Violencia hacia las mujeres en política

Las amenazas que sufrió la semana pasada la intendenta de Catriel pusieron la atención en prácticas de violencia hacia las mujeres en política, que se manifiestan de distintos modos, algunas casi imperceptibles, y que tuvo en este hecho un extremo grave, con amenaza de muerte a la dirigente peronista Daniela Salzotto por parte del presidente del Concejo Deliberante, Alberto Ariaudo, que ya fue imputado por la justicia, tiene una restricción de acercamiento y renunció al cargo.

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Las expresiones de solidaridad y repudio se extendieron a todo el arco político, pero las acciones concretas todavía no asoman y es una deuda pendiente hacia el interior de los partidos políticos y ámbitos públicos establecer protocolos de actuación y sobre todo prevención y actuación ante la más mínima señal de violencia ejercida.

Las mujeres del Partido Justicialista —que tienen paridad en los cargos partidarios por el cupo impuesto hace unos años, pero no lideran esos puestos— hicieron público un pedido a la conducción de actuar y establecer acciones urgentes para prevenir y dar señales ejemplificadoras de querer erradicar ese tipo prácticas. Ya se pusieron a trabajar en un protocolo con la venia de que en la estructura dejaron un mensaje claro tras el hecho de Catriel: “Los violentos no tienen lugar en la representación política”, titulaba el comunicado oficial del partido que preside Sergio Hernández.

La violencia hacia las mujeres en política fue incorporada como un tipo de violencia en la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a la que Río Negro adhirió en 2011. Con una modificación del 2019 se incluyó entre los tipos de violencia a la “política”, que se entiende como la que “se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”.

En los papeles, también en Río Negro, en 2021, se sancionó la adhesión a la Ley Micaela que establece capacitaciones obligatorias en género a quienes integren los tres poderes del Estado.

Pero como es habitual, de la teoría a la práctica hay un abismo. En Bariloche, por ejemplo, se dieron esas capacitaciones en el ámbito municipal pero el propio intendente Walter Cortés (PUL) fue condenado el año pasado por una Cámara del Trabajo por ejercer violencia de género hacia dirigentes mujeres del gremio Soyem y debe formarse en la temática, algo que todavía no cumple porque apeló la sentencia. Otro caso judicializado en el último tiempo, aunque fue menos visible.

Pero la violencia también se manifiesta en otros hechos, cotidianos, según señalaron dirigentas de distintas fuerzas que hablan de tener que “endurecerse” para no declinar ante el primer avance de este tipo.

Intendentas, concejalas, legisladoras, funcionarias de distintos rangos —que son minoría en la provincia—, a diario soportan hechos de destrato, menosprecio a sus opiniones, falta de consideración en la consulta política o exclusión de reuniones en la toma de decisiones —aún cuando ejercen cargos superiores a varones de sus espacios—, indiferencia, interrupciones en el uso de la palabra, falta de oportunidades, comentarios groseros y masculinos, entre otras cotidianeidades que de algún modo son ejemplos de violencia, con menor o mayor intensidad, en el ámbito político.

Son hechos para prestar atención si de verdad el objetivo es cumplir con los compromisos escritos para erradicar la violencia de género en todos los ámbitos, más aún a los que involucran a quienes deberían dar el ejemplo, a pesar de que existe un retroceso en la materia a nivel nacional.

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