Pedir lo imposible
De tomarse en serio las palabras de políticos opositores de todos los pelajes ideológicos, los fallos de muchos magistrados sensibles y las opiniones de los voceros de una variedad de organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender los intereses del consumidor, en nuestro país las tarifas de electricidad y gas deberían ser una mera fracción de las que abonan los consumidores en Brasil, Uruguay y Chile. Parecería que a su juicio se trata de un derecho adquirido inviolable, de ahí la ofensiva que han emprendido legisladores y jueces contra el tarifazo que, luego de ser suspendido durante el invierno, acaba de entrar nuevamente en vigencia. Si bien puede entenderse la angustia que sienten tantos usuarios al recibir boletas con aumentos de hasta el 300%, es inútil insistir en que el tarifazo sea derogado inmediata y definitivamente. Si el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner optara por prestar atención a los reclamos de la oposición y sus aliados coyunturales, sólo lograría agravar todavía más una situación que hace tiempo dejó de ser sostenible. Por desagradable que nos sea, tarde o temprano muchos tendrán que acostumbrarse a pagar más, mucho más, por la energía que consuman o resignarse a prescindir de ella, lo que, huelga decirlo, no constituye una alternativa concebible.
La situación en que nos encontramos es la consecuencia previsible de la política energética insensata del ex presidente Néstor Kirchner. Por motivos políticos, el marido de la presidenta actual decidió congelar las tarifas so pretexto de que, por haber prosperado en los terribles años noventa del siglo pasado, las empresas del sector deberían continuar subsidiando hasta nuevo aviso a los consumidores urbanos, en especial los de distritos electoralmente importantes como la capital federal y el Gran Buenos Aires. Por su parte, los consumidores así beneficiados invirtieron mucho dinero en comprar acondicionadores de aire y otros aparatos por suponer que en adelante no se modificaría mucho el costo de mantenerlos funcionando. Se equivocaron, desde luego. Como no pudo ser de otra manera, las empresas energéticas reaccionaron reduciendo al mínimo sus inversiones, con el resultado de que andando el tiempo se achicaron las reservas de gas y petróleo aprovechables y se deterioraron las plantas generadoras de electricidad y las instalaciones que servían para distribuirla, hasta llegar el momento en que incluso los Kirchner se dieron cuenta de que no les había sido dado reinventar las leyes económicas más básicas. Fue entonces que se les ocurrió regresar de golpe a la realidad. Tuvieron que hacerlo, ya que de lo contrario el país pronto se hundiría en una crisis energética fenomenal. Felizmente para ellos, merced a la recesión el consumo ha dejado de aumentar con la rapidez de antes, pero de recuperarse la economía los problemas energéticos frenarían el crecimiento futuro.
Aunque el choque provocado por el tarifazo ha brindado a la oposición una buena oportunidad para hostigar al gobierno, a los dirigentes de PRO, la Coalición Cívica-ARI y los socialistas no les convendría comprometerse con una política de luz y gas casi gratuitos. En cuanto les corresponda formar parte de un gobierno nacional, tendrán que enfrentar los mismos problemas que han puesto en apuros a los Kirchner que, de estar en el llano, estarían protestando con furia contra el tarifazo. De todos modos, por voluntaristas que sean los líderes de la oposición, no pueden sino comprender que sería una pérdida de tiempo intentar forzar a las empresas privadas a subsidiar por mucho tiempo más el consumo de los residentes de la capital y alrededores, mientras que nacionalizar el sector, como algunos quisieran, no serviría para transformarlo en un prodigio de eficiencia capaz de producir energía milagrosamente barata. Asimismo, sería absurdo suponer que países «hermanos» como Bolivia, Brasil y Venezuela se sintieran conmovidos por la tesis opositora y judicial de que los porteños, bonaerenses y algunos otros poseen el derecho inalienable a pagar mucho menos por la electricidad y el gas que consumen que los habitantes de ciudades como São Paulo y Santiago de Chile, además, claro está, de los muchos argentinos pobres que por depender de gas en garrafas tienen que abonar los precios fijados por el mercado.
