Polémica por la demora en tratar el proyecto del Banco de Tierras

La demora en el tratamiento del proyecto de Banco de Tierras vuelve a revelar las dificultades que hay entre el Poder Ejecutivo y el Legistivo cipoleño.

La ordenanza, que prevé una herramienta de trabajo para el área de Catastro a fin de regularizar los asentamientos, lleva más de siete meses en el órgano legislativo y aún se encuentra en la comisión de Obras y Servicios Públicos que preside la oficialista Marcela Linhardo.

Estaba previsto que los integrantes de la comisión se reúnan hoy para avanzar en el despacho, pero finalmente se trasladó para el martes próximo.

“Nosotros necesitaremos esa ordenanza porque es una herramienta de trabajo y el poder legislativo es el que puede definir como vendes el patrimonio púbico o privado del municipio”, explicó Roberto Bianchi, director de Desarrollo Urbano y Catastro. El funcionario explicó que por ejemplo para regularizar Las Perlas, y todas los asentamientos que estén en terreno fiscal, como El Espejo o los barrios recientemente expropiados – Obrero a y B, 2 y 10 de Febrero y Nueva Esperanza, necesitan que se promulgue esta ordenanza.

Hace algunas días le elevaron varias observaciones con pedidos de informes para el Ejecutivo que le respondió al día siguiente.

Una fuente del legislativo advirtió que “se generaron falsas expectativas”. Muchos ciudadanos creyeron que el Banco de Tierras preveía terrenos para vender y lo que fija la ordenanza es la regularización de las ventas de terrenos privados y públicos del municipio.

Según el artículo dos del proyecto pueden acceder grupos familiares “estable” que tengan lazos de parentescos. Todos deberán estar registrados en un relevamiento territorial. Quienes quieran acceder a un terreno no pueden tener ningún inmueble.

El grupo familiar deber tener DNI argentino con un mínimo de tres años de residencia inmediata en la ciudad. Ademas las personas interesadas que no constituyan un grupo familia deben ser mayores de 30 años.

Otro de los requisitos es que los ingresos mensuales deben ser inferior a la suma de cuatro salarios mínimos vitales y móviles.

La condición más polémica del proyecto es el inciso “k” del artículo 2 que establece que es necesario “no haber sido ocupante ilegal de inmuebles de propiedad y/ o del domino eminente de la Municipalidad.