Polémica elección de un juez en Roca: “No se entiende la premura”
El Observatorio de Derechos Humanos se sumó a las críticas al Consejo de la Magistratura, que no dejó participar a una concursante aislada para no contagiar covid-19.
El Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción, en una de las reuniones del 2020.
El proceso de selección del nuevo juez de Ejecución Penal de Roca sumó rechazos durante las últimas horas.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro expresaron su “profunda preocupación” por lo ocurrido en la última sesión del Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción, considerando que “marca un precedente de gravedad institucional”.
“La función del Juzgado de Ejecución Penal es garantizar el cumplimiento de normas constitucionales, los pactos internacionales de derechos humanos, la Ley Nacional N° 24660, las condiciones dignas para las personas privadas de libertad y asegurar la efectivización de sus derechos fundamentales, conceder las salidas transitorias, semi libertad, libertades condicional y asistida como también medidas de seguridad. Es una actividad muy compleja que amerita que al momento de su elección no se actúe con ligereza y simplismo”, aseguraron Ana Calafat y María Inés Hernández, referentes del grupo.
En la reunión de la semana pasada, el Consejo designó a Fernando Romera como nuevo titular del Juzgado 10, cerrando el proceso sin darle posibilidad de acceder a la entrevista personal a una de las postulantes. Esa concursante es la jueza penal de Cipolletti, Laura González Vitale, quien pidió responder las preguntas de los consejeros por Zoom, ya que se encontraba aislada por ser contacto estrecho de un caso positivo de covid-19.
A propuesta de los tres representantes del Colegio de Abogados General Roca -Santiago Hernández, Susana Uriz y Daiana Reynoso- y con la adhesión de los legisladores de Juntos, Facundo López y Lucas Pica, esa solicitud fue rechazada y González Vitale quedó descalificada.
“No se entiende la premura en la designación del abogado Fernando Romera, sobre cuyas condiciones profesionales no emitiremos opinión, apenas lo conocemos como exasesor legal del servicio penitenciario provincial, antecedente que esperamos no empañen sus decisiones”, plantearon desde el Observatorio.
En ese sentido, remarcaron que “el cuestionamiento es sobre las circunstancias que rodearon su elección”, entendiendo que “no se respetaron los resultados del concurso de oposición y antecedentes”.
También objetaron que se conceda mayor puntaje a la instancia más subjetiva, como es la entrevista, que al resultado de los exámenes. “Entendemos que debería ser proporcional, teniendo en cuenta la formación expuesta en los escritos”, indicaron.
Además de González Vitale, en el concurso quedó relegada al tercer lugar en el orden de mérito la abogada Verónica Cardozo, actual defensora de Ejecución Penal, quien había logrado el mayor puntaje en el examen.
Las referentes del Observatorio adhirieron a las declaraciones del expresidente del Colegio de Abogados de General Roca, Carlos Gadano, quien calificó la situación como un «bochorno institucional».
El bochorno institucional
Consideraron que esa opinión que “no debería ser desoída, teniendo en cuenta que el Poder Judicial está deslegitimado socialmente, tal como lo reflejan las encuestas de opinión de los últimos años”.
“Hechos rodeados de polémicas y cuestionamientos no colaboran para mejorar la imagen de la Justicia. Lo más grave, además, es que se transforma en un antecedente que puede utilizarse en otras circunstancias, con intencionalidades espurias, que finalmente será negativa para el conjunto”, puntualizaron Calafat y Hernández.
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