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Pandora Papers: paja sin trigo
Por la revelación de un consorcio de periodistas de investigación, denominada Pandora Papers, el diario RÍO NEGRO reprodujo un artículo del economista y profesor universitario español Juan Ramón Rallo titulado “Separar la paja del trigo” (8/10/21).
En la anterior divulgación de este consorcio (Panamá Pepers) nos expresamos desde estas páginas respecto de la operatoria de las sociedades offshore (De Panamá a Delaware 11/5/16). Como principio, estamos de acuerdo en informar la mecánica mediante la cual políticos, reyes, artistas, empresarios y otros evaden impuestos y ocultan dinero ilícito a través de países que crean sociedades fantasmas con el solo objeto de ocultar sus fortunas y utilizarlas como vehículos para invertir ese dinero en bienes físicos y activos financieros. Pero también es necesario contar que las figuras que habitualmente aparecen en estos informes no son las personas más poderosas del mundo, y muchos menos quienes permiten que este sistema funcione no solo cada vez más aceitadamente, sino cada vez más institucionalmente.
Queremos exponer una visión diametralmente opuesta, tanto económica como moral, a la relatada por el autor antes mencionado.
Contextualizar brevemente la situación no es sencillo.
El Consorcio Internacional de Periodistas de investigación (ICIJ) que integran grandes medios de comunicación corporativos y donde trabajan importantes profesionales, encuentra su mayor aportante económico en la fundación Open Society (sociedad abierta) creación del magnate de las finanzas especulativas George Soros. Soros detenta centenas de sociedades off shore a través de la cuales incluso colapsó la libra británica en 1992 ganando centenas de millones de dólares. Open Society Fundation promueve “sociedades libres” con baja intervención estatal y ha sido prohibida en algunos países por promover la desestabilización interna a través de publicaciones, financiamiento de opositores, etc. Primer contexto: lo paradójico de uno de los financistas de la investigación.
Segundo contexto: El ICIJ opera en conjunto con el “Proyecto de Informe sobre crimen Organizado y Corrupción” (OCCRP) creado por el Departamento de Estado de los EE.UU. en el 2006 (moonofalabama.org), que es financiado por la Agencia Estatal para el Desarrollo Internacional de los EE.UU. (USAID) la cual, es público, opera desde hace décadas como una fachada de las agencias de inteligencia de ese país (existen decenas de denuncias de intervenciones en golpes de estado y desestabilización interna de países de esta organización).
Tercer contexto: No existe en el informe ninguna empresa multinacional o político norteamericano o inglés y, menos aún, referencia a Microsoft, Apple, Amazon u otras multinacionales globales, que prácticamente no pagan impuestos en los EE.UU. y triangulan su tributación fiscal en diversos paraísos impositivos donde no operan, restando miles de millones de dólares al fisco o a los países donde obtienen enormes ganancias a través de filiales. Eso se llama planificación fiscal, es legal en algunos países y esta premiado públicamente, se acepta como un triunfo por quienes lo ven como una ventaja que evita que “los gobiernos extranjeros no pueden meter sus manazas para obtener información en contra del consentimiento del titular de esos bienes o sin pasar por sobre el respectivo procedimiento judicial garantista…. y de las garras arbitrarias del Estado y de las campañas de descredito…” –sic nota del autor-. Se afirma además que el cambio de jurisdicción para trasferir el dinero de una empresa o persona se debe a que tal vez “quieren ocultar su simple privacidad” -sic-. Ocultar la privacidad del patrimonio bien puede conseguirse colocando el dinero en el exterior y formalizando la correspondiente declaración fiscal, soportar las campañas de descrédito de una empresa es habitual en muchos Estados por razones políticas y económicas y se resuelve a través del sistema judicial, la denuncia pública y la lucha política para torcer regímenes autoritarios o mafiosos. Habitualmente vemos cómo los países “de la libertad” en occidente bloquean financiera y comercialmente –o se apoderan de sus reservas- de otros que les molestan porque confrontan con sus intereses y los condenan a los desequilibrios macroeconómicos y al empobrecimiento inducido. No existe territorio offshore cuyo objetivo no sea disminuir el impacto fiscal en el país de generación de la renta u ocultar dinero ilícito producto de alguna actividad económica. En realidad, muchos de estos países, al igual que las sociedades creadas en los mismos, son vehículos para canalizar esos recursos a los países desarrollados (principalmente EE.UU. e Inglaterra) “blanqueando” ese dinero en distintas actividades y por más que se quiera justificar la existencia de offshore (sociedades que no tienen actividad alguna y que solo son vehículos jurídicos para lograr los objetivos indicados), se trata de herramientas de “la desigualdad”, la verdadera pandemia que azota al mundo actual y que lo lleva inexorablemente a extremos invivibles.
Último contexto: Conozco profesionalmente cómo fue la operatoria off shore en Uruguay y también la de Panamá luego de los famosos “papers” y lo relatado en aquella nota referida (“De Panamá a Delaware” 11/5/16) no ha cesado de producirse en intensidad: EE.UU. no deja de crear Estados off shore (ya son 6) en su territorio, absorbe de otros países todo el dinero posible como una aspiradora. Dakota de Sur ha permitido que estos vehículos financieros (trust) operen a perpetuidad, sin límite de tiempo, lo cual asegura –creen algunos– el secretismo y la seguridad a perpetuidad.
* Abogado. Docente de la Facultad de Economía de la UNCo
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