Una delicada vara para la democracia en Neuquén

La suspensión de Gloria Ruiz podría alimentar la sensación de que hubo improvisación en la fórmula elegida para administrar la Provincia.

La suspensión de la vicegobernadora Gloria Ruiz y el inicio de una investigación para evaluar su “inhabilidad moral” abrieron un escenario inédito en Neuquén con derivaciones aún desconocidas. Todavía no se puede prever el impacto que tendrá en la imagen de Rolando Figueroa ni en la de la propia funcionaria, pero sí inauguró una forma de resolver conflictos políticos, por lo menos, problemática.

El frente Neuquinizate aisló rápido a Ruiz esta semana bajo el convencimiento de que esto también pasará y de que no pagará costos por la suspensión de su vicegobernadora, a menos de un año de gestión. Si, por un lado, el electorado podría ver en esta acción una política implacable contra la corrupción, por el otro también podría alimentar la sensación de que hubo improvisación en la fórmula elegida para administrar la Provincia.

Algo que no pasó en 60 años de gobierno del Movimiento Popular Neuquino y que viene a pasar justo ahora, cuando se eligió cambiar para dar lugar a un experimento multipartidario nuevo.

Hubo voceros de Figueroa que esta semana aseguraron que el gobernador nunca llegó a conocer a Ruiz, la calificaron de “impenetrable” y detallaron que fueron pocas las reuniones que tuvieron durante su tiempo político juntos.

También que se la intentó “ayudar” a enderezar su gestión y se le reclamó que designe gente proba en las áreas donde no tenía expertise. Ruiz desoyó advertencias y eligió rodearse de sus familiares.

Si se comprueba que no solo hizo una administración desprolija, sino que se enriqueció malversando fondos públicos, la condena será ejemplificadora. Y si el gobierno quiere hacer creíble su política de “tolerancia cero”, no deberá ser la única.

La vicegobernadora dijo que es un “ataque político” y es posible que encuentre argumentos constitucionales para llevar su suspensión a la justicia y eventual destitución del cargo. Lo que nada parece indicar es que pueda encontrar jueces o juezas dispuestas a atender su reclamo. Es una sensación que marida con que todo se movió mucho, muy rápido.

Si la Legislatura vota la “inhabilidad moral”, le pondrá fin a su mandato (y posiblemente, a su carrera política) mucho antes de saber si el trabajo de la fiscalía derivará en una sentencia. La Constitución de Neuquén previó este mecanismo en 1957 y nunca se revisó: dos tercios, es decir, 24 diputados, alcanzan para expulsar a un gobernador o vicegobernadora, en este caso, elegidos por el pueblo sin las garantías de un juicio político.

El texto constitucional no da pistas sobre qué es la moral ni mucho menos cuándo un funcionario se puede considerar inhábil en esa materia. Hubo legisladores que ensayaron una respuesta: “Un funcionario público tiene la responsabilidad moral de prevenir la corrupción”, afirmó Claudio Domínguez (MPN). ¿Eso involucraría a Omar Gutiérrez por no haber evitado la estafa con planes sociales? Nadie pensaría ir tan lejos.

Una buena medida para demostrar frente a la ciudadanía un compromiso contra la corrupción podría ser modificar la vieja ley 5 que mantiene como secretas las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y que ni siquiera contempla sanciones a quienes no la presenten.

Eso permitiría un control público sobre los bienes de los funcionarios para detectar, como en el caso de Ruiz, si hay alguna incongruencia entre los ingresos declarados y la compra de camionetas costosas o, más aún, de terrenos y viviendas en exclusivos barrios privados de la capital.

Diario RÍO NEGRO buscó plantear ese debate este año y prácticamente nadie tomó la iniciativa, aunque algunos diputados ahora la tomaron como bandera. Pasen que los estábamos esperando.


La suspensión de la vicegobernadora Gloria Ruiz y el inicio de una investigación para evaluar su “inhabilidad moral” abrieron un escenario inédito en Neuquén con derivaciones aún desconocidas. Todavía no se puede prever el impacto que tendrá en la imagen de Rolando Figueroa ni en la de la propia funcionaria, pero sí inauguró una forma de resolver conflictos políticos, por lo menos, problemática.

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