad y precariedad laboral, de los altos niveles de desempleo, la disminución de los “costos” laborales con reducción de las contribuciones patronales al sistema y del modelo mixto con protagonismo de las AFJP.

Ante esa realidad, en enero del 2005, luego de medidas de emergencia adoptadas desde el año 2003 para proteger a la población más vulnerable, se implementa el Plan de Inclusión Previsional. Este tuvo como una de sus políticas mas importantes a la moratoria previsional que permitió a quienes alcanzaban la edad jubilatoria acogerse a un plan de facilidades de pago para acceder a su jubilación. Así se logró incluir en el sistema a personas que, por diversos motivos, la mayor parte de las veces independientes de su voluntad, no cumplían con el requisito establecido en la ley 24.241 de 30 años de servicios con aportes. En el año 2014 con el dictado de la ley 26.970 se da continuidad a dicha política trascendental, permitiendo llegar al 96% de cobertura de adultos mayores de 65 años, garantizándoles de esa manera un derecho del que antes carecían.

Para dimensionar lo que dicha política significó, en Neuquén en el año 2003 se pagaban un total de 15.000 prestaciones previsionales nacionales. A mayo de 2022 ese total asciende a más de 68.000, numero al que hay que añadir las 20.000 pensiones no contributivas y pensiones universales para el adulto mayor.

En nuestra provincia Anses paga 31.698 beneficios jubilatorios cuyas titulares son mujeres. De ellas, 26.461 accedieron a la misma a través de alguno de los programas vigentes de inclusión previsional.

Es decir, el 83,5% de las mujeres jubiladas en Neuquén por el régimen nacional lo hicieron usando moratorias –mientras que el porcentaje de varones que debieron hacerlo fue del 46,75 %- (Boletín Estadístico de la Seguridad Social información a marzo 2022).

La desigualdad de género es un problema estructural. Las mujeres tienen una menor participación en el mercado de trabajo, mayores niveles de informalidad y de desocupación y perciben menores ingresos que sus pares varones.

De los 154.500 aportantes al SIPA en Neuquén, 52.064 son mujeres, es decir el 33.70%. El 11% de esas aportantes lo son bajo el régimen de trabajo de casas particulares. La tasa de actividad de las mujeres en la provincia -EPH-INDEC- es de un 39,6 % frente a un 52% en el caso de los varones, la tasa de desocupación es del 7,3% en el caso de mujeres y de un 4,1 % en varones (4° trimestre de 2021).

Esas brechas existentes en la vida activa se trasladarían directamente al ámbito de la seguridad social imposibilitando el acceso al derecho a la jubilación a miles de mujeres si no fuera por la decisión de avanzar en políticas públicas tendientes a revertir los efectos de la desigualdad.

En esa línea se inscribe el decreto 475/21 de Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado que permitió en Neuquén que cerca de 2.700 mujeres iniciaran su trámite jubilatorio. A su vez el 86% de ellas recurrió por algún periodo a la moratoria de la ley 26.970 y un 11% a la de la ley 24.476.

El proyecto “Plan de pago de deuda previsional” en tratamiento permitirá, según sus fundamentos, que 10.700 neuquinos y neuquinas se jubilen. Y que otros tantos que aún están a unos años de cumplir la edad jubilatoria puedan ir cancelando los periodos por los que no registran aportes para completarlos en el tiempo esperado.

Finalmente, cabe preguntarnos ¿a que adultos mayores consideramos deberíamos proteger como sociedad? ¿En base a que criterios regular el derecho de acceso a la seguridad social? ¿Aspiramos mantener en nuestro sistema los valores de la solidaridad, la redistribución e inclusión social? Los planes de inclusión previsional dan una de las posibles respuestas.

* Titular de la UDAI Anses Neuquén.


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