Pidieron 12 años y 6 meses para imputado de intento de femicidio en Bariloche

Fue la pena que el fiscal pidió que se le imponga al acusado, que a principios de octubre pasado había sido declarado culpable. El defensor alegó que el juicio será nulo cuando lo revisen otro tribunal.

La audiencia para definir la pena a imponer a Carlos San Martín, que fue declarado culpable del delito de intento de femicidio, comenzó picante.

El defensor particular Rodolfo Rodrigo disparó varias declaraciones filosas que tuvieron como destinatarios a los jueces. Se quejó de que en la sala estuvieran solo la jueza Romina Martini y el juez Sergio Pichetto, porque el presidente del tribunal, Marcelo Chironi, estaba ne Viedma y seguía las alternativas de la audiencia por videoconferencia.

La jueza Romina Martini y el juez Sergio Pichetto estuvieron en la sala y el presidente del tribunal Marcelo Chironi lo hizo desde Viedma por videoconferencia. (Foto: Alfredo Leiva)

“Sé que con este tribunal no tengo destino”, expresó Rodrigo, que defiende a San Martín, que había sido declarado culpable a principios de octubre pasado por los delitos de intento de femicidio de su expareja, daños, amenazas y portación de arma de guerra, sin autorización legal.

La audiencia para definir la condena a San Martín se desarrolló este miércoles al mediodía en Tribunales de la calle John O´Connor al 20 de Bariloche.

Antes de los alegatos, declararon cuatro testigos amigos del acusado. Los hombres destacaron la responsabilidad de San Martín en su trabajo, el sostenimiento de su familia y negaron que sea un hombre violento y que nunca había tenido problemas con la Policía o la justicia.

El fiscal Tomás Soto no presentó testigos, porque explicó que se remitiría a los fundamentos del juicio de responsabilidad, que se había hecho a principios de octubre. Pero objetó la técnica de las preguntas de Rodrigo hacia los testigos porque eran inducidas. El tribunal admitió el reclamo del fiscal y pidió al defensor que formule sus consultas de una forma más abierta.

El fiscal del caso Tomás Soto pidió al tribunal imponer la pena al acusado, que había sido declarado culpable en octubre pasado. (Foto: Alfredo Leiva)

Rodrigo se molestó y cuestionó que no lo dejaban preguntar. En la pantalla del televisor se observaba a Chironi desconcertado con los planteos del defensor. “Lean un poco de doctrina”, les recomendaba Rodrigo al fiscal y los jueces.

El tribunal permitió -con el aval del fiscal- a Rodrigo que presentara un audio con la declaración de un testigo, que no pudo comparecer a la audiencia porque se encontraba trabajando.

Tras los cruces, llegó el turno de los alegatos. Soto recordó que a San Martín se le atribuyeron los delitos de amenazas, daños, intento de femicidio y portación de arma de guerra sin autorización legal.

Sin embargo, pidió al tribunal valorar todo en un único contexto de violencia de género. “El peligro al que estuvo expuesta la víctima es lo que tenemos que valorar”, advirtió Soto y solicitó al tribunal que le impongan 12 años y 6 meses de prisión a San Martín. También pidió que se prorrogue la prisión preventiva contra el imputado, porque el plazo vencía ayer, hasta que la sentencia quede firme.

El fiscal alegó que si el acusado quedaba en libertad, existía el riesgo de que volviera a atacar a su expareja, Magdalena Maragaño. “No tenemos ninguna duda de que en libertad, San Martín va a cumplir con lo que se había propuesto”, sostuvo el fiscal.

Recordó que la relación de la víctima con San Martín “estuvo marcada por la violencia”. Y enfatizó que esa escalada de violencia llegó hasta “el punto culmine del intento de femicidio”.

Valoró a favor del imputado que no tiene antecedentes penales, que nunca estuvo preso, que cumplía con sus obligaciones para sustentar a sus hijos, pero enfatizó que en el juicio “no ha mostrado arrepentimiento”.

El acusado Carlos San Martín (a la izquierda) escuchó en silencio a los testigos que declararon a su favor. (Foto: Alfredo Leiva)

Afirmó que el imputado “trató de dar muerte” a la víctima en los primeros minutos de la madrugada del 15 de abril pasado, cuando San Martín se presentó frente al domicilio de Maragaño y desde la vereda efectuó un disparo con una escopeta calibre 22. La mujer estaba en el interior de su casa y colgaba ropa cerca de la ventana.

El proyectil atravesó el postigo, rompió el vidrio e impactó contra la pared, a muy corta distancia de la cabeza de la mujer. Entre la pared y la vereda hay menos de 3 metros de distancia. Maragaño estaba con dos hijos pequeños en la vivienda. “El resultado hubiese sido distinto si la víctima se movía”, afirmó.

En el juicio se demostró que San Martín la había llamado para amenazarla y que en enero pasado había protagonizado un ataque contra la vivienda de la víctima.

Rodrigo criticó a los jueces y al Ministerio Público Fiscal de Bariloche. Planteó que existe “un divorcio de la fiscalía con la sociedad”. Sostuvo que la fiscalía “mete presa a la gente pobre”, pero es indulgente “con gente como uno”.

Calificó como “irracional” el pedido de pena del fiscal. Criticó a los jueces que habían declarado culpable a principios de octubre a San Martín, pero todavía no tienen la sentencia. “Están por condenar a San Martín y no tenemos la sentencia”, cuestionó.

Y denunció que el tribunal incumplió los plazos previstos en el Código Procesal Penal. “Este juicio va a ser nulo”, pronosticó porque afirmó que se vulneraron derechos y garantías constitucionales de su asistido, cuando el fallo “sea revisado por un tribunal imparcial y justo”.

Alegó que no pueden atribuirle a su asistido el delito de intento de femicidio cuando efectuó un tiro y tenía 6 balas en el arma y escapa. Por eso, insistió con su teoría de que se trató de un abuso de armas.

Rodrigo dijo que a lo sumo le corresponde una pena de 6 meses y 15 días por los delitos de daños y amenazas desde un celular “que no existe”.

El tribunal resolvió extender la prisión preventiva. Por eso, San Martín continuará detenido en el penal 3 de Bariloche, donde está preso desde mediados de abril pasado. Los jueces dictarán la sentencia en los plazos legales previstos.


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